top of page

Carta abierta a las Fuerzas Armadas: Transición Patriótica

Señores, Ministro de la Defensa, y generales miembros integrantes del Alto Mando Militar de Venezuela: Me dirijo a ustedes no desde la confrontación, sino desde la historia, la reflexión y el compromiso con el destino de nuestra nación. Como venezolano, psicólogo y servidor público durante gobiernos democrÔticos, hoy les propongo considerar seriamente la posibilidad de liderar, desde una posición constitucional y patriótica, un proceso de transición nacional ordenada, pacífica y cívico-militar que abra paso a un nuevo pacto de convivencia y desarrollo para todos los venezolanos.

Ā 

El momento histórico exige grandeza

Ā 

Venezuela vive una crisis profunda que no es solo polĆ­tica, económica o institucional, es una crisis de esperanza colectiva, de tejido social destruido, de millones de conciudadanos forzados al exilio, de jóvenes sin futuro, de familias separadas, de una sociedad atrapada en el trauma. En este contexto, ustedes —como Ćŗltima institución aĆŗn organizada y operativa del Estado— tienen la posibilidad y la responsabilidad histórica de ser los garantes de una salida venezolana, pacĆ­fica, constitucional, democrĆ”tica y ordenada.

Ā 

Lecciones del pasado: Emparan, Washington, Caldera y CAP

Ā 

En 1810, el entonces CapitĆ”n General de Venezuela, Mariscal de Campo Vicente Emparan, enfrentó la voluntad popular en la Plaza Mayor de Caracas. Preguntó al pueblo si querĆ­an que siguiera mandando. Al oĆ­r el rotundo ā€œĀ”NO!ā€, respondió con dignidad: ā€œPues yo tampoco quiero mando.ā€ No reprimió. No apeló a la fuerza. Renunció al poder y pasó a la historia como el hombre clave del 19 de abril que con su gesto sabio y honorable evitó una masacre.

MÔs de un siglo después, George Washington, comandante supremo de la revolución norteamericana, se negó a perpetuarse en el poder. Consciente de que una república no podía confundirse con una monarquía, renunció voluntariamente tras dos mandatos, sentando el precedente de la alternancia pacífica que aún sostiene la democracia estadounidense.

Una carta muy similar a este escrito, junto a otra, le entregué a Carlos Andrés Pérez siendo presidente, a final de 1992. Había sido miembro de su gabinete presidencial como ministro de Estado, y me desempeñaba como Ministro Plenipotenciario y Embajador de su gobierno en CanadÔ. En la primera misiva, le planteé que dimitiera para salvar las libertades en Venezuela, dando paso a las nuevas generaciones de dirigentes formados en democracia. La segunda carta era mi renuncia a mis cargos en su gobierno. CAP me explicó exactamente lo contrario: que él no renunciaría precisamente porque si lo hacía sí se perdería el régimen democrÔtico. Así, en 1993, Carlos Andrés Pérez se negó a dimitir. Su permanencia terminó con un golpe institucional. La realidad fue que mantenerse en el poder significó su salida forzada del gobierno. Para mí, fue un golpe extrajudicial de los partidos tradicionales usando a la Corte Suprema de Justicia y al Congreso, controlado mayoritariamente por ellos. De allí nació la ola que hoy aún domina el poder actual. El costo ha sido altísimo.

Ā 

NicolÔs Maduro: La decisión que marcarÔ su legado

Ā 

Hoy, NicolĆ”s Maduro tiene la oportunidad de evitar el derramamiento de sangre, la represión o el exilio forzado. Puede optar por la historia —como lo hizo Emparan— y ceder el poder en paz, evitando una tragedia mayor para Ć©l, sus allegados, y sobre todo, para la nación. Ustedes, como Alto Mando Militar, pueden convertirse en los garantes de esa transición democrĆ”tica, protegiendo a la población, asegurando la paz ciudadana y resguardando el orden constitucional en una etapa de redefinición nacional.

Ā 

Un Gobierno de Unidad Nacional y Transición

Ā 

El juego político no da salida, porque el dilema estratégico es que sin respaldo militar, no hay transición viable. En Venezuela, la estructura de poder no es exclusivamente civil ni electoral, sino una simbiosis cívico-militar que ha sostenido al régimen durante mÔs de dos décadas. Todo intento de cambio político que ignore el rol de la Fuerza Armada Nacional estÔ condenado al fracaso o al caos. Pero eso no significa perpetuar el autoritarismo militarista. Significa reconocer que una transición estable y realista exige el compromiso del único cuerpo con capacidad coactiva organizada.

Ā 

¿Qué tipo de poder militar se necesita?

Ā 

No una cúpula subordinada a un proyecto ideológico, sino una instancia transitoria, institucional, garante de la paz y de los acuerdos nacionales. Un poder militar que acompañe una transición cívico-militar constitucional. Se despolitice progresivamente. Garantice la no intervención armada ni de factores internos ni externos durante el proceso. Proteja a todos los actores involucrados, incluidos los salientes y los entrantes, y se subordine con fecha y condiciones claras a un nuevo orden constitucional.

Ā 

Desde la psicología política: ¿por qué sería aceptable esta vía?

Ā 

Porque un gobierno provisional cĆ­vico militar, evita el vacĆ­o de poder traumĆ”tico, que genera anarquĆ­a o nuevas tiranĆ­as y desactiva el miedo en quienes aĆŗn sostienen el poder, dado que evita el ā€œtodo o nadaā€. Porque permite a la ciudadanĆ­a reencontrarse con sus instituciones, sin trauma revolucionario ni venganzas.

El reconocimiento del rol de las FAN como garantes del proceso de transición permite la creación de un Consejo de Seguridad DemocrÔtica Transitorio, con civiles y militares. La firma de un pacto nacional con cronograma, metas y límites definidos. Un compromiso internacional de no intervención y acompañamiento multilateral, y la condición explícita de que tras dos años, el poder militar debe regresar a los cuarteles, subordinado a una nueva Constitución.

No se trata de que las fuerzas armadas asuman el poder. Se trata de comprometerse con el rescate de la RepĆŗblica. Porque si el uniforme vuelve a ser sinónimo de soberanĆ­a, de paz y de reconstrucción nacional —y no de represión ni privilegios— entonces el futuro aĆŗn es posible. Y tal vez —como ocurrió con el modelo chileno de transición post-Pinochet, el rol de los militares en la transición espaƱola postfranquista, o incluso, los acuerdos de seguridad en Colombia tras el proceso con las FARC— serĆ” precisamente una parte del viejo poder quien abra paso al nuevo paĆ­s.

Ā 

Objetivos en dos aƱos

Ā 

Convocar una Asamblea Constituyente plural y democrÔtica. Redactar una nueva Constitución centrada en los derechos, el equilibrio de poderes y la reconstrucción institucional. Establecer un Plan Nacional de Emergencia social y económica. Preparar elecciones libres, con observación internacional.

Este gobierno provisional, civil y castrense, sería integrado por representantes de todos los sectores nacionales: civiles, académicos, militares en retiro y activos, líderes religiosos, de los medios de comunicación, dirigentes comunales y políticos democrÔticos.

Ā 

Justicia restaurativa, reconciliación y amnistía condicionada

Ā 

En lugar de promover la venganza, este proceso debería contemplar una justicia restaurativa que escuche a las víctimas y procure reparación sin destrucción. Un proceso de amnistía condicionada, especialmente para funcionarios civiles y militares que cooperen con la transición y que prevea la posibilidad de asilo o exilio voluntario, en condiciones garantizadas, para figuras clave del actual régimen que decidan retirarse sin obstruir la transición.

Ā 

El asilo o exilio

Ā 

Las transiciones de dictaduras a democracias exitosas —como la de EspaƱa post-Franco, Chile post-Pinochet o incluso SudĆ”frica post-apartheid— ofrecieron salidas negociadas a sectores del rĆ©gimen anterior, en vez de aplastarlos. Esto facilitó pactos polĆ­ticos, garantĆ­as de no venganza inmediata, y estabilidad institucional. Separar a los irreconciliables del proceso nacional. Algunos lĆ­deres actuales no se integrarĆ­an nunca a una Venezuela democrĆ”tica. Su salida negociada puede destrabar el proceso y permitir oxigenar las instituciones.

Entre los riesgos que significa este asilo es que puede ser percibido como impunidad si no se acompaña de reconocimiento del daño y compromiso de no retorno político. Puede convertirse en refugio de conspiración o impunidad internacional, como ocurrió con algunos dictadores que escaparon y siguieron influyendo desde el extranjero. Puede herir la memoria de las víctimas si no se comunica con claridad ni se gestiona con respeto.

Ā 

¿Qué es justicia restaurativa y resarcimiento social?

Ā 

Es una forma de justicia que busca reparar el daño causado a las víctimas y a la sociedad. MÔs que castigar, busca reconocer, sanar, reconstruir relaciones. En lugar de cÔrceles masivas o tribunales sumarios, se impulsa el diÔlogo, la verdad, el reconocimiento de responsabilidades y la reparación moral, simbólica o material.

Ā 

Gobierno de integración nacional de transición en Venezuela

Ā 

Con una duración de dos años, debe partir de criterios éticos, representativos y estratégicos. No se trata de personas individuales con protagonismo mesiÔnico, sino de un equipo plural, técnico y legitimado que pueda sostener un proceso de reconstrucción democrÔtica, con foco en la estabilización institucional y la reconciliación nacional. Su objetivo primordial es el diseño de una nueva Constitución y la organización de elecciones generales limpias, y desde el primer momento decretar una amnistía general y la liberación inmediata de todos los presos políticos.


1. Consejo Presidencial de Transición (CPT)

Ā 

Debe ser plural de 5 a 7 personas, sin aspiración electoral inmediata. RepresentarÔ la jefatura de Estado y Gobierno durante 24 meses. Toma decisiones por consenso o mayoría calificada. Deben ser figuras con reconocimiento ético, técnico o moral nacional e internacional. Representantes de sectores democrÔticos de la sociedad civil, academia, gremios, iglesias, medios de comunicación, sectores militares institucionales, empresarios, oposición plural y del gobierno que no estén comprometidos con violaciones de DDHH y no haber sido responsables directos de crímenes de lesa humanidad, corrupción sistemÔtica o violaciones de DDHH.

Ā 

2. Consejo Consultivo Constitucional

Ā 

Constituido por 30 a 40 miembros que redactarÔn la nueva Constitución provisoria con participación social. Incluye juristas, constitucionalistas, líderes sociales, dirigentes de comunidades, universidades, que comprenda mujeres, jóvenes, sindicatos, empresarios, fuerzas armadas institucionales, entre otros sectores sociales. Puede estar acompañada por una misión de acompañamiento constitucional internacional.

Ā 

3. Comisión Nacional de la Verdad, Justicia y Reconciliación

Ā 

Se crea esta Comisión inspirada en modelos como SudÔfrica, Chile o Colombia. Con funciones para reconocer a las víctimas. Proponer medidas de amnistía diferenciada, según el grado de responsabilidad y de su cooperación con la verdad y la justicia. Proponer los resarcimientos sociales. Debe tener legitimidad ética. Pueden integrarla representantes de las iglesias, defensores de DDHH, víctimas, líderes interculturales y observadores internacionales con carÔcter de asesores.

Ā 

4. Gabinete TƩcnico Ejecutivo Transitorio

Ā 

Ministros técnicos, no partidistas en Ôreas clave como la economía, explotación petrolera y minera, turismo, educación, salud, justicia, relaciones exteriores, energía, alimentación, ambiente, Justicia, entre otros despachos. DeberÔn implementar medidas urgentes comenzando por la estabilización macroeconómica, la reactivación productiva, la restauración de servicios bÔsicos, la educación y salud. Podrían seleccionarse por convocatoria pública avalada por universidades, academias y gremios.

Ā 

5. Consejo Asesor de Emergencia Humanitaria y Económica

Ā 

Se invitarĆ” a organismos multilaterales y ONGs internacionales para que aporten planes, recursos, y hagan seguimiento al uso de fondos.

Ā 

6. Mesa de Seguridad Institucional

Ā 

Con participación de los mandos militares institucionales y líderes civiles con observadores internacionales. Se encargarÔ de asegurar la no retaliación militar durante el proceso, de garantizar la seguridad de la transición y de acompañar el retorno a la subordinación constitucional de la FAN.

Ā 

Principios que deben regir la selección del nuevo gobierno

Ā 

Inclusión amplia, sin hegemonía partidista. Equilibrio de género y diversidad cultural. Sin inhabilitaciones arbitrarias. Con un claro compromiso explícito con la democracia, los DDHH, la justicia y la renuncia a aspiraciones electorales inmediatas.

Ā 

¿Quiénes no deben integrar este gobierno?

Ā 

Figuras vinculadas a violaciones de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad. Responsables de actos de corrupción. Militares activos con un compromiso absoluto con la Constitución, y con el proceso de transición.

Ā 

¿Por qué las fuerzas armadas son necesarias?

Ā 

Venezuela es un país donde las instituciones civiles estÔn profundamente debilitadas o subordinadas. Las Fuerzas Armadas controlan buena parte del territorio, la economía y el orden público. Existen estructuras armadas paralelas como las milicias, colectivos, grupos irregulares y guerrillas internacionales. Una transición sin estabilidad podría abrir la puerta al caos, el conflicto o la fragmentación territorial, incluso, a la guerra civil con intervención extranjera. En ese sentido, ignorar el poder real de las fuerzas castrenses sería ingenuo.

Ā 

Condiciones

Ā 

Sin embargo, un gobierno cívico-militar puede ser útil solo si cumple con estas condiciones: Una transición pactada y limitada en el tiempo (mÔximo 24 meses). Presidido por una autoridad civil con respaldo nacional e internacional. Participación militar en el Consejo Presidencial de Transición y en las Ôreas de orden público, seguridad fronteriza, infraestructura y apoyo logístico. Compromiso público y verificable de retorno al orden constitucional y elecciones libres con mecanismos ciudadanos de contraloría ética.

Ā 

¿Qué riesgos conlleva?

Ā 

Muchos, si no se maneja con extrema claridad y firmeza, puede surgir una militarización prolongada del poder civil, o la resistencia a entregar cuotas de control económico. TambiĆ©n la pĆ©rdida de confianza de la ciudadanĆ­a si se percibe impunidad. Asimismo, existe la posibilidad de división interna en las propias fuerzas armadas. Por eso, mĆ”s que ā€œun gobierno militar con civilesā€, lo que proponemos es, un gobierno de transición cĆ­vico con acompaƱamiento militar subordinado, como parte de este pacto de reconciliación, reinstitucionalización y reconstrucción nacional.

Ā 

PsicologĆ­a del poder

Ā 

La transición venezolana no puede ignorar que los militares han sido actores de identidad y control por mÔs de dos décadas. Negarlos genera reacción. Incluirlos con límites y condiciones claras puede permitir un proceso de descompresión y reintegración al orden constitucional.

Un liderazgo civil inteligente sabría darles garantías institucionales, pero no privilegios permanentes. Abrirles espacios en la reconstrucción nacional, no en la perpetuación del mando y pedirle respeto a la ciudadanía, y ofrecerles dignidad y formación para su rol.

Ā 

Ni odio, ni ingenuidad

Ā 

La transición venezolana no se resolverÔ con venganza ni con ingenuidad. Requiere lucidez, firmeza moral y sentido de realidad. Crear este gobierno de reconstrucción con presencia cívico-militar limitada, ética y transitoria, puede ser una vía inteligente para evitar un vacío de poder, contener el caos, y abrir el camino a una democracia duradera. Pero solo si se entiende que la misión y el deber ser de los militares es servir a la nación. No gobernarla.

Ā 

¿Qué ganaría el país con esta vía?

Ā 

Evitar una guerra civil, un golpe preventivo o un baƱo de sangre. Desactivar el miedo de quienes hoy tienen poder y podrĆ­an boicotear la transición. Dar un ejemplo al mundo de que se puede hacer justicia sin venganza. Iniciar la sanación emocional de una nación fracturada. ĀæY si no hay amnistĆ­a? En el mejor de los casos el conflicto se prolongarĆ”. Se generarĆ” una narrativa de ā€œmĆ”rtiresā€ y ā€œtraidoresā€ que polarizarĆ” aĆŗn mĆ”s al paĆ­s y la reconstrucción institucional quedarĆ” atrapada en el pasado.

Por ello señalamos que amnistía sí, pero con la verdad, la reparación y las garantías. La amnistía no es un acto de debilidad. Es una herramienta política para liberar el futuro del secuestro del pasado. Si se hace con ética, transparencia, supervisión internacional y participación de las víctimas, puede ser el puente entre la dictadura que termina y la democracia que comienza.

Como dirĆ­a Nelson Mandela: ā€œEl perdón libera el alma. El resentimiento encadena.ā€ En SudĆ”frica (1995–2002), la Comisión de la Verdad y Reconciliación permitió que responsables del apartheid confesaran sus crĆ­menes a cambio de no ser enjuiciados, si las vĆ­ctimas aceptaban la reparación. En Ruanda despuĆ©s del genocidio de 1994 se usaron los ā€œGacacaā€, juicios comunitarios para quienes participaron en el genocidio, promoviendo confesión, perdón y reintegración. En Colombia en el Proceso de paz con las FARC, a travĆ©s de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), se propuso una justicia transicional basada en la verdad, reparación y no repetición.

En Venezuela durante el primer gobierno del presidente Rafael Caldera (1969–1974), se llevó a cabo un importante proceso de pacificación nacional. Este proceso fue una de las polĆ­ticas mĆ”s significativas de su gestión y consistió en la reincorporación a la vida polĆ­tica y civil de los grupos guerrilleros de la izquierda radical, que habĆ­an surgido y actuado con las armas durante los gobiernos anteriores de Rómulo Betancourt y RaĆŗl Leoni, lo cual abrió canales de diĆ”logo y facilitó la reintegración de los insurgentes a la vida democrĆ”tica y legal, bajo el compromiso de abandonar la lucha armada.

La justicia restaurativa y el resarcimiento social no sustituyen al sistema penal, pero sí lo complementan cuando la justicia retributiva tradicional ya no basta, o es políticamente inviable. En un contexto como el venezolano, donde hay miles de víctimas, cientos de victimarios, y una sociedad fracturada, estos modelos permiten sanar heridas emocionales profundas. Evitar revanchas que generen nuevos traumas y sentar las bases para una paz duradera con memoria, dignidad y transformación.

Justicia no es venganza, es reconstrucción ya que no hay desarrollo posible si el alma estĆ” rota. La amnistĆ­a es una forma de ā€œcoserā€ esa alma colectiva, de permitir que una nación camine con la frente en alto, sin negar lo ocurrido, pero sin quedarse prisionera del odio o de la venganza. Permitir el asilo no es abdicar de la justicia, es apostar por una transición realista, Ć©tica y viable. Hablamos de la estabilización institucional y de una reconciliación nacional. El pueblo venezolano no necesita venganza, históricamente la revancha ha llevado a Venezuela a la situación actual. Necesita cerrar el ciclo con dignidad, memoria y un maƱana en paz.

Ā 

Una oportunidad para escribir una nueva historia

Ā 

Ustedes, señores generales, almirantes, oficiales, clases y tropa, tienen la posibilidad de ser recordados como los Emparan de esta época, los que evitaron una guerra civil, una invasión extranjera o un colapso total. SerÔn reconocidos como los garantes de la paz, la Constitución y la reconstrucción nacional.

Solo se les pide que actúen como militares al servicio de la Nación, no de una facción. Que honren su juramento. Que escuchen a su pueblo. Que permitan que Venezuela vuelva a soñar...

Con profundo respeto, fe en la patria y la esperanza en el porvenir,


Ā 

Nota: Me retiré de la política desde 1993. Desde 1998 resido y soy también ciudadano de los Estados Unidos. Me dedique por entero a mi profesión y a las ciencias del comportamiento y de la neurociencia, por lo que no ejerzo ni desempeñaré funciones de gobierno. 

21

”Gracias por suscribirte!

Suscríbete a nuestro boletín gratuito de noticias

Únete a nuestras redes y comparte la información

  • X
  • White Facebook Icon
  • LinkedIn

© 2022 Informe21

bottom of page