Las noticias políticas del 1Sep en Venezuela

Defensa de Maduro y Flores intentará frenar el juicio en EE.UU Foto: "X"

Una mirada a las informaciones más relevantes del plano político venezolano.

Defensa Maduro-Flores reclamará inmunidad en un intento por frenar proceso penal en EEUU

La defensa legal de Nicolás Maduro y Cilia Flores intentará frenar el proceso penal en Estados Unidos argumentando la inmunidad diplomática como jefe de Estado y cuestionando la legalidad de su aprehensión por parte de fuerzas militares estadounidenses.

Según la agencia Reuters, la defensa prepara un conjunto de mociones ante el Tribunal Federal de Distrito en Manhattan para solicitar que se desestimen los cargos por narcotráfico.

El abogado Barry Pollack enfrenta una batalla cuesta arriba para convencer al juez de distrito de EEUU, Alvin Hellerstein, con sus argumentos, aunque el derecho internacional generalmente protege a los jefes de Estado en ejercicio de ser procesados en los tribunales de otros países.

El precedente legal favorece a los fiscales, dijeron los expertos. Señalan el intento fallido del exdictador panameño Manuel Noriega de invocar inmunidad de jefe de Estado después de que el ejército estadounidense lo capturara y lo llevara a Miami por cargos de tráfico de drogas.

En 1990, un juez federal rechazó el argumento de Noriega porque nunca ostentó oficialmente el título de presidente.

Un factor que Hellerstein podría sopesar es si Venezuela, ahora dirigida por la exvicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, respalda su reclamo de inmunidad. Al confirmar la condena de Noriega, un tribunal de apelaciones señaló que Panamá nunca pidió inmunidad para él.

Aunque los casos penales estadounidenses que involucran a jefes de Estados extranjeros o a personas capturadas por la fuerza en el extranjero son extremadamente raros, los casos anteriores que guardan similitudes con el de Maduro no le son favorables, dijeron a Reuters seis expertos estadounidenses en derecho internacional y defensa penal.

El principio de que los jefes de Estado en ejercicio son inmunes al procesamiento en el extranjero se considera fundamental para la diplomacia. Es probable que Maduro argumente que su procesamiento viola este principio.

Se espera que los fiscales contraargumenten que Washington no ha reconocido a Maduro desde 2019, cuando fue investido después de unas elecciones de 2018 que EEUU consideró amañadas. Estados Unidos también calificó de fraudulenta su reelección de 2024. Maduro dice que ambas votaciones fueron justas.

El inicio de una etapa

El abogado  Nizar El Fakih, quien ha seguido el caso Maduro-Flores, señaló en su cuenta en X que la defensa ya tiene lista su primera moción para presentarla en las próximas horas.

No obstante, precisó que esta acción solo dará inicio a una "etapa que producirá varias semanas de importantes novedades procesales antes de que el asunto quede sometido a decisión del juez".

Indicó que la Fiscalía ya ha preparado sus argumentos para responder y está a la espera de que la defensa formalice la presentación.

El inicio del juicio contra Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores comenzará el 1 de junio de 2027, según lo acordado por el juez federal Alvin K. Hellerstein el pasado 22 de julio durante una audiencia en la que también se fijó un calendario de mociones previas al juicio y se abordaron los plazos para la entrega de evidencia clasificada. Reseñado por talcualdigital.com

Alejandro Betancourt y el acuerdo entre EE.UU. y Venezuela

El “histórico acuerdo petrolero” entre Estados Unidos y Venezuela, impulsado por el presidente Donald Trump, gira en torno a Alejandro Betancourt, un polémico empresario caraqueño de 46 años con un pasado controvertido y una larga trayectoria de apoyo a intereses estadounidenses, incluido el operativo que terminó con la captura de Nicolás Maduro.

Según un reportaje del portal informativo Axios publicado este 1 de septiembre de 2026, Betancourt dirige la compañía que entra en una asociación inédita con el Pentágono.

El pacto otorga a Estados Unidos acceso a importantes campos petroleros venezolanos en un momento de bajas reservas estadounidenses.

“Sin Betancourt, no hay acuerdo de seguridad energética. Y Maduro podría seguir en el poder si no fuera por él”, afirmó un funcionario estadounidense a Axios.

Rol en la transición

Durante las exigencias de Trump para que Maduro abandonara el poder, Betancourt desempeñó un papel clave sondeando a la vicepresidenta Delcy Rodríguez sobre su disposición a asumir el gobierno. Mantuvo contacto regular con Mauricio Claver-Carone, el intermediario no oficial de Trump para Venezuela.

El 3 de enero de 2026, día de la captura de Maduro por fuerzas militares estadounidenses, Claver-Carone se comunicaba por teléfono con Betancourt, quien a su vez hablaba con Rodríguez. Según un aliado del empresario, Rodríguez creyó inicialmente que Estados Unidos había matado a Maduro y se sintió traicionada; Betancourt la calmó y la convenció de dialogar con el secretario de Estado Marco Rubio para asumir el control del país.

La relación de Betancourt con el gobierno estadounidense se remonta al primer mandato de Trump, cuando Claver-Carone dirigía asuntos del hemisferio occidental en el Consejo de Seguridad Nacional. En 2019, Betancourt actuó como intermediario entre la oposición venezolana (incluido Juan Guaidó) y figuras políticas y militares para promover una transición, e incluso viajó a Moscú para entregar una carta pidiendo a Rusia que dejara de apoyar a Maduro.

Maduro sobrevivió a ese intento, ordenó la detención de Betancourt y le confiscó activos y su empresa petrolera. En 2023, Rodríguez convenció a Maduro de reincorporarlo por su reputación como “hombre de rescates” en el sector petrolero, con la condición de que se distanciara de la oposición.

Betancourt enfrentó una investigación internacional por lavado de dinero de 1.200 millones de dólares, que en 2019 llevó a la acusación de su primo y otros venezolanos en Miami. Uno de sus abogados entonces, Rudy Giuliani, se reunió con altos funcionarios del Departamento de Justicia para argumentar que Betancourt no conocía el delito.

Nunca fue acusado formalmente. Seis años después, autoridades suizas reactivaron el caso y lograron un registro en su castillo español El Alamín y su oficina en Madrid. Esta primavera, funcionarios estadounidenses, incluida la entonces fiscal general Pam Bondi, pidieron a Suiza que pausara la investigación por la importancia de Betancourt en la política exterior.

Tras la intervención, Suiza informó a un tribunal británico que no estaba lista para proceder, lo que permitió a Betancourt viajar en junio y cerrar el acuerdo.

Detalles del acuerdo

Hacia mediados de agosto se alcanzó un acuerdo de palabra entre Betancourt, Rodríguez y funcionarios del Departamento de Estado y de la Oficina de Capital Estratégico del Pentágono. Según los términos:

• Venezuela recibe entre el 16% y el 40% de la producción, según el campo, más impuestos.

• Estados Unidos no invierte dinero, obtiene una participación del 35% y el 20% del petróleo después de impuestos al costo de producción (alrededor de 30 dólares por barril).

• La empresa de Betancourt, North American Blue Energy Partners, accede a 17 campos con el respaldo implícito del ejército estadounidense.

“Ningún otro petrolero puede decir que tiene al Pentágono de su lado”, dijo un funcionario estadounidense. Expertos energéticos han criticado el pacto como potencialmente inviable y poco probable que reduzca pronto los precios de la gasolina.

Algunos venezolanos lo califican de “cleptocrático” y tildan a Betancourt de “bolichico”.

Su abogado, Jon Sale, defendió a su cliente: “Ha sido investigado por los suizos y por el DOJ durante mucho tiempo sobre hechos muy antiguos. No solo nunca ha sido condenado, sino que ni siquiera ha sido acusado de ninguna actividad criminal. Está en una posición única para este momento histórico”. Con información de efectococuyo.com

AN aprueba por unanimidad la Reforma a la Ley Orgánica del TSJ

En sesión extraordinaria de este martes 1 de septiembre, los diputados de la Asamblea Nacional (AN) aprobaron por unanimidad la Reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la cual contempla la modificación del Comité de Postulaciones Judiciales para la designación o renovación de magistrados.

Con esta aprobación se eleva de 21 a 23 los miembros del Comité de Postulaciones, de los cuales 11 serían diputados y 12 miembros de los distintos sectores de la sociedad civil, en comparación con la estructura anterior, en la cual eran 21 integrantes (11 parlamentarios y 10 de la sociedad civil).

Los diputados nacionales aprobaron la reforma legal, la cual ahora aguarda por su promulgación, luego de que el 27 de agosto sancionaran esta ley en primera discusión.

En la sesión de primera discusión el diputado Pedro Infante, primer vicepresidente de la AN, indicó que la iniciativa de reforma está relacionada con las conversaciones entre la delegación del Gobierno Nacional y un sector de la oposición.

"Como resultado de ese diálogo hubo un acuerdo que se firmó el pasado 12 de agosto de este año […] Y en ese sentido, uno de los acuerdos plantea iniciar un proceso que contribuya a la transformación del sistema de justicia y se plantea la reforma a la Ley Orgánica del TSJ específicamente el artículo 65", dijo en esa oportunidad. Con información de bancaynegocios.com

ONG exige al Gobierno de Venezuela que atienda irregularidades en las cárceles del país

Activistas de la ONG Alianza por la Libertad de los Presos Políticos exigieron este martes al ministro para el Servicio Penitenciario de Venezuela, Julio García Zerpa, que atienda lo que consideraron como irregularidades en las cárceles del país, donde la alimentación y la atención de salud es deficiente, según denunciaron.

"Exigimos que el señor ministro Julio García Zerpa hable con los familiares para que entienda todas las irregularidades, las torturas, el maltrato, la mala alimentación, la mala atención médica y tiene que darnos una respuesta", manifestó Yessica Castro, activista de la organización.

Castro declaró desde las afueras del Ministerio para el Servicio Penitenciario, en Caracas, donde indicó que el titular de este despacho debería "ir a cada centro de reclusión" y asegurar que estén "en buen estado".

"No son capaces ni siquiera de hacerles (a los presos) un examen (médico) y llamar a sus familiares para que estén al tanto. Seguimos teniendo muertos bajo el régimen. Seguimos teniendo personas que están graves de salud", subrayó Castro.

El pasado 20 de agosto, Amnistía Internacional y familiares de presos políticos reclamaron una "atención médica oportuna» en las cárceles venezolanas, donde, según aseguraron los allegados de los detenidos, las condiciones pueden afectar o agravar la salud de los reclusos, hay demoras en las evaluaciones y falta de exámenes o imposibilidad de acceder a especialistas para afecciones específicas.

En una transmisión en YouTube, organizada por Amnistía Internacional, la activista Andreína Baduel subrayó entonces que las condiciones de reclusión en Venezuela "no se ajustan a los estándares internacionales, por lo cual el que no entra enfermo se va enfermando en la cárcel porque no recibe atención médica especializada y oportuna".

Este martes 1 de septiembre la ONG Foro Penal indicó que en Venezuela hay 328 presos políticos, de los cuales 317 son hombres y 11 son mujeres, según un boletín con fecha de corte hasta el pasado 31 de agosto.

El Gobierno encargado de Delcy Rodríguez niega que en Venezuela haya presos políticos y asegura que son personas que cometieron delitos, una afirmación que rechazan partidos opositores y organizaciones derechos humanos. Con información de swi