¿Cómo debe comportarse un presidente?

Sin alternancia en el poder, sin contrapesos y sin respeto a la investidura presidencial, la democracia se erosiona incluso con elecciones.

En las ciencias sociales existe una verdad incómoda pero fundamental donde las formas políticas no se sostienen únicamente sobre procesos electorales, sino sobre la legitimidad, la credibilidad y la fortaleza de las instituciones que hacen posible la convivencia democrática. Las elecciones son condición necesaria, pero no suficiente. Lo que preserva a una república en el tiempo es el respeto a sus reglas, a sus contrapesos y al espíritu que anima su Constitución. En ese sentido, la historia de los Estados Unidos reconoce a figuras presidenciales que, más allá de sus diferencias ideológicas o de contexto, comprendieron y defendieron la centralidad institucional de la Presidencia como garante del orden constitucional y de las libertades públicas. Entre ellos destacan George Washington, Abraham Lincoln, Franklin D. Roosevelt, Dwight Eisenhower, John F. Kennedy, Ronald Reagan y Barack Obama, líderes que entendieron que gobernar una democracia implica custodiar algo más grande que el poder circunstancial, como es la continuidad moral, jurídica y simbólica de la República.

Como demuestran estudios sobre la quiebra de las democracias, los regímenes no suelen colapsar de manera abrupta, sino a través de un proceso gradual de erosión institucional, donde la desconfianza, la polarización extrema, y la deslegitimación mutua minan los cimientos del sistema. En esa arquitectura, la institución presidencial en una república constitucional —como la de Estados Unidos— cumple una función central, es la piedra angular del delicado equilibrio entre el poder ejecutivo y las libertades civiles. Investigaciones comparadas más recientes, muestran que cuando ese equilibrio se rompe por la pugna visceral entre facciones rivales —especialmente cuando los actores políticos dejan de reconocerse como adversarios legítimos, y pasan a tratarse como enemigos— las consecuencias pueden ser devastadoras. No se trata de una advertencia retórica ya que la evidencia histórica demuestra que muchas sociedades que transitaron del pluralismo hacia la autocracia lo hicieron tras degradar el respeto por las normas no escritas, el autocontrol del poder, y la dignidad de las instituciones. Desde la Alemania de Weimar hasta diversas democracias latinoamericanas del siglo XX, el patrón se repitió con inquietante regularidad. Sobre todo, cuando la presidencia deja de ser un factor de moderación institucional y se convierte en un instrumento de confrontación permanente, y así, la democracia entra en una fase de fragilidad estructural de la que no siempre logra salir indemne.

De Alemania a Venezuela: la deslegitimación política

Para ilustrar este patrón conviene volver la mirada a un caso latinoamericano ampliamente documentado por el periodismo y la academia: Venezuela. En las décadas finales del siglo XX, los dos partidos hegemónicos —Acción Democrática (AD) y COPEI— pasaron de ser pilares de la estabilidad democrática, a símbolos de un statu quo percibido como corroído por acusaciones recíprocas de corrupción, ineficacia e intereses clientelistas. Numerosos reportajes y análisis de la época —publicados en medios venezolanos como El Nacional, y posteriormente publicados en medios internacionales— documentaron cómo la política dejó de ser una arena de confrontación de ideas para convertirse en un combate permanente por la reputación moral del adversario. Ese desprestigio no ocurrió en el vacío, fue interiorizado por la ciudadanía…

La frase atribuida al popular comunicador y candidato presidencial independiente Renny Ottolina: “Si los adecos y los copeyanos se dicen entre ellos que son ladrones y corruptos, yo le creo a los dos”, sintetizó con crudeza un sentimiento que, años más tarde, se volvería mayoritario. Investigaciones periodísticas coinciden en que este clima de descrédito generalizado creó las condiciones sociales y psicológicas para la emergencia de un outsider autoritario y despótico: Hugo Chávez, cuya llegada al poder en 1999 transformó radicalmente el sistema político y derivó en un progresivo desmontaje institucional, ampliamente documentado.

Un fenómeno comparable —aunque en contextos históricos y culturales distintos— puede observarse en Europa en el primer tercio del siglo XX. La República de Weimar, en Alemania, sufrió una polarización extrema entre partidos democráticos y fuerzas radicales de derecha e izquierda, acompañada de acusaciones virulentas de traición, corrupción y deshonestidad. La incapacidad de las élites políticas para construir consensos mínimos y la erosión progresiva de las instituciones republicanas facilitaron el acceso al poder de Adolf Hitler en 1933, como han documentado extensamente medios académicos y periodísticos, entre ellos The Atlantic y Der Spiegel. En Italia, el ascenso de Benito Mussolini y del fascismo respondió a una lógica similar, el descrédito de la democracia liberal, miedo al caos y la búsqueda de “soluciones” autoritarias, fenómeno analizado tanto por historiadores reflejados en reportajes de medios como The Guardian y La Repubblica.

En la España de los años treinta, la confrontación entre republicanos y nacionalistas, exacerbada por denuncias cruzadas de corrupción y traición, culminó en una guerra civil devastadora y una dictadura prolongada bajo Francisco Franco, proceso ampliamente cubierto por la historia y por reconstrucciones periodísticas contemporáneas como la de El País de España

Historiadores y analistas advierten hoy paralelos inquietantes entre las condiciones de la Europa de entreguerras y la polarización contemporánea en otras latitudes. Un reportaje reciente de Berkeley News, basado en entrevistas con especialistas en fascismo y democracia comparada, subraya que la pérdida de fe en la política institucional y la normalización del desprecio al adversario preceden con frecuencia a la ruptura autoritaria. La lección histórica, reforzada por la evidencia periodística, es clara, cuando la deslegitimación mutua se vuelve la norma, la democracia comienza a erosionarse lentamente, y a desmoronarse desde dentro.

EEUU: un sistema bajo tensión

Estados Unidos, desde su fundación, ha basado su estabilidad política en un entramado de normas institucionales sólidas, con un Poder Ejecutivo fuerte pero limitado por controles y contrapesos —checks and balances—, un Congreso bicameral con facultades de supervisión, un Poder Judicial independiente, y un arraigo profundo de las libertades civiles. Esta arquitectura fue concebida deliberadamente por los Founding Fathers, como explican James Madison y Alexander Hamilton en The Federalist Papers, para evitar la concentración del poder y contener las pasiones facciosas. Sin embargo, numerosos politólogos coinciden en que, en años recientes —y de forma particularmente acentuada en la última década— la polarización política ha sometido estas normas a una tensión inédita en la historia contemporánea del país, debilitando no tanto las leyes formales como sí las reglas informales de autocontención y respeto institucional (Levitsky & Ziblatt, 2018).

La elección de Donald Trump en 2016 marcó un punto de inflexión. Durante su primera presidencia, se multiplicaron las denuncias de manipulación institucional, los ataques sistemáticos a la prensa —calificada en reiteradas ocasiones como “enemiga del pueblo”, expresión históricamente asociada a regímenes autoritarios— y una retórica persistente que puso en duda la imparcialidad de tribunales, agencias federales y procesos electorales. Estos hechos fueron ampliamente documentados por, El País y analizados por el departamento de Historia de la Universidad de Princeton en EEUU, y otras organizaciones y medios que advirtieron un deterioro en los estándares democráticos estadounidenses ya antes de 2021.

Ese ciclo culminó dramáticamente el 6 de enero de 2021, cuando una multitud de seguidores del entonces presidente irrumpió violentamente en el Capitolio con el objetivo de impedir la certificación del resultado electoral de 2020. El episodio, reconstruido en detalle por comisiones del Congreso y por investigaciones periodísticas de France 24 y PBS Frontline, ha sido descrito por analistas como uno de los ataques más graves a las normas republicanas y a la transferencia pacífica del poder desde el siglo XIX, particularmente desde la Guerra Civil. Estudios académicos posteriores —como los publicados en Journal of Democracy— subrayan su significado simbólico, y la ruptura explícita de un tabú central de la democracia estadounidense.

Con el retorno de Trump a la Casa Blanca en 2025, académicos y centros de pensamiento han comenzado a identificar signos de lo que la literatura comparada denomina democratic backsliding o retroceso democrático. Este concepto, describe un patrón mediante el cual líderes electos concentran poder gradualmente, debilitan los contrapesos constitucionales y deslegitiman —de forma intencional o instrumental— a sus opositores y a los mecanismos de supervisión institucional. En esa línea, un análisis reciente del Carnegie Endowment for International Peace advierte que la actual administración ha mostrado una tendencia preocupante a erosionar controles institucionales, cuestionar decisiones judiciales y atacar la autonomía de organismos independientes con una velocidad y una intensidad poco comunes en la historia moderna de Estados Unidos. Desde una perspectiva comparada, el informe sitúa a Estados Unidos en una zona de alerta temprana. Aunque no como una democracia colapsada, sino como una república en precaución cuya resiliencia depende cada vez más de la fortaleza ética y normativa de sus instituciones, y no solo de la letra de su Constitución. Otro informe recoge datos de índices globales de democracia y menciona explícitamente señales de retroceso democrático relacionadas con el contexto político estadounidense.

La retórica del conflicto: acusaciones mutuas presidenciales

Este clima polarizado se refleja con nitidez en la retórica entre los principales y actuales líderes políticos de Estados Unidos. El presidente Joe Biden ha acusado de forma reiterada a Donald Trump de actuar en contra de los principios institucionales y constitucionales, calificando algunas de sus conductas como una amenaza directa a la democracia estadounidense, en particular aquellas vinculadas al desconocimiento de los resultados electorales de 2020 y al asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, así como en discursos oficiales registrados en Congress.gov, donde constan declaraciones presidenciales y audiencias parlamentarias que abordan la defensa del orden constitucional y la transferencia pacífica del poder.

Por su parte, Trump y su entorno político han acusado a Biden de mala gestión económica, y por el debilitamiento del liderazgo internacional de Estados Unidos durante su gobierno, y sus políticas que —según su narrativa— erosionaron la seguridad nacional y la soberanía del país. Estas denuncias han sido difundidas masivamente a través de mítines, redes sociales y medios afines, y han sido analizadas críticamente por verificadores de hechos como PolitiFact y FactCheck.org, que subrayan la frecuente ausencia de sustento empírico sólido en muchas de estas afirmaciones. Politólogos y analistas del Pew Research Center coinciden en que esta dinámica de acusaciones cruzadas no sólo domina los discursos partidistas, sino que se filtra en declaraciones oficiales, testimonios legislativos y campañas mediáticas altamente polarizadas, contribuyendo a un clima de desconfianza estructural hacia las instituciones.

Más allá de los intercambios verbales, estas tensiones se traducen también en gestos simbólicos y culturales. Durante 2025, diversos medios —entre ellos APNews , Reuters, ABCNews y Yahoo Fact Check— informaron sobre una polémica en torno a la exhibición de retratos presidenciales promovida por Trump, interpretada por críticos como un intento de ridiculizar o deslegitimar a presidentes anteriores. Aunque el gesto pueda parecer anecdótico, historiadores de la presidencia estadounidense señalan que este tipo de acciones tiene un valor simbólico profundo ya que expresa una ruptura con la tradición de respeto a la continuidad institucional y a la dignidad histórica del cargo. En términos comparativos, advierten, cuando la presidencia deja de reconocerse a sí misma como eslabón de una cadena republicana y pasa a concebirse como un proyecto personal o faccioso, se debilita uno de los pilares culturales que sostienen la estabilidad democrática porque se rehúsa reconocer plenamente la continuidad y dignidad de la institución histórica que encarna. Como en el caso venezolano, el problema es que los estadounidenses podrían creerle las mentiras a ambas partes.

El gobierno paralizado: un síntoma de la erosión institucional

Otro indicio claro de tensión institucional en Estados Unidos es la recurrente paralización del gobierno federal —los llamados government shutdowns—, provocados por la incapacidad del Congreso y de la Casa Blanca para alcanzar acuerdos presupuestarios básicos. Si bien estos cierres no son inéditos en la historia política estadounidense, su frecuencia creciente en un contexto de polarización extrema revela un deterioro de la cultura de negociación que durante décadas caracterizó al sistema de libertades del país. La prensa internacional ha documentado que los shutdowns recientes ya no responden a discrepancias técnicas sobre el gasto, sino al uso del presupuesto como arma de confrontación partidista. Las consecuencias no son menores: Los cierres gubernamentales afectan directamente a millones de empleados federales, interrumpen servicios esenciales y generan incertidumbre económica que se extiende al sector privado. Reuters ha subrayado además que cada paralización erosiona la credibilidad del Estado, proyectando al exterior la imagen de un país incapaz de gestionar su propio funcionamiento básico. A ello se suma el impacto fiscal: la Congressional Budget Office (CBO) ha estimado que cierres prolongados cuestan miles de millones de dólares en productividad perdida y gastos administrativos adicionales, sin aportar beneficio alguno al contribuyente. Más allá de los números, el daño más profundo es simbólico e institucional. Los government shutdowns se han convertido en un síntoma de disfunción democrática, donde el bloqueo deliberado sustituye al compromiso bipartidista político. Cuando los líderes electos priorizan la victoria facciosa sobre la gobernabilidad, la parálisis deja de ser un accidente del sistema y pasa a ser una señal de alarma, la de una república en la que las reglas informales de cooperación —tan esenciales como las leyes escritas— comienzan a resquebrajarse.

La majestad presidencial

En toda democracia madura, asumir un cargo público implica algo más que ejercer una función administrativa, porque significa encarnar una investidura con su solemnidad. No es una simple fórmula protocolar. Es, en realidad, la condensación de un fenómeno humano que atraviesa la psicología social, la política y la cultura, como es el momento en que una comunidad reconoce públicamente a alguien como depositario de una función, un poder o una responsabilidad, más allá de su propia persona.

La investidura es más que un acto administrativo, es un rito de paso. En ella se transfiere legitimidad, se otorga autoridad y se sella un pacto simbólico entre la sociedad, la institución que representa, y la persona. Y cuando decimos “solemnidad”, subrayamos precisamente ese carácter ritual, casi sagrado, que acompaña a los momentos en que una sociedad se mira a sí misma y reafirma sus valores.

La solemnidad no es adorno. Es el lenguaje emocional y simbólico que permite que el acto sea comprendido como trascendente. Sin ella, la investidura sería un trámite, con ella, se convierte en un acontecimiento que marca un antes y un después en la vida del investido, y en la memoria colectiva. En suma, hablar de “investidura con su solemnidad” es reconocer que ciertos actos requieren un marco ceremonial que no solo legitima, sino que también confiere sentido. Porque los seres humanos no solo necesitamos instituciones, necesitamos símbolos que las hagan vivas.

Un funcionario, un congresista y, de manera superlativa, un presidente, dejan de hablar exclusivamente como individuos para hacerlo como representantes de una institución que los trasciende. Cuando el presidente de los Estados Unidos se expresa en público, no lo hace como ciudadano privado ni como jefe de una facción política, debe hacerlo como la máxima autoridad del Estado, y su palabra compromete simbólica, política y moralmente a toda la Nación. Lo mismo ocurre con el secretario de Defensa, el secretario de Estado o cualquier otra alta autoridad. Sus declaraciones no son opiniones personales, salvo que se señale con claridad que lo son, sino posiciones institucionales que involucran a todos los estadounidenses, incluso a quienes no los votaron. Por ello, un presidente —genuinamente democrático— cuida el lenguaje, evita la descalificación personal y procura argumentar desde posiciones del centro, no desde los extremos, entendiendo que gobierna para una sociedad plural. Franklin D. Roosevelt hablaba a una nación herida sin señalar enemigos internos. Dwight Eisenhower advertía sobre el complejo militar-industrial sin estridencias ideológicas y Barack Obama procuraba deliberadamente un tono integrador incluso frente a una oposición dura. En contraste, cuando un presidente reduce su discurso al registro personal, al agravio o a la burla, degrada la majestad de la institución que encarna y convierte la palabra presidencial en un instrumento de división y discordia. La investidura presidencial no es solemnidad vacía, es conciencia histórica, responsabilidad institucional y comprensión profunda de que cada palabra pronunciada desde el poder no pertenece ya al individuo, sino a la República misma. De no hacerlo así, pierde representatividad, dado que ya no habla a nombre de nosotros.

¿Hacia dónde vamos?

La historia —esa maestra severa que nunca deja de advertirnos— muestra un patrón inquietante cuando las instituciones pierden legitimidad y la política se reduce a un duelo personal. Entonces, las sociedades, desde Washington hasta Roma, desde Berlín hasta Madrid, quedan expuestas a sus peores fantasmas. Ninguna nación, por poderosa que sea, está vacunada contra ese deterioro. Tampoco Estados Unidos.

Durante generaciones, la solidez de la Constitución, la independencia de los poderes públicos y la vitalidad de la sociedad civil han permitido a este país atravesar tormentas profundas —y guerras interminables— sin perder su rumbo. Pero hoy enfrentamos algo distinto, una crisis de confianza que corroe silenciosamente los cimientos, y una polarización tan agresiva entre las élites políticas que amenaza con fracturar el pacto democrático que nos sostiene.

Para nosotros los estadounidenses —We the People— preservar la democracia exige más que evaluar al líder que temporalmente ocupa la Casa Blanca. Exige recordar que la institución presidencial —más allá de cualquier nombre o partido— es uno de los pilares que garantizan la convivencia política y la estabilidad institucional. Cuando esa institución se convierte en blanco de deslegitimaciones cruzadas, cuando la sospecha sustituye al respeto y la acusación reemplaza al diálogo, la democracia deja de ser un proyecto compartido, y se transforma en un escenario donde todo se destruye y nada se construye.

Por eso, en este momento decisivo, la pregunta esencial no es quién aparece arriba —o abajo— en las encuestas. La pregunta es otra, más profunda y más urgente: ¿cómo recuperamos el respeto por las normas, los hechos, y por las instituciones que hacen posible la libertad y la pluralidad política, aquí y en cualquier república democrática?

El futuro no está escrito. Pero la dirección que tomemos dependerá de nuestra capacidad colectiva para defender aquello que, una vez perdido, rara vez se recupera intacto: la confianza en la democracia como proyecto de vida en común.

También los líderes de los partidos Demócrata y Republicano deben, en conciencia, reflexionar sobre la polarización que hoy atraviesa al país. Los presidentes pasan, pero los partidos permanecen, y con ellos la responsabilidad histórica de preservar la cohesión democrática. Si no logran contener la profunda división que se ha instalado tanto entre las organizaciones como dentro de ellas mismas, terminarán alimentando y acelerando un proceso que ningún ciudadano desea, como es la erosión silenciosa de los espacios de libertad que sostienen nuestra vida republicana.

Me pregunto qué le diríamos mi esposa María Mercedes y yo como ciudadanos y como psicólogos a un presidente que actúa ignorando su propia investidura… Creo que algo así: “Señor Presidente: recuerde que ningún poder es eterno y que toda autoridad, incluso la más alta, se sostiene únicamente mientras conserve la confianza de su pueblo. Gobierne con la serenidad de quien sabe que la historia juzga más allá de las encuestas, y más allá de los aplausos momentáneos. Proteja las instituciones que hoy lo sostienen, porque mañana serán ellas las que sostengan a la nación cuando usted ya no esté en el cargo. La democracia no se pierde de golpe, se erosiona en silencios, en abusos tolerados, en normas ignoradas. Por eso, su mayor responsabilidad no es ganar una disputa política, sino preservar el marco que permite que las disputas se resuelvan sin destruirnos. Actúe con prudencia, porque cada decisión y actuación suya será un precedente. Y actúe con grandeza, porque el país que dirige no le pertenece, sólo se lo ha confiado la historia”... Se lo escriben dos ciudadanos que conocieron en carne propia lo que ocurre cuando un presidente autócrata rechazó la solemnidad de su investidura institucional, y que gobernó de forma personal hasta el final de sus días, dejando tras de sí la desgracia que trajo sobre el país que mal condujo… Si desea darnos su opinión o contactarnos puede hacerlo en psicologosgessen@hotmail.com... Que la Suprema Providencia Universal nos acompañe a todos…

Vladimir Gessen. Psicólogo 

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