A continuación presentamos los titulares con sus respectivas informaciones del ámbito político para hoy 19 de mayo en Venezuela
Cerca de 9.000 presuntas víctimas presentaron alegaciones a la Corte Penal Internacional
El abogado Juan Carlos Gutiérrez representante de 562 denunciantes, respaldados por organismos y defensores de derechos humanos, afirma que son víctimas de delitos de lesa humanidad cometidos en Venezuela.
Gutiérrez informó este viernes 19 de mayo, que cerca de 9.000 afectados presentaron documentación ante la Corte Penal Internacional (CPI) que le daría soporte a las denuncias realizadas por presuntas violaciones de derechos humanos, cometidos por organismos de seguridad que representan el gobierno de Nicolás Maduro.
De acuerdo a la información reseñada por El Nacional, en una conferencia de prensa en Madrid, Gutiérrez se refirió a la investigación que ordenó la Fiscalía de la CPI sobre las denuncias, algunas de organizaciones internacionales, que acusan a autoridades del gobierno de Maduro de crímenes de lesa humanidad, y el gobierno de Maduro ha negado reiteradamente a facilitar las indagaciones.
El Estado venezolano, según el abogado, ha actuado de manera "maliciosa" para "dilatar" el desarrollo del procedimiento con peticiones "improcedentes" desde el punto de vista legal y con el argumento de que es la Justicia del país la pertinente para investigar los casos denunciados.
El gobierno pidió que se suspenda la investigación, de manera que los jueces de la sala de cuestiones preliminares tienen que dirimir la posibilidad de que esta investigación continúe.
A petición de los jueces, explicó Gutiérrez, se convocó una consulta a todos aquellos que se consideran víctimas para manifestarlo ante la CPI.
En total, se presentaron 1.875 formularios que identifican a 8.900 personas, incluidas 630 familias.
"Toda esta carga argumentativa y carga probatoria ya está en manos de los jueces de la CPI (…) Los jueces de la CPI tienen que tomar una determinación", comentó el abogado.
O bien ordenan que la Fiscalía continúe la investigación o la sala de cuestiones preliminares decide que "prime el principio de la complementariedad positiva" y le dé una oportunidad al sistema de Justicia venezolano para que "cumpla con su deber", algo que Gutiérrez cuestionó absolutamente..
Hasler Iglesias representó a las víctimas del régimen venezolano en cumbre democrática de Suiza
Hasler Iglesias, activista de Voluntad Popular, participó este miércoles 17 de mayo en la cumbre Geneva Summit for Human Rights, en Ginebra, Suiza, y representó con su testimonio a todas las víctimas de violaciones de derechos humanos del régimen de Nicolás Maduro.
“En 2021, tras el anuncio de una orden de captura en mi contra y otros cuatro compañeros de Voluntad Popular, hubo una serie de detenciones arbitrarias a activistas y sus familiares. No todos han tenido la suerte de poder escapar sanos y salvos. En este mismo instante, 284 venezolanos están injustamente presos, como Roland Carreño, un periodista que ha pasado ya 933 días en prisión”, expuso Iglesias durante su intervención en la décimo quinta edición de la cumbre.
Explicó que Venezuela pasó de ser el país más rico de América Latina a tener a 80 % de su población en pobreza, convirtiéndose en la nación con la segunda mayor crisis de desplazamiento forzado en el mundo. “La manera de acabar con el yugo de la dictadura no es reanudando las compras de petróleo a Venezuela, tampoco aceptando sus exigencias o deteniendo la investigación de la Corte Penal Internacional sobre los crímenes de lesa humanidad del régimen venezolano”, dijo.
Iglesias fue uno de los oradores junto con importantes activistas y periodistas de Cuba, Corea del Norte, Irán, China, Zimbabue y Afganistán. "Demostrando que en el mundo hay una red de violadores de derechos humanos, dictadores, criminales que amenazan con dejar sin derechos a millones en el mundo".
El integrante de la Tolda Naranja resaltó la importancia de seguir organizando a los activistas y defensores de derechos humanos para que tengan herramientas y así logren vencer a los dictadores y regímenes. “Hay que asegurar que el pueblo venezolano pueda participar en elecciones libres, justas y transparentes, y que aquellos que quieran distorsionar la voluntad popular tengan consecuencias por sus actos”.
La indebida apropiación de los bienes
Adriana Pichardo, coordinadora política nacional adjunta de Voluntad Popular, denunció este miércoles 17 de mayo que los llamados “castigos ejemplarizantes” que aplica el régimen a los detenidos por razones políticas, consisten en apropiarse ilegalmente de sus bienes y de los de familiares.
“Cuando detienen a un preso político se apropian ilegalmente de los bienes de esa persona. Sea del rango que sea, militares o civiles. Muestra de ello, la casa de Leopoldo López. Pregunten a familiares de presos políticos, que se atrevan a decirlo porque les da miedo, por supuesto. Esos son los castigos ejemplarizantes, robarles los bienes”, expresó.
Pichardo denunció que, con esas prácticas, el régimen de Maduro busca intimidar al liderazgo opositor. “Quieren sembrar el miedo en todos los factores democráticos que hoy estamos vía a un proceso de primaria”, señaló.
Entretanto, Francisco Sucre, miembro de la dirección nacional de VP, se preguntó por qué no se le aplica un “castigo ejemplarizante” a Tareck El Aissami, desaparecido de la opinión pública desde que se descubrió el escándalo de corrupción roja en Pdvsa. “¿Dónde está el castigo ejemplarizante para Tareck El Aissami que nadie habla de él? Él es el cerebro de uno de los tantos desfalcos al erario público, cuya cifra supera más de 23 mil millones de dólares”, apuntó.
Sostuvo que urge en Venezuela retomar el Estado de derecho. “Los castigos ejemplarizantes son inconstitucionales, lo ha dicho también Transparencia Internacional. Nosotros, desde que estamos en esto, hemos denunciado los casos de corrupción que son muchísimos y se pierden de vista en este régimen. No hemos visto esos castigos ejemplarizantes para ellos”, sentenció
Grupos irregulares siguen operando en frontera venezolana
La criminalidad persiste en las zonas fronterizas de Venezuela y en el caso del estado Táchira, limítrofe con el Departamento del Norte de Santander en Colombia, poco ha cambiado tras el restablecimiento de relaciones entre ambos países, de acuerdo a la organización no gubernamental FundaRedes.
Clara Ramírez, directora interina de FundaRedes, dedicada a educar y crear redes de activistas que impulsen la promoción de DDHH, afirma que ni del lado venezolano ni del colombiano se han tomado medidas de seguridad “acertadas” para “contrarrestar” la acción de grupos armados irregulares en zonas fronterizas como el estado Táchira.
“Para finalizar con toda la ilegalidad que se mueve que finalmente es lo que conlleva a los altos números de violencia en esta zona. El tema del tráfico de armas, droga e incluso de trata de personas es lo que opera ahí y es por lo que pugnan diariamente, por control de territorio para seguir manteniendo la ilegalidad los grupos armados”, aseguró consultada por VOA.
Además, Ramírez destaca que el Tren de Aragua, una megabanda dedicada, entre otras actividades delictivas, a la extorsión, secuestros, homicidios, sicariatos, venta de drogas, tráfico de armas y de personas que se ha extendido a países como Perú, Colombia y Chile, se ha convertido en uno de los actores más importantes en el estado Táchira.
Casi dos años de “injusta” prisión
Ramírez sostiene que Javier Tarazona, activista de derechos fundamentales y director de FundaRedes, que en varias ocasiones denunció que grupos irregulares colombianos operan en Venezuela con la anuencia del gobierno y que cumple casi dos años en una cárcel de los servicios de inteligencia sin que se registren avances en su juicio, está detenido por descubrir violaciones a los derechos humanos en zonas fronterizas.
La defensora de derechos fundamentales sostiene que se trata de un caso que visibiliza la criminalización contra la sociedad civil venezolana y alerta que es un llamado de atención a miembros de otras organizaciones que, por denunciar violaciones y crímenes de lesa humanidad, se arriesgan a vivir la misma situación.
El activista, acusado de instigación al odio, traición a la patria y terrorismo, según Ramírez, desde antes de su detención en julio del 2021, presenta un “comprometido estado de salud” que se ha ido agudizando en prisión.
Diversas instancias internacionales, entre ellas la Oficina del Alto Comisionado para DDHH de la ONU y Amnistía Internacional han expresado preocupación por la situación de Tarazona y han pedido su inmediata liberación.
Gobierno de Maduro le otorga pasaporte diplomático a la esposa de Alex Saab
El gobierno de Nicolás Maduro otorgó a Camila Fabri de Saab, esposa del empresario colombiano Alex Saab detenido en Estados Unidos, un pasaporte diplomático pese a que la mujer no cuenta con la ciudadanía venezolana.
La información se conoció por la sentencia número 0420 del Tribunal Supremo de Justicia con fecha del 12 de mayo en la que declara procedente una acción de amparo interpuesta por Fabri en favor de su esposo y en la que el Estado se compromete a seguir las diligencias para exigir la liberación de Saab. Así fue reseñado por El Nacional