La República no está en la mesa

 Venezuela necesita algo más ambicioso: construir un Estado suficientemente fuerte para cumplir sus funciones y suficientemente limitado para que nadie pueda apropiarse de él. Foto: @dinorahfiguerat

El nuevo diálogo político ha comenzado a discutir tribunales, autoridades electorales y recuperación de activos como asuntos principales de cara a la opinión pública, a la vista de quienes entendemos el poder o hacemos vida pública en medio de él, no vemos el mecanismo fundamental en medio del acuerdo impedir que el Estado vuelva a convertirse en patrimonio de quien gobierna o de quien tutela.

El país que llega a estas conversaciones no es el mismo de los procesos anteriores, y tampoco lo es el equilibrio de poder surgido después del 3 de enero de 2026; sin embargo, este primer comunicado contiene elementos que merecen atención: una revisión profunda del sistema judicial, la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), conversaciones sobre el Poder Electoral (CNE) y mecanismos de cooperación sobre asuntos económicos y de reconstrucción.

Desde Unidad Visión Venezuela consideramos tempranamente que sería un error mayor confundir esos primeros pasos con la solución del problema venezolano, porque en la mesa se está comenzando a discutir quién integra determinadas instituciones y cómo reconstruir algunas de ellas, pero lo que todavía no vemos con la misma claridad es el problema de fondo: ¿qué relación tendrá el poder político con el Estado durante y después de la transición? Para nosotros, responder esta pregunta oportunamente puede ser más importante que saber quién ocupará la Presidencia.

Durante años, la crisis venezolana ha sido explicada fundamentalmente como una disputa por el poder: gobierno contra oposición, chavismo contra antichavismo, autoritarismo contra democracia; en consecuencia, todo eso forma parte del problema, ya que en Venezuela se fue desdibujando progresivamente la frontera entre Gobierno, Estado, partido político y representantes.

Un gobierno es temporal, y su tarea es administrar durante un período determinado; sus tribunales, sus Fuerzas Armadas, sus empresas públicas, sus recursos naturales, su administración, sus instituciones financieras y su patrimonio no pertenecen al grupo político que gana una elección, y la República existe precisamente para garantizar esa separación; porque cuando esa frontera desaparece, las consecuencias ya son conocidas por todos nosotros dentro y fuera del país.

El funcionario público puede terminar respondiendo a una organización política antes que a la institución que representa; las empresas estatales pueden convertirse en instrumentos de política partidista; los programas sociales pueden confundirse con mecanismos de lealtad; los medios públicos pueden funcionar como medios gubernamentales; la justicia puede comenzar a distinguir entre aliados y adversarios; las Fuerzas Armadas pueden atrincherarse con un proyecto político particular; y los bienes públicos pueden presentarse a la población como beneficios concedidos por quien ocupa el poder.

En este momento el problema deja de ser solamente de calidad democrática, netamente un problema republicano, porque una transición puede cambiar de propietario sin cambiar la propiedad. Supongamos que las actuales conversaciones avanzan, que Venezuela obtiene un TSJ independiente y un CNE confiable; supongamos incluso que se realizan elecciones competitivas, con observación internacional, participación de todas las fuerzas políticas y resultados reconocidos, ¿qué Estado recibiría quien gane esas elecciones?

Si el vencedor encuentra a su disposición la misma capacidad de nombrar lealtades, utilizar empresas públicas políticamente, condicionar instituciones, convertir la administración en una extensión de su movimiento y disponer discrecionalmente de los recursos nacionales, Venezuela podría haber conseguido una alternancia sin haber resuelto la raíz de su crisis; en pocas palabras, habríamos cambiado a quienes controlan el Estado, pero no la posibilidad de controlarlo.

Esta distinción debería ocupar un lugar central en cualquier transición que pretenda ser duradera, porque la democracia responde principalmente a una pregunta: ¿quién puede gobernar? Mientras la República añade otra: ¿qué puede hacer quien gobierna y qué cosas están fuera de su alcance incluso después de ganar legítimamente?

Las negociaciones políticas suelen requerir compromisos y en sociedades profundamente divididas, es normal que los adversarios busquen garantías mutuas antes de aceptar nuevas reglas; pero, el problema que se debe evitar por el bien de todos, es que esas garantías se traduzcan simplemente en un reparto o acomodo de instituciones.

Para finalizar consideramos que el diálogo actual merece una oportunidad, en tanto la reconstrucción de la justicia es necesaria, también es urgente recuperar la confianza electoral, ampliar las garantías políticas y establecer mecanismos para que las diferentes fuerzas puedan coexistir sin violencia. Pero una verdadera transición no debería terminar allí, porque Venezuela necesita algo más ambicioso: construir un Estado suficientemente fuerte para cumplir sus funciones y suficientemente limitado para que nadie pueda apropiarse de él.

Omar Ávila