Así puede ser Venezuela en 5, 10 y en 15 años

Una nación posible para todos los venezolanos convertida en prosperidad a través de una visión económica, productiva, social y democrática… ¿Puede ser Venezuela esa potencia turística, además de petrolera y minera, y productora de bienes y servicios para el bienestar de todos?

El país donde nacimos puede transfigurarse, en el lapso de una generación, en una de las naciones más privilegiadas del continente. Con más de 2.700 km de costa, una diversidad ecológica excepcional y las mayores reservas de petróleo del mundo —más de 303 mil millones de barriles— además de importantes recursos mineros, una agroindustria y un potencial turístico por desarrollar, el país posee un potencial de expansión que va mucho más allá de la simple explotación de sus recursos naturales.

Sin embargo, durante décadas, al privilegiar la política y la fantasía comunista sobre la economía real, Venezuela no solo dejó de desarrollarse, sino que se empobreció hasta el límite. La dependencia del petróleo, unida a una corrupción descomunal, nos condenó a ciclos de auge y colapso, debilitó las instituciones, y terminó destruyendo la propia industria petrolera, cuya producción cayó cerca de un 67 % de su máximo. Frente a este fracaso, proponemos un plan de desarrollo integral democrático y de libre mercado, basado en tres pilares productivos —energía, recursos minerales y turismo— junto al fortalecimiento de la empresa privada, la transformación del campo, y la inversión en capital humano, todo sustentado en reglas claras, seguridad jurídica, transparencia fiscal y apertura a la inversión internacional.

Recuperación y expansión del sector petrolero y energético

La nueva ley de hidrocarburos en Venezuela para permitir la entrada de capital extranjero en la explotación petrolera representa un primer paso histórico pero es apenas el primer escalón. Hoy se producen alrededor un millón de barriles de petróleo por día (mbd), un tercio de lo que fue su producción histórica. Con inversiones sostenidas, esta cifra puede elevarse de forma gradual. En un escenario razonablemente sólido, la producción podría alcanzar 1,4 mbd en 3 años, 2,5 mbd en 10 años, y 3,0 mbd en adelante y aumentando. Con un valor promedio del crudo en torno al precio de hoy —de 55 a 60 dólares por barril— los ingresos brutos anuales en los primeros 5 años serían de US$ 31 mil millones por año en promedio. En 10 años US$ 50 mil millones por año, y en 15 años US$ 63 mil millones por año, a precios actuales. Este escenario requiere un entorno de inversión privada e internacional muy fuerte y sostenido, con rehabilitación de la infraestructura y una mayor eficiencia exportadora, además de precios petroleros relativamente estables. Los valores anteriores son brutos. Tras costos de extracción, transporte, seguros, descuento de calidad de crudo pesado, regalías y participaciones petroleras, el monto neto disponible para el fisco puede ser menor hasta en un 40 %.

Cuadro de ingresos brutos petroleros proyectados anuales

Si el precio del petróleo supera el promedio, como consecuencia de tensiones geopolíticas o recortes de oferta, los ingresos pueden subir sustancialmente. Además, no toda producción se exporta ya que una parte se consume internamente o se destina a refinación local, lo que también afecta los ingresos de estas divisas.

Principales minerales con potencial económico

Estimados en tres horizontes de 5, 10 y 15 años de una producción anual de los siguientes rubros mineros tras una inversión internacional, y su explotación, y basados en comparación con países mineros de similar geología. Los precios mundiales promedio asumidos para cada mineral es al precio de mercado durante 2025. La participación estatal neta —y realista— tras costos e impuestos, suponiendo una política fiscal competitiva sería de alrededor del 30 al 50 % del valor bruto, como ocurre en regímenes fiscales mineros modernos en América Latina y África. Los precios asumidos, referenciales de 2025 contemplan el oro, el diamante, el Coltán, y las tierras raras. No se tomó en cuenta el Uranio por no tener suficiente data. En cuanto a la producción anual del Oro, en 5 años estimamos 17 toneladas/año. En 10 años con 30 toneladas/año, y en 15 años 45 toneladas/año. Los ingresos brutos anuales en los primeros 5 años serían US$ 1,310 millones. En 10 años US$1,995 millones en promedio anual y en 15 años: US$2,950 millones de ingresos brutos anuales. Con la producción de Diamantes se estiman Ingresos brutos en 5 años de US$600 a 1,200 millones, en 10 años US$1,200 a 2,250 millones, y en 15 años de US$1,800 a 3,750 millones, con una participación fiscal neta del 30 al 40 %. En relación al Coltán, si se procede a su explotación podría lograrse una participación fiscal neta del 30 al 40 %, en 5 años de US$400 a 800 millones. En 10 años de US$1.2 a 2.0 mil millones y en 15 años de US$ 2.8 a 4.0 mil millones. Aunque este es uno de los rubros inciertos porque no existen reservas certificadas en este momento. De confirmarse la existencia de tierras raras y otros minerales críticos la escala de producción dependerá de áreas específicas y la tecnología, y sería muy similar a productores como Australia o Brasil en nichos. La proyección posible de ingresos brutos sería en 5 años de US$ 150 a 300 millones. En 10 años de US$ 450 a 750 millones y en 15 años de US$ 900 a 1,500 millones. Veamos los ingresos netos fiscales en el siguiente cuadro.

La meta al final del período es clara, la minería debe estabilizar un ingreso anual de cerca de los 10 mil millones de dólares netos y anuales al Estado.

La industria sin chimenea: Turismo

El Caribe y América Latina han experimentado una recuperación notable del turismo tras la pandemia, recuperando la tendencia general al crecimiento continuo del flujo de visitantes.

El turismo en México representa del 8.7 % al 15 % del PIB, con ingresos anuales de entre 30 a 33 mil millones y millones de empleos relacionados. En Colombia el Turismo aporta el 4.7 % al 5.1 % del PIB con ingresos anuales de 19 a 22 mil millones de dólares. Y en la República Dominicana el Turismo significa el 15 % al 16 % del PIB con 20 a 21 mil millones de dólares en aportes anuales. Hasta ahora, Venezuela a nivel actual, el turismo en Venezuela aporta una fracción muy pequeña al PIB nacional, alrededor de 0,5 %, lo que refleja una industria aún subdesarrollada frente a su enorme potencial natural, pese a contar con más playas caribeñas, selvas, montañas y diversidad de ecosistemas de alto atractivo turístico natural lo cual hace posible un desarrollo turístico de gran escala.

Qué hacer para desarrollar el turismo en Venezuela

Más allá de los recursos extractivos, Venezuela tiene uno de los capitales más valiosos para una economía globalizada, su belleza natural, diversidad ecológica, cultura vibrante y ubicación privilegiada entre continentes. Venezuela no ha explotado sistemáticamente su potencial turístico, quedando rezagada frente a destinos consolidados en el Mar Caribe. Un plan turístico nacional ambicioso, responsable y sostenible crearía millones de empleos directos e indirectos, distribuyendo riqueza de forma inmediata a la población. Aumenta el ingreso de divisas no asociadas a commodities, y promueve la cultura. Si Venezuela desarrolla su infraestructura hotelera, la conectividad aérea, los servicios y la promoción global, en un marco democrático y de seguridad, el turismo puede generar en 5 años de US$ 2,6 hasta 5 mil millones anuales. En 10 años de US$ 6,0 a 11 mil millones y en 15 años, de 11 a 20 mil millones de dólares. Este crecimiento, complementario al sector energético y minero, puede convertir al turismo no solo en un actor económico, sino en un componente esencial de la identidad, de la proyección de la nación, y en la primera fuente de empleo de la nación.

Ingresos nacionales proyectados

Combinando los tres sectores productivos clave (petróleo, minería y turismo), los ingresos anuales proyectados para Venezuela con enfoques de política pública que contemple apertura de inversiones y gestión democrática serían para el año 2040, un ingreso bruto de 100 mil millones de dólares, calculados al valor de hoy, sin sumar la producción de bienes y de servicios del sector privado.

Industria nacional: El desarrollo productivo

Corporaciones como Empresas Polar —el conglomerado industrial más grande de Venezuela, con actividades en alimentos, bebidas, consumo masivo y productos complementarios— son ejemplos del potencial productivo nacional. Polar y sus filiales: Alimentos Polar, Cervecería Polar, Pepsi-Cola Venezuela, y otras, han demostrado capacidad de generar valor, diversificación de mercados y empleo, incluso en las condiciones más adversas. En un ambiente de estabilidad democrática y apertura económica, otras nuevas empresas productivas venezolanas pueden expandir su presencia en mercados regionales e internacionales. Integrarse en cadenas globales de valor. Generar encadenamientos productivos con Pymes locales y contribuir al desarrollo tecnológico y logístico. La modernización industrial, junto con políticas de innovación y creación de valor agregado —en manufactura, tecnología, servicios digitales, industria farmacéutica y energías limpias— puede añadir cientos de miles de millones al PIB nacional en las próximas dos décadas.

La riqueza que proporciona el sector privado

La estimación que sigue combina razonamientos basados en experiencias de países que han transitado desde economías cerradas a abiertas como los casos de naciones de Europa Central tras la transición, o en Chile en los 1980-1990, Perú y Colombia con algunas reformas estructurales, y una proyección dinámica de crecimiento compuesto. Asumimos que con una apertura completa, inversiones y reformas estructurales, el sector privado puede crecer a tasas promedio reales de 7 al 9 % anual sostenibles, —incluso más altas— inicialmente, y moderándose en el largo plazo. Esto incluye manufactura, comercio, servicios profesionales, transporte, construcción, tecnologías, agricultura y otros segmentos de valor agregado. Estos niveles son razonablemente ambiciosos para economías en transición profunda.

Proyección de producción de bienes y servicios privados

Todas las cifras son estimaciones de producción total anual del sector privado de bienes y servicios en USD a precios actuales. Suponiendo que Venezuela lograra la estabilidad y las reformas estructurales pertinentes, en 5 años, el sector privado tendría una producción estimada no menor de US$ 45 mil a 65 mil millones anuales. Este crecimiento sostenido implica que el sector privado multiplicaría su producción a través de inversiones, creación de empresas, exportaciones de servicios y mejor acceso financiero. En 10 años, continuando con las tasas de crecimiento entre el 7 y el 8 % en promedio, el sector privado podría alcanzar una producción estimada de entre US$ 85 a 100 mil millones anuales. En este tiempo, la economía se diversificaría fuertemente con una manufactura competitiva, servicios exportables —call centers, tecnología, diseño, consultoría— turismo privado interno y externo, y comercio internacional. En 15 años si el crecimiento se mantiene, posiblemente moderado hacia tasas más sostenibles de 5 al 6 % alcanzaría entre $180 a 230 mil millones anuales. El sector privado en Venezuela representaría una economía dinámica, diversificada y competitiva internacionalmente, comparable con las economías medianas de América Latina y del norte de Europa que dependen del sector de servicios, manufactura y comercio como el caso de Chile, o los países nórdicos en términos de magnitud productiva.

La Transformación del Campo

No hay país viable y próspero sin un campo productivo, moderno y rentable. Representa la seguridad alimentaria, empleo masivo, equilibrio territorial, generación de divisas y estabilidad social. Transformar a Venezuela pasa por transformar sus campos. Durante décadas, el mundo rural venezolano fue abandonado, intervenido o sometido a políticas que destruyeron su producción. El resultado fue la migración forzada hacia las ciudades, la pérdida de la soberanía alimentaria y una dependencia creciente de las importaciones. Venezuela tiene condiciones excepcionales para el desarrollo agroindustrial, diversidad climática, suelos fértiles, agua abundante y una tradición productiva que aún sobrevive. De manera que el país puede no solo abastecer su mercado interno, sino convertirse en exportador competitivo de alimentos procesados y productos de alto valor agregado. El verdadero valor está en el procesamiento, empaquetado, desarrollo de marcas, logística, certificaciones y exportación. Maíz, arroz, café, cacao, caña de azúcar, frutas tropicales, carne, lácteos, pesca y acuicultura pueden generar cadenas productivas completas.

Para lograrlo, será necesaria una inversión del sector privado nacional e internacional sostenida pero perfectamente alcanzable en comparación con otros sectores estratégicos. En un escenario de economía abierta y transparente, la agroindustria requeriría inversiones acumuladas del orden de 15 a 20 mil millones de dólares en los primeros cinco años, destinadas a riego, mecanización, vialidad agrícola, silos, centros de acopio y plantas procesadoras. En diez años, la inversión total podría situarse entre 35 y 45 mil millones de dólares, incorporando tecnología avanzada, cadenas de frío, logística y expansión exportadora. A quince años, una agroindustria plenamente desarrollada demandaría entre 60 y 75 mil millones de dólares, una cifra modesta frente a su impacto económico y social.

Los resultados serían transformadores. En cinco años, la agroindustria podría generar entre 12 y 18 mil millones de dólares anuales en producción de bienes, sustituyendo importaciones y comenzando a exportar. En diez años, los ingresos podrían alcanzar 25 a 35 mil millones de dólares anuales, y en quince años situarse entre 45 y 60 mil millones de dólares, convirtiendo al campo en uno de los principales motores económicos del país, con ingresos más estables y menos volátiles que los del petróleo.

El impacto en el empleo sería aún más significativo. La agroindustria es uno de los sectores con mayor capacidad de generación de trabajo formal y territorialmente distribuido. En cinco años podría crear entre 600 mil y 900 mil empleos directos e indirectos. En diez años, entre 1,2 y 1,8 millones, y en quince años, hasta 2.8 o incluso 3 millones de empleos, revitalizando pueblos, frenando la migración interna y reconstruyendo una clase media rural.

La transformación del campo no es nostalgia rural ni romanticismo agrícola. Es una visión estratégica. Es entender que la riqueza no nace solo del subsuelo, sino también de la tierra que se cultiva con conocimiento, tecnología y honestidad. Un país que produce sus alimentos, los transforma y los exporta, es un país más libre, más estable y más justo. Transformar el campo es transformar a Venezuela desde sus raíces.

Pleno empleo

En economías en desarrollo, el sector privado genera la mayoría de los empleos, con estimaciones que sitúan alrededor de 9 de cada 10 nuevos empleos creados por empresas privadas cuando la economía está abierta y dinámica. Sectores como energía y minería suelen tener multiplicadores de trabajos y empleos directos, indirectos y en servicios conexos. El turismo global es uno de los sectores con mayor generación de empleo y proporcional a la actividad económica. Veamos por sector que ocurriría con el empleo.

Sector petrolero: Los sectores de energía y petróleo generan empleo directo en producción, refinería e infraestructura, e indirecto en servicios, construcción, logística y comercio. Asumiendo un aumento de producción y sostenibilidad del sector en 5 años se generarían entre 120.000 y 180.000 empleos totales. En 10 años, de 220.000 a 300.000 empleos, y en 15 años entre 280.000 a 380.000 empleos.

En Minería y recursos naturales: El desarrollo formal de la producción de oro, diamante, coltán, tierras raras, y otros minerales implica empleo directo en extracción y procesamiento, y empleo indirecto en servicios locales. La proyección probable bajo apertura e inversión es que en 5 años se agregarían entre 80.000 y 130.000 empleos. En 10 años, de 180.000 a 280.000 empleos, y en 15 años entre 300.000 y 450.000 nuevos empleos. La minería suele generar empleo tanto en zonas rurales como urbanas por los encadenamientos productivos en servicios, transporte y manufactura.

En el Turismo: Si se gestiona como política estratégica nacional, es uno de los sectores con mayor potencial de creación de empleo tanto formal como indirecto en servicios, hospitalidad, comercio y transporte ya que en apenas 5 años se abrirá la puerta de 300.000 a 500.000 empleos. En 10 años, entre 800.000 a 1,200,000 empleos y en 15 años de1,500,000 a 2,200,000 empleos. Esto toma en cuenta que el turismo global emplea una proporción significativa de la fuerza laboral.

En el sector privado de bienes y servicios, que abarca manufactura, comercio, construcción, servicios profesionales, tecnología, transporte, educación y salud, en un contexto de mercado abierto sostenido, su crecimiento puede absorber un porcentaje sustancial de mano de obra. Las estimaciones bajo crecimiento dinámico en 5 años serían de 1,000,000 a 1,300,000 empleos. En 10 años de 1,800,000 a 2,400,000 empleos y en 15 años de 2,800,000 a 3,800,000 nuevos empleos. Este rango asume recuperación y expansión de capacidades productivas y de servicios en todo el país.

Así, el país podría generar entre 1,5 y 2,1 millones de empleos adicionales netos en los primeros 5 años. A 10 años la proyección se eleva de 3,0 a 4,2 millones de empleos. A 15 años, si las políticas económicas y sociales se consolidan, Venezuela podría crear entre 4,9 y 6,8 millones de empleos entre la industria petrolera, mineta, turística y el sector privado en la producción de bienes y servicios, respecto a la situación actual, más los 3 millones de empleos que crearía la transformación del campo con la nueva agroindustria. Este impacto laboral sería transformador para la sociedad venezolana, colocándola en una senda de crecimiento inclusivo y sostenible, con oportunidades reales de trabajo para generaciones futuras.

Qué hacer para que este desarrollo se concrete

Clave política: Para que las proyecciones económicas planteadas dejen de ser ejercicios teóricos y se conviertan en realidad es indispensable una condición previa: un acuerdo político nacional amplio, explícito y verificable y que integre a las principales fuerzas hoy en disputa, encabezadas por el gobierno y por la oposición democrática, en torno a un objetivo superior, la reconstrucción económica y social del país. Se trata de un Pacto de Estado, limitado pero firme, que coloque el desarrollo nacional por encima de la confrontación permanente. Este acuerdo requiere una característica esencial: debe constitucionalizarse. No basta con decretos, promesas o leyes sujetas al vaivén político. El plan de desarrollo —y especialmente el marco legal que garantice la inversión— tiene que quedar incorporado al texto constitucional y a leyes orgánicas blindadas. El capital internacional invierte solo donde existen reglas estables, previsibles y protegidas en el tiempo, y sin esas inversiones este plan se queda en el papel. Esto incluye garantías claras y explícitas sobre el respeto a la propiedad privada, a la seguridad jurídica de los contratos, al acceso al arbitraje internacional, a la libertad para repatriar capitales y utilidades, y con una transparencia fiscal y regulatoria. Insistimos que sin inversión extranjera directa, este plan no es viable. Los recursos necesarios para desarrollar petróleo, minería, turismo, agroindustria y sector privado superan con creces la capacidad financiera interna del país. Negar esta realidad es prolongar la fantasía. Aceptarla es comenzar a construir.

Otra clave, es que el acuerdo constitucional no es suficiente sin una transformación profunda en materia de seguridad. Las claves militares y policiales son determinantes. Ningún fondo de inversión, ninguna empresa multinacional, ningún operador turístico internacional colocará capital en un país donde el Estado no controle plenamente su territorio. La presencia de grupos armados irregulares, organizaciones criminales, estructuras de narcotráfico, pandillas urbanas o economías ilegales paralelas constituye un factor disuasivo absoluto para la inversión. El capital huye del desorden, de la violencia y de la impunidad. Esto no admite ambigüedades ni relativismos. Por ello, las Fuerzas Armadas y los Cuerpos Policiales deben redefinir con claridad su rol histórico en esta nueva etapa. Su misión central debe ser la protección efectiva de los ciudadanos, del territorio y del orden legal. Los ciudadanos de uniforme deben concentrar sus esfuerzos en erradicar la presencia de grupos armados irregulares, recuperar el control efectivo del territorio nacional, garantizar la seguridad urbana y rural, proteger las nuevas inversiones, industrias y centros productivos, y asegurar que el Estado tenga el monopolio legítimo de la fuerza. Porque sin seguridad no hay turismo, no hay agroindustria, no hay inversión petrolera ni minera. Sin seguridad no hay desarrollo. Este no es un planteamiento ideológico, sino una verdad empírica comprobada en todos los procesos de reconstrucción nacional exitosos. El desarrollo económico exige orden democrático, y este orden democrático reclama instituciones de seguridad profesionales, no partidizadas y sometidas al poder civil.

La clave del gobierno es comprender que las inversiones que harán posible este proceso de reconstrucción y desarrollo no vendrán del gasto público desordenado ni de un Estado hipertrofiado, sino del sector privado nacional e internacional, que es, en todas las economías modernas, el verdadero motor de la creación de riqueza sostenible. El papel del Estado no es sustituir a la iniciativa privada, sino crear las condiciones para que esta invierta, produzca, innove y genere empleo. A medida que el capital privado comience a fluir hacia los sectores estratégicos —energía, minería, turismo, agroindustria, e industrias de bienes y servicios— el Estado venezolano empezará a recibir ingresos fiscales estables y crecientes. No ingresos extraordinarios ni rentistas, sino ingresos derivados de la actividad económica real, del trabajo productivo, de la expansión empresarial y del empleo formal. Esa es la diferencia fundamental entre un Estado rentista y un Estado contemporáneo exitoso. Con esos ingresos, el Estado podrá finalmente concentrarse en lo que sí le corresponde y le es irrenunciable, como es invertir en la infraestructura nacional que hace posible el desarrollo —vialidad, puertos, aeropuertos, energía, agua, telecomunicaciones— y garantizar un sistema educativo de calidad que forme ciudadanos libres, críticos y productivos. Además, reconstruir un sistema de salud digno, eficiente y accesible y promover la formación técnica y profesional, alineada con las necesidades reales del país. Su fortaleza no estará en controlar la economía, sino en ordenarla, en asegurar reglas claras, en combatir la corrupción y en hacer cumplir la ley sin privilegios ni excepciones. Así, Venezuela puede pasar de un Estado omnipresente e ineficiente a un Estado verdaderamente fuerte, financiado por una economía viva y diversificada. En este esquema, el Estado deja de ser un botín y vuelve a ser una institución. La última clave, tan importante como las anteriores, es el desarrollo de encadenamientos productivos que conecten a las grandes inversiones con pequeñas y medianas empresas locales, y que lleguen hasta los niveles vecinales.

Estimación de la inversión requerida por sector productivo

Inversión y garantías para el desarrollo de Venezuela

Transformar a Venezuela en una economía viable, diversificada y competitiva —integrando petróleo, minería, turismo y productividad privada— exige una inversión estimada entre US$ 340 y 490 mil millones de dólares en los próximos 15 años. Para que esos capitales se materialicen y se mantengan, el Estado venezolano debe ofrecer un marco legal estable y protector del derecho de propiedad y de inversión, un sistema judicial independiente, acceso al arbitraje internacional, garantía de libertad para circular capitales, estabilidad macroeconómica y política, y regulación transparente y competitiva. Sin estas garantías, los recursos naturales y las capacidades productivas por sí solos no bastan para traducir potencial en desarrollo sostenido y prosperidad duradera para el pueblo venezolano. Todas estas inversiones incluyen la privada nacional y extranjera, apoyada por mecanismos de financiamiento como créditos productivos y asociaciones público-privadas.

Otros puntos clave específicos para incentivar inversiones

Seguridad Jurídica y Estado de Derecho: Tribunales y mecanismos judiciales independientes que resuelvan disputas comerciales y de inversiones con objetividad. Además, contratos regulados por marcos legales internacionales, incluyendo arbitraje confiable y reconocido globalmente.

Marcos Regulatorios Transparentes: Con leyes sectoriales estables y coherentes, especialmente en petróleo, minería, turismo, banca y manufactura. Con estándares ambientales y de sostenibilidad definidos con claridad y supervisados por instituciones competentes. Además normas fiscales competitivas y transparentes, evitando cambios abruptos que afecten la rentabilidad de proyectos de largo plazo.

Total libertad para repatriar capitales y beneficios: Con garantías de libertad de movimiento de capitales, incluyendo repatriación de dividendos y beneficios comerciales.

Estabilidad macroeconómica y política: Políticas fiscales y monetarias que mantengan la inflación bajo control y no erosionen valor del dinero. Acuerdos sobre responsabilidad presupuestaria y contención de gastos desequilibrados. Compromiso con elecciones libres, rotación institucional pacífica y respeto a la oposición política.

Infraestructura de Apoyo y Logística: Mejora de energía eléctrica, telecomunicaciones, transporte terrestre y puertos eficientes. Zonas económicas especiales y marcos de incentivos bien definidos. Certidumbre en contratos de asociación público-privada para grandes proyectos.

Integración con Organismos Internacionales: Adhesión a los acuerdos multilaterales de comercio e inversión (OCDE, OMC). Y la creación de acuerdos bilaterales de protección de inversiones. Facilidades de financiamiento con instituciones multilaterales (BID, BM, CAF).

Antes de cambiar el Estado, debemos cambiarnos nosotros

Quiero terminar este análisis recordando que Venezuela no se va a transformar solo porque cambien las leyes, porque lleguen capitales, porque se abran mercados o porque se firmen grandes contratos. Todo eso es necesario —y lo hemos demostrado— pero no es suficiente, se requiere...

Una Revolución de las Mentes

Un país no cambia de verdad hasta que cambia la actitud moral, psicológica y cívica de su gente. Durante demasiado tiempo los venezolanos aprendimos —muchas veces sin darnos cuenta— a delegar toda la responsabilidad en el Estado, que el gobierno “resuelva”, que el Estado mantenga, que el Estado proteja, que el Estado garantice dentro de una frase-pensamiento: “Como vaya viniendo vamos viendo”… Y cuando el Estado falló —como ocurrió—, también se debilitó la confianza en nosotros mismos como sociedad y como personas al no ser capaces de sostener las reglas, respetar los acuerdos y construir el futuro. Luego vino la corrupción sin límites, que no es solo un problema del poder político, es una cultura que se filtra, que se normaliza, que se justifica con frases pequeñas: “así es aquí”, “todo el mundo lo hace”, “si no lo hago yo, lo hará otro”. Y cuando eso ocurre, el daño es profundo, porque se rompe el contrato moral entre los propios ciudadanos. Combatir la corrupción no es únicamente un problema de fiscales, jueces o de leyes más duras. Se inicia cuando cada venezolano decide no participar en ella, aunque cueste, aunque retrase, aunque parezca que nadie lo agradece. Comienza cuando entendemos que pagar un soborno, pedir un favor indebido, falsear una cuenta, evadir una responsabilidad o sacar ventaja personal del desorden colectivo, también es corrupción, aunque no tenga uniforme ni cargo público. Desarrollar a Venezuela no es solo levantar industrias, abrir hoteles, producir petróleo o exportar bienes. Es recuperar la honestidad como valor central, hacer de la transparencia una costumbre, entender que lo público no es de nadie, sino de todos, y que robarle al Estado es robarle al futuro de nuestros hijos. Un país próspero no se sostiene solo con recursos naturales, se hace con ciudadanos honestos, con empresarios que entienden que la ganancia no puede divorciarse de la ética, con trabajadores que recuperan el orgullo del trabajo bien hecho, con profesionales que comprenden que el mérito debe pesar más que la viveza, más que el “¿cuánto hay pa’eso?”, y con funcionarios que comprendan que el poder es servicio, no un botín. Si exigimos instituciones confiables, debemos ser personas confiables. Si reclamamos reglas claras, debemos respetarlas incluso cuando nos incomoden. Si denunciamos la corrupción arriba, debemos rechazarla abajo, en lo cotidiano, en lo pequeño, en lo nuestro. Venezuela puede ser un país exitoso y viable, moderno y próspero. Tiene recursos, ubicación, talento humano y una diáspora extraordinaria. El cambio del Estado vendrá —porque debe venir—, pero será frágil si no está sostenido por una transformación previa en la conciencia personal y social. No hay reforma que sobreviva a una cultura que la sabotea. No hay ley que funcione si se la burla. No hay futuro sin ética compartida. Y permítanme decirles que este no es un llamado ingenuo. Es un llamado a dejar de pensar como víctimas y empezar a pensar como responsables. A entender que el país no es algo que nos ocurre, sino algo que construimos —o destruimos— todos los días. Venezuela no necesita salvadores. Necesita es ciudadanos honestos, exigentes consigo mismos, dispuestos a hacer lo correcto incluso cuando nadie mira. Y ese cambio es el más difícil y el más importante de todos, y no empieza en Miraflores, ni en la Asamblea, ni en un ministerio. Antes de cambiar el Estado, debemos cambiarnos cada uno de nosotros. Por eso es necesario una revolución de las mentes… Si desea darnos su opinión o contactarnos puede hacerlo en psicologosgessen@gmail.com... Que la Suprema Providencia Universal nos acompañe a todos…

Vladimir Gessen. Psicólogo

(El autor formó parte del gabinete económico del Presidente de la República como ministro de Estado, ministro de Turismo, y embajador y ministro plenipotenciario de Venezuela en Canadá y en organismos multilaterales. Fue parlamentario y candidato presidencial en Venezuela)

Puede publicar este artículo o parte de él, siempre que cite la fuente del autor y el link correspondiente de Informe 21. Gracias. © Fotos e Imágenes Gessen&Gessen