Historia sugiere gobierno de concentración...

¿Debería Delcy Rodríguez convocar a opositores a formar parte del gobierno? ¿La oposición aceptaría una transición con justicia a medias?... ¿Cómo lograron la democracia en Chile, España, Sudáfrica, Colombia, Polonia y en la propia Venezuela en 1958-59 con el Pacto de Punto Fijo?...

La caída de una autocracia no produce automáticamente una democracia. Apenas abre una puerta. Al otro lado pueden encontrarse la libertad y la reconstrucción, pero también la venganza, el caos, una nueva dictadura, o la restauración del antiguo régimen con otros nombres. Por eso, la pregunta decisiva para Venezuela ya no consiste únicamente en saber cómo terminó el gobierno de Nicolás Maduro. Más bien en decidir qué harán los venezolanos con la oportunidad histórica que apareció después. ¿Debe Delcy Rodríguez convocar un gobierno de entendimiento nacional? Mi respuesta es sí. ¿Debe la oposición aceptar una transición progresiva, negociar con personas que formaron parte del poder anterior y admitir que no toda la justicia deseable podrá administrarse inmediatamente? También respondo que sí. Pero ninguna de estas respuestas significa entregar un cheque en blanco, posponer indefinidamente las elecciones, o convertir la reconciliación en impunidad. La historia demuestra que las transiciones pacíficas casi nunca son moralmente perfectas. Se construyen con concesiones, temores, contradicciones y acuerdos entre personas que hasta poco antes se consideraban enemigas. Sin embargo, también enseña que existe una diferencia fundamental entre pactar la convivencia… y decretar el olvido. Veamos lo que nos enseña la historia…

España: desmontar el franquismo desde sí mismo

Francisco Franco había designado a Juan Carlos de Borbón como su sucesor. Cuando el dictador murió en noviembre de 1975, muchos opositores temieron que España estuviera presenciando un franquismo sin Franco. El rey mantuvo inicialmente a Carlos Arias Navarro, pero en julio de 1976 nombró presidente del Gobierno a Adolfo Suárez, un hombre procedente de las propias estructuras del régimen franquista. Aquello parecía una continuidad. Terminó convirtiéndose en una transición. Suárez comprendió que no podía construir la democracia exclusivamente con los vencedores ni conservar la paz únicamente con los herederos de la dictadura. Promovió la Ley para la Reforma Política, legalizó fuerzas perseguidas —incluido el Partido Comunista— y convocó las elecciones de junio de 1977. Así participó en la construcción del consenso que condujo a los Pactos de la Moncloa y a la Constitución de 1978. La cronología del propio Congreso de los Diputados resume ese itinerario: reforma política, elecciones libres y nueva Constitución… Por su parte, la oposición española tuvo que aceptar que para cambiar el sistema debía negociar con quienes todavía controlaban buena parte del Estado, de las Fuerzas Armadas y de la economía. No obtuvo de inmediato todo lo que reclamaba. La Ley de Amnistía de 1977 liberó y rehabilitó a perseguidos políticos, pero también terminó funcionando como una barrera frente al enjuiciamiento de abusos cometidos durante la dictadura. Décadas después, España continúa discutiendo el precio moral de aquel silencio. La transición tampoco quedó asegurada de una vez y para siempre. El 23 de febrero de 1981, el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero irrumpió armado en el Congreso durante la votación de investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo. El intento de golpe demostró que los sectores autoritarios todavía podían intentar destruir lo alcanzado. Pero también reveló que la nueva legitimidad democrática ya era suficientemente fuerte para resistir. La enseñanza española no consiste en sostener que todo se hizo bien. Se trata de reconocer que personas procedentes del régimen anterior pudieron abrir el camino, y que una oposición perseguida fue capaz de negociar sin renunciar a su propósito. España no esperó a que todos confiaran en todos. Creó instituciones para que la democracia pudiera funcionar incluso entre quienes desconfiaban profundamente unos de otros…

Chile: aceptar una transición incompleta sin renunciar a la verdad

En Chile, Augusto Pinochet perdió el plebiscito del 5 de octubre de 1988. La oposición agrupada alrededor de la Concertación aceptó recorrer el camino establecido por una Constitución creada durante la dictadura, participó en las elecciones de 1989 y condujo a Patricio Aylwin a la Presidencia en marzo de 1990. La transición comenzó bajo limitaciones evidentes. Pinochet continuó como comandante en jefe del Ejército hasta 1998, y después ocupó un escaño como senador vitalicio. Existían senadores designados, enclaves autoritarios y una institucionalidad construida para restringir a la mayoría democrática. A pesar de ello, la oposición comprendió que avanzar mediante una transición inicialmente limitada podía resultar más eficaz que exigir una ruptura total por las condiciones políticas y militares del momento. Conviene precisar un aspecto esencial, como es que la amnistía chilena no fue una concesión otorgada por la oposición a Pinochet. El Decreto Ley 2.191 había sido dictado por la propia Junta Militar en 1978, y amnistiaba hechos cometidos entre septiembre de 1973 y marzo de 1978. El gobierno democrático no comenzó encarcelando a todos los responsables, pero tampoco declaró que nada había ocurrido. Aylwin creó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, conocida como Comisión Rettig, y el país desarrolló después otros mecanismos de verdad, reparación y justicia. Con el tiempo, los tribunales limitaron los efectos de la amnistía, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó en el caso Almonacid Arellano que aquel decreto era incompatible con la Convención Americana. Chile nos enseña que una transición puede comenzar con una justicia limitada sin quedar condenada para siempre a una justicia inexistente. Aceptar la correlación de fuerzas de un momento no obliga a convertirla en el orden definitivo de la nación.

Venezuela ya transitó este camino

Los venezolanos no necesitamos mirar únicamente hacia el extranjero. Después de la huida de Marcos Pérez Jiménez, el 23 de enero de 1958, se constituyó una Junta de Gobierno presidida por Wolfgang Larrazábal, entonces comandante en jefe de la Marina y contralmirante —más tarde vicealmirante— y era una figura prominente de la estructura militar perejimenista y constituida además por el comandante de las Fuerzas Armadas de Cooperación, coronel Carlos Luis Araque, por el director de la Escuela Superior de Guerra, coronel Pedro José Quevedo, y tres civiles: Blas Lamberti, Eugenio Mendoza, y Edgar Sanabria, quien es nombrado secretario de la Junta. La composición y evolución de ese gobierno provisional están documentadas por el Diccionario de Historia de Venezuela de la Fundación Empresas Polar. Larrazábal legalizó a los partidos, permitió el regreso de los exiliados, liberó presos políticos y anunció elecciones. En noviembre, dejó la presidencia provisional en manos del civil Edgar Sanabria para convertirse en candidato de URD, con el apoyo también del Partido Comunista. En las elecciones del 7 de diciembre, Rómulo Betancourt obtuvo el 49,18 por ciento de los votos, Larrazábal, el 34,61 por ciento, y Rafael Caldera, el 16,21 por ciento, según los datos históricos del Consejo Supremo Electoral. Antes de las elecciones, AD, COPEI y URD habían firmado el Pacto de Punto Fijo. Se comprometieron a respetar el resultado electoral, defender la constitucionalidad, aplicar un programa mínimo común, y formar un gobierno de unidad nacional. Betancourt ganó y convocó a los otros partidos firmantes a compartir responsabilidades de gobierno. El aporte al acuerdo de 1958 tuvo una virtud inmensa porque militares de la dictadura y los dirigentes que habían competido, padecido persecuciones y mantenido profundas diferencias decidieron que crear un estado democrático era más importante que obtener todo el poder. Aquel compromiso hizo posible cuatro décadas de gobiernos electos y democráticos. Luego de cuatro décadas, Hugo Chávez aprovechó un momento de deterioro de la democracia y asume el poder, y una vez en el palacio de gobierno, sustituyó progresivamente la convivencia entre adversarios políticos por una confrontación entre sus seguidores, a quienes denominó  “patriotas” y a los que no lo apoyaban los llamó traidores. Dividió al país entre sus “amigos” y los supuestos “enemigos” de Venezuela. El odio social se profundizó en Venezuela.

Sudáfrica, Colombia y Polonia: La paz no exige amnesia

Sudáfrica ofrece quizá la formulación más humana de este dilema. Nelson Mandela y Frederik de Klerk negociaron el fin del apartheid aun cuando representaban historias, comunidades y poderes enfrentados. Después se creó la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Sin embargo, no hubo una amnistía colectiva e incondicional. Cada solicitante debía demostrar que sus actos estuvieron asociados a un objetivo político y revelar plenamente los hechos. El propio Ministerio de Justicia sudafricano subrayó que la ley no establecía una amnistía general. La verdad era parte del precio del perdón y las víctimas adquirían voz, reconocimiento y derecho a reparación.

Colombia diseñó otro modelo después del acuerdo de paz de 2016. La Jurisdicción Especial para la Paz puede conceder tratamientos diferenciados y sanciones restaurativas a cambio de verdad, reconocimiento, reparación y no repetición. Pero la amnistía se limita a delitos políticos y conexos. De acuerdo con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), no se concede para los crímenes graves o representativos. El acuerdo colombiano ha sido criticado tanto por quienes lo consideran demasiado indulgente como por quienes lo juzgan excesivamente punitivo. Precisamente por ello constituye una enseñanza, la paz negociada casi nunca satisface completamente a ninguno de los extremos.

Polonia aporta una lección adicional. En las conversaciones de la Mesa Redonda de 1989, Solidaridad negoció con el gobierno comunista unas elecciones inicialmente incompletas, una mayoría de los escaños de la Cámara baja quedaba reservada al bloque gobernante, mientras el Senado era elegido libremente. La oposición aceptó competir en aquel espacio limitado, obtuvo una victoria abrumadora y aceleró una transformación que terminó desmontando el monopolio comunista. El Parlamento Europeo reconoce que la transición democrática polaca comenzó con aquella negociación y las elecciones de junio de 1989. La oposición polaca no aceptó el comunismo. Logró una puerta entreabierta porque comprendió que podía ensancharla mediante el respaldo popular y la acción institucional.

La psicología de una transición

Después de una autocracia, las sociedades sufren una forma de trauma colectivo. Las víctimas necesitan que su dolor sea reconocido. Quienes estuvieron vinculados al régimen temen perder sus derechos, su seguridad, sus bienes o incluso sus vidas. Los vencedores pueden sentir que cualquier concesión traiciona a los perseguidos. Los vencidos pueden interpretar cualquier investigación como el comienzo de una revancha ilimitada. En esas condiciones, el maximalismo moral puede producir un fracaso político. Si una parte exige la rendición absoluta de la otra, quienes todavía controlan armas, tribunales, recursos económicos o sectores de la administración se agrupan para defenderse. El miedo los cohesiona. La transición se paraliza o retrocede. Pero el extremo contrario también resulta destructivo. Si a las víctimas se les exige callar en nombre de la paz, la reconciliación se convierte en una nueva violencia psicológica. El agravio permanece, la confianza no se reconstruye y la democracia nace sobre una mentira. Reconciliar no es obligar a la víctima a perdonar. Reconciliar significa crear un orden en el cual nadie necesite destruir al otro para sentirse seguro. Por eso, una transición responsable debe combinar seguridad para quienes abandonan el poder, verdad para la sociedad, reparación para las víctimas, sanciones proporcionales y garantías de no repetición.

¿Qué le toca a Delcy Rodríguez?

Delcy Rodríguez tiene ante sí la oportunidad de ser recordada como la prolongación de un sistema o como el puente que permitió superarlo pacíficamente. Un gobierno de concentración nacional no debería ser una coalición decorativa ni una distribución de cargos entre dirigentes. Tendría que ser un gobierno temporal, plural y sometido a un mandato preciso, devolver la soberanía al elector. En agosto de 2026, comenzaron nuevas conversaciones entre el gobierno y sectores opositores. El 1 de septiembre, la Asamblea Nacional reformó el comité encargado de seleccionar a los magistrados del Tribunal Supremo en el contexto de negociaciones que también incluyen al Consejo Nacional Electoral, según informó. Son pasos importantes, pero insuficientes si no desembocan en instituciones independientes y elecciones auténticas. La gradualidad sin calendario puede convertirse en permanencia. También se han producido liberaciones y medidas de amnistía. En febrero, el gobierno afirmó que cerca de 2.200 personas habían recibido algún beneficio. No obstante, solamente una parte ha salido de prisión y organizaciones defensoras de derechos humanos señalaron que la ley no restituía bienes, no levantaba inhabilitaciones políticas ni eliminaba sanciones contra los medios de comunicación. La reconciliación no puede limitarse a cambiar la cárcel por una libertad vigilada política y administrativamente. El presidente Donald Trump ha declarado que Venezuela todavía no está preparada para celebrar elecciones y no ha presentado un cronograma. Pero decidir cuándo los venezolanos están “preparados” para votar no puede convertirse en una atribución indefinida de Washington ni de Miraflores. La cooperación internacional puede ayudar a crear condiciones. La soberanía electoral pertenece a los ciudadanos. Ese gobierno de concentración debería incorporar al conjunto real de la oposición democrática, al chavismo dispuesto a convivir dentro de reglas plurales y a representantes creíbles de la sociedad civil, las universidades, los trabajadores, los empresarios y las regiones. Debería acordar públicamente, entre otras condiciones, un calendario electoral inequívoco, con metas verificables y observación internacional calificada. La independencia y recomposición transparente del Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia, el Ministerio Público y los organismos de control. La liberación plena de todas las personas arbitrariamente detenidas, el cierre de los procesos políticos y la restitución de derechos civiles y políticos. El desmantelamiento de los mecanismos de persecución, tortura y vigilancia política, acompañado de una reforma profesional de los cuerpos de seguridad. Una comisión independiente de verdad, memoria y reparación, con participación efectiva de las víctimas. Un sistema de justicia transicional que ofrezca beneficios condicionados a quienes digan la verdad, reparen el daño y colaboren con la democratización, pero que no amnistíe crímenes de lesa humanidad, torturas, desapariciones forzadas o ejecuciones extrajudiciales. Garantías para que el chavismo pueda transformarse en una fuerza democrática, organizarse y competir sin persecución, siempre que renuncie a la violencia y acepte las mismas reglas que exige para los demás. Transparencia sobre los compromisos económicos y petroleros asumidos durante el interinato, evitando que decisiones de duración extraordinaria sustituyan la autorización de instituciones elegidas legítimamente. Y antes que todo permitir el regreso y la libertad de los dirigentes de la oposición en el exilio como María Corina Machado, Leopoldo López, Antonio Ledezma, Juan Guaidó, Julio Borges, entre otros. Un gobierno de concentración no puede convertirse en el sustituto de las elecciones. Su única legitimidad histórica consistiría en hacerlas posibles en un lapso razonable que procure la plena libre expresión de los medios de comunicación, la reorganización total de un nuevo Consejo Supremo Electoral, la constitución de una nueva Corte Suprema de Justicia, la plena participación de los candidatos que quieran presentarse como tales, a la presidencia de la república, gobernaciones y alcaldías y a la Asamblea Nacional o a los organismo legislativos regionales.

¿Debe la oposición aceptar una justicia relativa?

La justicia transicional es posible, gradual, priorizada y condicionada, que persigue a los responsables de crímenes, y ofrece beneficios a quienes colaboren, a la vez que repara a las víctimas sin reactivar la violencia. La oposición debe aceptar que una transición democrática no puede construirse expulsando de la nación a millones de venezolanos que alguna vez apoyaron al chavismo. Debe garantizar que no habrá persecución por ideas, militancia o servicio público lícito. Debe distinguir entre responsabilidad política, corrupción, delitos comunes y crímenes internacionales. También debe admitir que algunas sanciones podrán reducirse, sustituirse o condicionarse si con ello se obtiene verdad, reparación y garantías de no repetición. Pero ningún acuerdo venezolano puede borrar por decreto los crímenes más graves. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas explica que la justicia transicional comprende mecanismos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, no únicamente castigo (OHCHR). Al mismo tiempo, Naciones Unidas considera inadmisibles las amnistías que impidan procesar genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y graves violaciones de derechos humanos. Además, la situación denominada Venezuela I continúa bajo investigación de la Corte Penal Internacional. La propia Corte Penal Internacional CPI ha señalado que existe fundamento razonable para creer que se cometieron crímenes de lesa humanidad desde abril de 2017. Aunque Venezuela notificó en julio de 2026 su retiro del Estatuto de Roma, la Corte ha aclarado que esa decisión no detiene la investigación existente. Nicolás Maduro, por otra parte, se encuentra bajo custodia en Estados Unidos y ha pedido a un juez federal que desestime las acusaciones en su contra alegando inmunidad, una controversia que tampoco puede resolver unilateralmente un gobierno venezolano. Un pacto político interno no puede extinguir por sí solo procesos sometidos a jurisdicciones internacionales o extranjeras. Por eso, eximir de toda responsabilidad al anterior gobernante no sería jurídicamente sencillo ni moralmente aceptable. Sí podrían negociarse garantías contra la venganza, el debido proceso, la presunción de inocencia, condiciones dignas y fórmulas de justicia transicional permitidas por el derecho. Lo que no debería negociarse es el derecho de las víctimas a saber qué ocurrió ni la obligación de investigar las atrocidades más graves. La justicia puede ser gradual, la verdad no puede ser negociable.

Al final…

La historia no les ordena a los venezolanos copiar a España, Chile, Sudáfrica, Colombia, Polonia, ni siquiera a la Venezuela de 1958. Cada país llegó a la libertad por un camino distinto y cada uno pagó un precio por sus decisiones. Pero todos dejan una advertencia común, ninguna transición sobrevive si los vencedores pretenden quedarse con todo, y ninguna reconciliación es verdadera si exige que las víctimas olviden. Delcy Rodríguez debería convocar un gobierno de concentración nacional y comprometerlo con una fecha electoral, instituciones independientes, y libertades completas. La oposición debería participar sin confundir negociación con claudicación. Tendría que aceptar que el cambio puede ser progresivo, que el chavismo democrático debe conservar un lugar en la nación, y que la justicia transicional exige cierta flexibilidad. Pero también debería reclamar que cada concesión abra realmente otra puerta hacia la democracia. En 1958, Betancourt, Caldera, Villalba y Larrazábal comprendieron que Venezuela era más importante que la victoria absoluta de cualquiera de ellos. España aprendió a transformar una sucesión preparada por un dictador en una monarquía parlamentaria. Chile convirtió un plebiscito previsto por el régimen en el principio de su final. Solidaridad aceptó unas elecciones incompletas y las utilizó para abrir Polonia. Mandela demostró que negociar con el adversario no significa compartir sus culpas. Colombia intentó sustituir la guerra por una justicia que busca restaurar además de castigar. “Ahora —me dice María Mercedes Gessen, mi esposa— le corresponde a los venezolanos decidir si continuarán luchando por poseer el país, o si comenzarán, finalmente, a compartirlo. En cuanto a los acuerdos petroleros con Estados Unidos creo que tiene el respaldo de la mayoría abrumadora de los venezolanos porque debe ser el principal cliente para el producto insignia de Venezuela. No sería sensato desconocer que la reapertura energética puede contribuir a reconstruir una economía devastada, atraer inversiones y mejorar las condiciones de vida de los venezolanos. Pero lo óptimo es que surja un gobierno de legitimidad electoral plena”…

Creo que la magnitud del convenio y el control anunciado por Washington y Caracas sobre las reservas y el flujo de los recursos exigen transparencia, rendición de cuentas y la posterior revisión de las instituciones que nazcan de elecciones libres. Estados Unidos puede convertirse en un aliado decisivo para la reconstrucción y la estabilidad del país, la historia indica que los venezolanos están preparados para elegir a sus gobernantes. El petróleo debe ayudar a financiar el regreso a la democracia. Así, Washington asegura los barriles que necesita, y Venezuela recupera el voto, además de los ingresos, si no es así, habrá una transformación económica, pero no una verdadera transición democrática. Reconciliación sin amnesia, transición sin impunidad y soberanía devuelta finalmente al ciudadano… Que la Divina Providencia Universal nos acompañe, apreciado lector… Si desea darnos su opinión o contactarnos puede hacerlo en psicologosgessen@hotmail.com...

Vladimir Gessen. Psicólogo

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