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El Gobierno conspira contra la ruta electoral


El régimen conspira constantemente contra la democracia representativa y participativa. Foto: Mohamed_hassan, Pixabay

Con frecuencia distintos dirigentes de la oposición subrayan que se mantendrán en la ruta electoral a pesar de los desafueros del Gobierno. Esas recurrentes declaraciones están influidas por el fantasma de la abstención en las elecciones legislativas de 2005, que le permitió a Hugo Chávez apoderarse de la Asamblea Nacional e imponer el Estado autoritario que fue consolidándose con el paso de los años. Otro factor decisivo fue la abstención masiva en los comicios presidenciales de 2018. Henri Falcón, para ese momento distanciado del chavismo, fue el único dirigente que se atrevió a competir con Nicolás Maduro en las arbitrarias elecciones convocadas por la constituyente presidida por Diosdado Cabello. Los jefes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) acusaron a la oposición de abstencionista y de buscar una vía distinta a los comicios para impulsar el cambio de Gobierno.


Una suerte de complejo de culpa debido a esos errores tortura el alma de numerosos líderes opositores. Se sienten obligados a insistir en su convicción de que la vía electoral es la única ruta legítima para lograr las transformaciones que la nación requiere.


Hay que superar esa etapa culposa. Llegó el momento de pasar a la ofensiva. Desde hace casi dos décadas los únicos que creen genuinamente en la importancia del voto, la consulta popular y la democracia son los sectores opositores, con sus matices y diferencias. En cambio, el régimen conspira constantemente contra la democracia representativa y participativa, y contra el significado que la Constitución le confiere al voto como expresión de la voluntad popular.


No voy a contar la historia que muchos conocen. Sin embargo, para no remontarme a los inicios de la era chavista, voy a recordar lo ocurrido con la Asamblea Nacional electa en 2015. Este foro democrático fue atenazado y anulado por los órganos del Estado controlados por el PSUV, en especial por el Tribunal Supremo de Justicia. La cúpula del Poder Judicial llegó al extremo de mantener durante seis años al estado Amazonas sin representación parlamentaria, con el fin de impedir que se formalizara la mayoría absoluta que los votantes del país les habían concedido a los diputados opositores. Luego, legalizó la existencia de ese esperpento llamado Constituyente, electa en 2016, que se convirtió en un ente paralelo a la Asamblea Nacional, único órgano legislativo legítimo previsto en la Carta Magna.


Las tropelías antidemocráticas y antielectorales del régimen han recobrado fuerza con motivo de la organización de la elección primaria organizada por la Plataforma Unitaria para elegir el candidato que la representará en la cita de 2024. El régimen ha activado diversos mecanismos de chantaje, intimidación y descalificación contra un proceso absolutamente democrático, legal y legítimo. Mientras en Argentina el gobierno peronista, primo hermano del gobierno de Maduro, respeta la Constitución al promover y financiar con recursos públicos las Primarias Amplias, Simultáneas, Obligatorias (PASO), el régimen venezolano obstaculiza la marcha de la consulta.


El régimen amenaza a los miembros de la Comisión Nacional de Primaria con encarcelarlos porque supuestamente el origen de los recursos financieros es opaco. Cierra locales comerciales o establecimientos donde los aspirantes realizan actos proselitistas o simplemente van a cenar. Inventa bulos, magnifica diferencias naturales entre los aspirantes o desinforma a la población. Mantiene inhabilitadas a las figuras más populares. Pareciera que la Primaria constituye una inmensa conspiración contra el Estado, cuando en realidad se trata de un episodio rutinario en cualquier democracia. En el "odiado" imperialismo norteamericano los demócratas y los republicanos organizan sus respetivas primarias sin sobresaltos de ninguna naturaleza.


El torpedeo constante a la Primaria no ha tenido el éxito esperado. El proceso ha seguido su curso a pesar de los contratiempos. El Gobierno se equivocó al pensar que implotaría porque la oposición era incapaz de organizarla debido a sus diferencias y limitaciones. El tiempo

para valerse del TSJ con la finalidad de ilegalizarla o "inhabilitarla", está acabándose. Además, de ser cierto que hay en marcha una negociación en medio de bambalinas entre el Gobierno y la Oposición, con el arbitraje de Estados Unidos, las posibilidades de que Maduro fulmine

esa consulta se reducen notablemente. No puede haber diálogo si el régimen dinamita la Primaria, el principal instrumento de la oposición para lograr su representante unitario en la próxima elección presidencial.


La cúpula madurista está intentando salirse del rumbo democrático. Aspira a construir un canal electoral "legal" por el cual circular sin problemas ni sorpresas desagradables. La oposición tendrá que persistir en su estrategia, señalando que el régimen es el único que conspira contra la democracia y las elecciones.


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