Carta abierta a las Fuerzas Armadas: Transición Patriótica

Señores, Ministro de la Defensa, y generales miembros integrantes del Alto Mando Militar de Venezuela: Me dirijo a ustedes no desde la confrontación, sino desde la historia, la reflexión y el compromiso con el destino de nuestra nación. Como venezolano, psicólogo y servidor público durante gobiernos democráticos, hoy les propongo considerar seriamente la posibilidad de liderar, desde una posición constitucional y patriótica, un proceso de transición nacional ordenada, pacífica y cívico-militar que abra paso a un nuevo pacto de convivencia y desarrollo para todos los venezolanos.

El momento histórico exige grandeza

Venezuela vive una crisis profunda que no es solo política, económica o institucional, es una crisis de esperanza colectiva, de tejido social destruido, de millones de conciudadanos forzados al exilio, de jóvenes sin futuro, de familias separadas, de una sociedad atrapada en el trauma. En este contexto, ustedes —como última institución aún organizada y operativa del Estado— tienen la posibilidad y la responsabilidad histórica de ser los garantes de una salida venezolana, pacífica, constitucional, democrática y ordenada.

Lecciones del pasado: Emparan, Washington, Caldera y CAP

En 1810, el entonces Capitán General de Venezuela, Mariscal de Campo Vicente Emparan, enfrentó la voluntad popular en la Plaza Mayor de Caracas. Preguntó al pueblo si querían que siguiera mandando. Al oír el rotundo “¡NO!”, respondió con dignidad: “Pues yo tampoco quiero mando.” No reprimió. No apeló a la fuerza. Renunció al poder y pasó a la historia como el hombre clave del 19 de abril que con su gesto sabio y honorable evitó una masacre.

Más de un siglo después, George Washington, comandante supremo de la revolución norteamericana, se negó a perpetuarse en el poder. Consciente de que una república no podía confundirse con una monarquía, renunció voluntariamente tras dos mandatos, sentando el precedente de la alternancia pacífica que aún sostiene la democracia estadounidense.

Una carta muy similar a este escrito, junto a otra, le entregué a Carlos Andrés Pérez siendo presidente, a final de 1992. Había sido miembro de su gabinete presidencial como ministro de Estado, y me desempeñaba como Ministro Plenipotenciario y Embajador de su gobierno en Canadá. En la primera misiva, le planteé que dimitiera para salvar las libertades en Venezuela, dando paso a las nuevas generaciones de dirigentes formados en democracia. La segunda carta era mi renuncia a mis cargos en su gobierno. CAP me explicó exactamente lo contrario: que él no renunciaría precisamente porque si lo hacía sí se perdería el régimen democrático. Así, en 1993, Carlos Andrés Pérez se negó a dimitir. Su permanencia terminó con un golpe institucional. La realidad fue que mantenerse en el poder significó su salida forzada del gobierno. Para mí, fue un golpe extrajudicial de los partidos tradicionales usando a la Corte Suprema de Justicia y al Congreso, controlado mayoritariamente por ellos. De allí nació la ola que hoy aún domina el poder actual. El costo ha sido altísimo.

Nicolás Maduro: La decisión que marcará su legado

Hoy, Nicolás Maduro tiene la oportunidad de evitar el derramamiento de sangre, la represión o el exilio forzado. Puede optar por la historia —como lo hizo Emparan— y ceder el poder en paz, evitando una tragedia mayor para él, sus allegados, y sobre todo, para la nación. Ustedes, como Alto Mando Militar, pueden convertirse en los garantes de esa transición democrática, protegiendo a la población, asegurando la paz ciudadana y resguardando el orden constitucional en una etapa de redefinición nacional.

Un Gobierno de Unidad Nacional y Transición

El juego político no da salida, porque el dilema estratégico es que sin respaldo militar, no hay transición viable. En Venezuela, la estructura de poder no es exclusivamente civil ni electoral, sino una simbiosis cívico-militar que ha sostenido al régimen durante más de dos décadas. Todo intento de cambio político que ignore el rol de la Fuerza Armada Nacional está condenado al fracaso o al caos. Pero eso no significa perpetuar el autoritarismo militarista. Significa reconocer que una transición estable y realista exige el compromiso del único cuerpo con capacidad coactiva organizada.

¿Qué tipo de poder militar se necesita?

No una cúpula subordinada a un proyecto ideológico, sino una instancia transitoria, institucional, garante de la paz y de los acuerdos nacionales. Un poder militar que acompañe una transición cívico-militar constitucional. Se despolitice progresivamente. Garantice la no intervención armada ni de factores internos ni externos durante el proceso. Proteja a todos los actores involucrados, incluidos los salientes y los entrantes, y se subordine con fecha y condiciones claras a un nuevo orden constitucional.

Desde la psicología política: ¿por qué sería aceptable esta vía?

Porque un gobierno provisional cívico militar, evita el vacío de poder traumático, que genera anarquía o nuevas tiranías y desactiva el miedo en quienes aún sostienen el poder, dado que evita el “todo o nada”. Porque permite a la ciudadanía reencontrarse con sus instituciones, sin trauma revolucionario ni venganzas.

El reconocimiento del rol de las FAN como garantes del proceso de transición permite la creación de un Consejo de Seguridad Democrática Transitorio, con civiles y militares. La firma de un pacto nacional con cronograma, metas y límites definidos. Un compromiso internacional de no intervención y acompañamiento multilateral, y la condición explícita de que tras dos años, el poder militar debe regresar a los cuarteles, subordinado a una nueva Constitución.

No se trata de que las fuerzas armadas asuman el poder. Se trata de comprometerse con el rescate de la República. Porque si el uniforme vuelve a ser sinónimo de soberanía, de paz y de reconstrucción nacional —y no de represión ni privilegios— entonces el futuro aún es posible. Y tal vez —como ocurrió con el modelo chileno de transición post-Pinochet, el rol de los militares en la transición española postfranquista, o incluso, los acuerdos de seguridad en Colombia tras el proceso con las FARC— será precisamente una parte del viejo poder quien abra paso al nuevo país.

Objetivos en dos años

Convocar una Asamblea Constituyente plural y democrática. Redactar una nueva Constitución centrada en los derechos, el equilibrio de poderes y la reconstrucción institucional. Establecer un Plan Nacional de Emergencia social y económica. Preparar elecciones libres, con observación internacional.

Este gobierno provisional, civil y castrense, sería integrado por representantes de todos los sectores nacionales: civiles, académicos, militares en retiro y activos, líderes religiosos, de los medios de comunicación, dirigentes comunales y políticos democráticos.

Justicia restaurativa, reconciliación y amnistía condicionada

En lugar de promover la venganza, este proceso debería contemplar una justicia restaurativa que escuche a las víctimas y procure reparación sin destrucción. Un proceso de amnistía condicionada, especialmente para funcionarios civiles y militares que cooperen con la transición y que prevea la posibilidad de asilo o exilio voluntario, en condiciones garantizadas, para figuras clave del actual régimen que decidan retirarse sin obstruir la transición.

El asilo o exilio

Las transiciones de dictaduras a democracias exitosas —como la de España post-Franco, Chile post-Pinochet o incluso Sudáfrica post-apartheid— ofrecieron salidas negociadas a sectores del régimen anterior, en vez de aplastarlos. Esto facilitó pactos políticos, garantías de no venganza inmediata, y estabilidad institucional. Separar a los irreconciliables del proceso nacional. Algunos líderes actuales no se integrarían nunca a una Venezuela democrática. Su salida negociada puede destrabar el proceso y permitir oxigenar las instituciones.

Entre los riesgos que significa este asilo es que puede ser percibido como impunidad si no se acompaña de reconocimiento del daño y compromiso de no retorno político. Puede convertirse en refugio de conspiración o impunidad internacional, como ocurrió con algunos dictadores que escaparon y siguieron influyendo desde el extranjero. Puede herir la memoria de las víctimas si no se comunica con claridad ni se gestiona con respeto.

¿Qué es justicia restaurativa y resarcimiento social?

Es una forma de justicia que busca reparar el daño causado a las víctimas y a la sociedad. Más que castigar, busca reconocer, sanar, reconstruir relaciones. En lugar de cárceles masivas o tribunales sumarios, se impulsa el diálogo, la verdad, el reconocimiento de responsabilidades y la reparación moral, simbólica o material.

Gobierno de integración nacional de transición en Venezuela

Con una duración de dos años, debe partir de criterios éticos, representativos y estratégicos. No se trata de personas individuales con protagonismo mesiánico, sino de un equipo plural, técnico y legitimado que pueda sostener un proceso de reconstrucción democrática, con foco en la estabilización institucional y la reconciliación nacional. Su objetivo primordial es el diseño de una nueva Constitución y la organización de elecciones generales limpias, y desde el primer momento decretar una amnistía general y la liberación inmediata de todos los presos políticos.

1. Consejo Presidencial de Transición (CPT)

Debe ser plural de 5 a 7 personas, sin aspiración electoral inmediata. Representará la jefatura de Estado y Gobierno durante 24 meses. Toma decisiones por consenso o mayoría calificada. Deben ser figuras con reconocimiento ético, técnico o moral nacional e internacional. Representantes de sectores democráticos de la sociedad civil, academia, gremios, iglesias, medios de comunicación, sectores militares institucionales, empresarios, oposición plural y del gobierno que no estén comprometidos con violaciones de DDHH y no haber sido responsables directos de crímenes de lesa humanidad, corrupción sistemática o violaciones de DDHH.

2. Consejo Consultivo Constitucional

Constituido por 30 a 40 miembros que redactarán la nueva Constitución provisoria con participación social. Incluye juristas, constitucionalistas, líderes sociales, dirigentes de comunidades, universidades, que comprenda mujeres, jóvenes, sindicatos, empresarios, fuerzas armadas institucionales, entre otros sectores sociales. Puede estar acompañada por una misión de acompañamiento constitucional internacional.

3. Comisión Nacional de la Verdad, Justicia y Reconciliación

Se crea esta Comisión inspirada en modelos como Sudáfrica, Chile o Colombia. Con funciones para reconocer a las víctimas. Proponer medidas de amnistía diferenciada, según el grado de responsabilidad y de su cooperación con la verdad y la justicia. Proponer los resarcimientos sociales. Debe tener legitimidad ética. Pueden integrarla representantes de las iglesias, defensores de DDHH, víctimas, líderes interculturales y observadores internacionales con carácter de asesores.

4. Gabinete Técnico Ejecutivo Transitorio

Ministros técnicos, no partidistas en áreas clave como la economía, explotación petrolera y minera, turismo, educación, salud, justicia, relaciones exteriores, energía, alimentación, ambiente, Justicia, entre otros despachos. Deberán implementar medidas urgentes comenzando por la estabilización macroeconómica, la reactivación productiva, la restauración de servicios básicos, la educación y salud. Podrían seleccionarse por convocatoria pública avalada por universidades, academias y gremios.

5. Consejo Asesor de Emergencia Humanitaria y Económica

Se invitará a organismos multilaterales y ONGs internacionales para que aporten planes, recursos, y hagan seguimiento al uso de fondos.

6. Mesa de Seguridad Institucional

Con participación de los mandos militares institucionales y líderes civiles con observadores internacionales. Se encargará de asegurar la no retaliación militar durante el proceso, de garantizar la seguridad de la transición y de acompañar el retorno a la subordinación constitucional de la FAN.

Principios que deben regir la selección del nuevo gobierno

Inclusión amplia, sin hegemonía partidista. Equilibrio de género y diversidad cultural. Sin inhabilitaciones arbitrarias. Con un claro compromiso explícito con la democracia, los DDHH, la justicia y la renuncia a aspiraciones electorales inmediatas.

¿Quiénes no deben integrar este gobierno?

Figuras vinculadas a violaciones de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad. Responsables de actos de corrupción. Militares activos con un compromiso absoluto con la Constitución, y con el proceso de transición.

¿Por qué las fuerzas armadas son necesarias?

Venezuela es un país donde las instituciones civiles están profundamente debilitadas o subordinadas. Las Fuerzas Armadas controlan buena parte del territorio, la economía y el orden público. Existen estructuras armadas paralelas como las milicias, colectivos, grupos irregulares y guerrillas internacionales. Una transición sin estabilidad podría abrir la puerta al caos, el conflicto o la fragmentación territorial, incluso, a la guerra civil con intervención extranjera. En ese sentido, ignorar el poder real de las fuerzas castrenses sería ingenuo.

Condiciones

Sin embargo, un gobierno cívico-militar puede ser útil solo si cumple con estas condiciones: Una transición pactada y limitada en el tiempo (máximo 24 meses). Presidido por una autoridad civil con respaldo nacional e internacional. Participación militar en el Consejo Presidencial de Transición y en las áreas de orden público, seguridad fronteriza, infraestructura y apoyo logístico. Compromiso público y verificable de retorno al orden constitucional y elecciones libres con mecanismos ciudadanos de contraloría ética.

¿Qué riesgos conlleva?

Muchos, si no se maneja con extrema claridad y firmeza, puede surgir una militarización prolongada del poder civil, o la resistencia a entregar cuotas de control económico. También la pérdida de confianza de la ciudadanía si se percibe impunidad. Asimismo, existe la posibilidad de división interna en las propias fuerzas armadas. Por eso, más que “un gobierno militar con civiles”, lo que proponemos es, un gobierno de transición cívico con acompañamiento militar subordinado, como parte de este pacto de reconciliación, reinstitucionalización y reconstrucción nacional.

Psicología del poder

La transición venezolana no puede ignorar que los militares han sido actores de identidad y control por más de dos décadas. Negarlos genera reacción. Incluirlos con límites y condiciones claras puede permitir un proceso de descompresión y reintegración al orden constitucional.

Un liderazgo civil inteligente sabría darles garantías institucionales, pero no privilegios permanentes. Abrirles espacios en la reconstrucción nacional, no en la perpetuación del mando y pedirle respeto a la ciudadanía, y ofrecerles dignidad y formación para su rol.

Ni odio, ni ingenuidad

La transición venezolana no se resolverá con venganza ni con ingenuidad. Requiere lucidez, firmeza moral y sentido de realidad. Crear este gobierno de reconstrucción con presencia cívico-militar limitada, ética y transitoria, puede ser una vía inteligente para evitar un vacío de poder, contener el caos, y abrir el camino a una democracia duradera. Pero solo si se entiende que la misión y el deber ser de los militares es servir a la nación. No gobernarla.

¿Qué ganaría el país con esta vía?

Evitar una guerra civil, un golpe preventivo o un baño de sangre. Desactivar el miedo de quienes hoy tienen poder y podrían boicotear la transición. Dar un ejemplo al mundo de que se puede hacer justicia sin venganza. Iniciar la sanación emocional de una nación fracturada. ¿Y si no hay amnistía? En el mejor de los casos el conflicto se prolongará. Se generará una narrativa de “mártires” y “traidores” que polarizará aún más al país y la reconstrucción institucional quedará atrapada en el pasado.

Por ello señalamos que amnistía sí, pero con la verdad, la reparación y las garantías. La amnistía no es un acto de debilidad. Es una herramienta política para liberar el futuro del secuestro del pasado. Si se hace con ética, transparencia, supervisión internacional y participación de las víctimas, puede ser el puente entre la dictadura que termina y la democracia que comienza.

Como diría Nelson Mandela: “El perdón libera el alma. El resentimiento encadena.” En Sudáfrica (1995–2002), la Comisión de la Verdad y Reconciliación permitió que responsables del apartheid confesaran sus crímenes a cambio de no ser enjuiciados, si las víctimas aceptaban la reparación. En Ruanda después del genocidio de 1994 se usaron los “Gacaca”, juicios comunitarios para quienes participaron en el genocidio, promoviendo confesión, perdón y reintegración. En Colombia en el Proceso de paz con las FARC, a través de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), se propuso una justicia transicional basada en la verdad, reparación y no repetición.

En Venezuela durante el primer gobierno del presidente Rafael Caldera (1969–1974), se llevó a cabo un importante proceso de pacificación nacional. Este proceso fue una de las políticas más significativas de su gestión y consistió en la reincorporación a la vida política y civil de los grupos guerrilleros de la izquierda radical, que habían surgido y actuado con las armas durante los gobiernos anteriores de Rómulo Betancourt y Raúl Leoni, lo cual abrió canales de diálogo y facilitó la reintegración de los insurgentes a la vida democrática y legal, bajo el compromiso de abandonar la lucha armada.

La justicia restaurativa y el resarcimiento social no sustituyen al sistema penal, pero sí lo complementan cuando la justicia retributiva tradicional ya no basta, o es políticamente inviable. En un contexto como el venezolano, donde hay miles de víctimas, cientos de victimarios, y una sociedad fracturada, estos modelos permiten sanar heridas emocionales profundas. Evitar revanchas que generen nuevos traumas y sentar las bases para una paz duradera con memoria, dignidad y transformación.

Justicia no es venganza, es reconstrucción ya que no hay desarrollo posible si el alma está rota. La amnistía es una forma de “coser” esa alma colectiva, de permitir que una nación camine con la frente en alto, sin negar lo ocurrido, pero sin quedarse prisionera del odio o de la venganza. Permitir el asilo no es abdicar de la justicia, es apostar por una transición realista, ética y viable. Hablamos de la estabilización institucional y de una reconciliación nacional. El pueblo venezolano no necesita venganza, históricamente la revancha ha llevado a Venezuela a la situación actual. Necesita cerrar el ciclo con dignidad, memoria y un mañana en paz.

Una oportunidad para escribir una nueva historia

Ustedes, señores generales, almirantes, oficiales, clases y tropa, tienen la posibilidad de ser recordados como los Emparan de esta época, los que evitaron una guerra civil, una invasión extranjera o un colapso total. Serán reconocidos como los garantes de la paz, la Constitución y la reconstrucción nacional.

Solo se les pide que actúen como militares al servicio de la Nación, no de una facción. Que honren su juramento. Que escuchen a su pueblo. Que permitan que Venezuela vuelva a soñar...

Con profundo respeto, fe en la patria y la esperanza en el porvenir,

Vladimir Gessen. Psicólogo

psicologosgessen@hotmail.com

Nota: Me retiré de la política desde 1993. Desde 1998 resido y soy también ciudadano de los Estados Unidos. Me dedique por entero a mi profesión y a las ciencias del comportamiento y de la neurociencia, por lo que no ejerzo ni desempeñaré funciones de gobierno.