Hace apenas pocas semanas tuvo lugar el muy comentado canje de unos ciudadanos norteamericanos presos en Venezuela a cambio de la liberación de los “narcosobrinos” que para entonces estaban cumpliendo condena firme de dieciocho años de prisión en una cárcel federal en Estados Unidos.
Analizar el hecho en el marco de una negociación requiere plantearse cuál de las partes, Estados Unidos o Maduro, obtuvo mayores ventajas en el negocio y cuál el precio que cada una de ellas pagó por el mismo.
Maduro y su esposa –no Venezuela- salieron ganando al obtener la liberación de sus familiares. El evento también les sirvió a ellos para comprobar que les resulta ventajoso tener presos en calidad de rehenes a ciudadanos estadounidenses para negociarlos como fichas para la obtención de ventajas políticas o de otra naturaleza. Sin embargo, no pudieron obtener la recompensa mayor como hubiera sido la libertad de su “diplomático” Alex Saab que en estos días cumple un año vistiendo el mono naranja en una cárcel federal en Miami y cuyo “canto” cual tenor de tronío seguramente no sea del agrado del procerato “revolucionario”.
Biden, por su parte, también salió ganando -excepto en Florida donde ya no tiene nada que buscar- en tanto y cuanto que a pocas semanas de una importante y comprometida elección de medio término (senadores, representantes, gobernadores, etc.) que no parece sonreírle, puede exhibir el triunfo de haber rescatado ciudadanos norteamericanos injustamente privados de su libertad en el exterior. Esa es una política consistente de todos los gobiernos estadounidenses y en la actualidad se gestionan también intercambios similares con Rusia, Irán y otras naciones. El precio pagado por el cambalache ha sido alto y vergonzoso al tener que desdecirse de su proclamado principio de no negociar con violadores de los derechos humanos.
Maduro también salió ganando al lograr forzar la tácita aceptación de su “gobierno” por parte de Estados Unidos que oficialmente no lo reconocen a él sino al interinato. Tal cosa había venido ocurriendo desde hace algunos meses a través de las conversaciones sostenidas con altos funcionarios norteamericanos para gestionar el alivio de las sanciones a cambio de un posible suministro petrolero a Europa hoy sometida al cese de las ventas de Rusia.
Sin embargo, el autoproclamado Superbigote, a través de una mansa carta suscrita por su inefable vicepresidenta, ha tenido que acudir por lo bajito a pedir que el Fondo Monetario Internacional, organización macabra según ellos, otorgue reconocimiento a su gobierno (retirándoselo a Guaidó) a fin de que se puedan liberar unos fondos que servirían para fortalecer las reservas en divisas del Banco Central de Venezuela facilitando así la posibilidad de mantener las importaciones y el cumplimiento -así sea parcial- de los más urgentes compromisos internacionales de la República hoy en amplio atraso.
Así como hemos anotado algunos hechos beneficiosos para el combo de Miraflores, llega el momento de comentar el “palo cochinero” recibido esta misma semana en el marco de la Asamblea General de la ONU al haber sido derrotado en la aspiración de que la República Bolivariana fuese reelecta para integrar el Consejo de Derecho Humanos de la organización la cual pocos días antes había resuelto prorrogar por dos años el mandato de su Misión de Verificación de Hechos cuyo último informe no dejó duda alguna acerca de la utilización política de la justicia y las atroces torturas que se aplican en las mazmorras de los organismos "de seguridad". En este tema no podemos dejar de comentar las vergonzosas abstenciones de países “hermanos” de América Latina como Argentina y México que prefirieron mirar para el otro lado junto con otros más cuya falta de compromiso con los derechos humanos es pública y notoria. El aludido informe dejó claramente expuesta con nombre y apellido la “Cadena de Mando” de la que surgen y ejecutan esas violaciones.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU tiene 47 miembros, bastante de los cuales no son paladines en la práctica de los mismos. La integración la decide la Asamblea General (193 miembros) dentro de unas listas que representan la distribución geográfica del planeta. América Latina tenía cupo ahora para elegir dos miembros pero se presentaron tres candidaturas y la votación resultó en 144 votos para Chile, 134 para Costa Rica y solo 88 para Venezuela. Éxito de los derechos humanos sí, pero… 88 estados prefirieron votar por quien los viola flagrantemente.
No podemos cerrar estas reflexiones sin comentar la situación en la OEA cuya Asamblea también se celebró en Lima días atrás. Para dicha reunión un grupo de países tenía planificada la votación de una resolución para expulsar a la representación venezolana cuya titularidad actual es representada por el embajador Gustavo Tarre designado por el presidente (E) Guaidó. La maniobra fracasó pero tan solo porque no reunió la mayoría especial requerida. Este articulista supone que con los cambios políticos que se dieron más los que se avecinan en el continente antes de que se reúna la próxima Asamblea, ya podemos empezar a pensar en la pérdida de esa representación.
Así pues las hay verdes y también maduras.