La organización Human Rights Watch (HRW) dio a conocer su diagnóstico sobre Venezuela, según el cual el país vive una “emergencia humanitaria” y agrega que para el período 2022-2023 estima que hay 5,2 millones de personas que precisan asistencia en áreas como salud, seguridad alimentaria y agua, saneamiento e higiene.
Agrega el informe que "la mayoría de los venezolanos enfrentan dificultades para acceder a alimentos, y que hay 10,9 millones de personas subalimentadas o con hambre crónica. Cerca de 4,3 millones deben privarse de alimentos, incluyendo pasar días sin comer."
La emergencia incluye el sistema de salud, que según el diagnóstico de HRW, está colapsado lo que "ha favorecido que aumenten las enfermedades infecciosas y la reaparición de otras que podrían prevenirse con vacunas. (...) Hasta marzo, aproximadamente 8,4 millones de personas enfermas tenían dificultades para recibir atención médica, y más de 9 millones de personas que necesitaban medicamentos e insumos de salud eran inaccesibles."
Todos los elementos de esa emergencia humanitaria provocaron la reacción de trabajadores que reclaman mejor calidad de vida y salarios dignos:
Las protestas no se han limitado a Caracas, donde fueron colocadas tarimas en la ruta que los maestros habían anunciado para su marcha de este lunes 16 de enero.
La Conferencia Episcopal Venezolana también levantó su voz:
El mismo día del pronunciamiento de la Conferencia Episcopal -jueves 12 de enero- el presidente Nicolás Maduro presentaba su Memoria y Cuenta 2022 a la Asamblea Nacional.
En su intervención, apoyado con gráficas, responsabilizó a las sanciones de Estados Unidos, por la crítica situación de Venezuela.
Ese día el precio del dólar, según el Banco Central de Venezuela, era 19,05 bolívares. Hoy, 16 de enero, según la misma fuente, es 19,45 y el salario y las pensiones no han cambiado. Ante la angustia y las protestas, el presidente Maduro asegura que no fallará.
"El que espera desespera" y para los venezolanos ha sido larga la espera. Unos, en la desesperación se han ido buscando nuevos horizontes - se estima en 7,1 millones- otros se han quedado esperando el cumplimiento de ese compromiso gubernamental que ha sido repetido por varios años, en medio de una oposición enfrentada y desconectada de la emergencia humanitaria que retrata el informe de Human Rights Watch.