La Asamblea Nacional de Ecuador comenzó este martes 16 de mayo la audiencia de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso, que podría terminar en la destitución de su cargo, aunque el proceso aumenta la probabilidad de que disuelva al Legislativo para evitar una votación final.
Se necesitan 92 votos de los 137 miembros de la Asamblea Nacional para destituir a Lasso, a quien los políticos de la oposición acusan de supuesto peculado relacionado con un contrato en la empresa estatal de transporte de petróleo Flopec.
Lasso niega la acusación y dice que su administración hizo cambios al contrato, que se firmó antes de que él asumiera el cargo en mayo de 2021, para beneficiar al Estado.
La oposición, incluidos los aliados del partido del expresidente Rafael Correa -él mismo acusado por corrupción-, se ha fortalecido tras la reelección el domingo de Virgilio Saquicela como presidente de la Asamblea Nacional.
Dos legisladores opositores presentarán las pruebas contra Lasso, quien podrá defenderse ante el pleno. Se espera que la votación final sea a más tardar el sábado.
Para evitar el juicio político, Lasso podría llamar a "muerte cruzada", una figura de la Constitución que permite a los mandatarios ecuatorianos convocar a elecciones anticipadas tanto para su puesto como para la Asamblea Nacional bajo ciertas circunstancias, incluso si las acciones de la Legislatura bloquean el funcionamiento del Gobierno.
"Esa opción (la muerte cruzada) siempre se ha considerado y se la tiene, y la decisión es del presidente", dijo el lunes el Secretario Jurídico de la Presidencia, Juan Pablo Ortiz, a un medio digital. "Él decidirá cuándo".
Si Lasso es destituido será reemplazado por el vicepresidente Alfredo Borrero hasta concluir el periodo en 2025. En caso de que el presidente disuelva al Legislativo podrá gobernar con leyes emitidas por decreto hasta que se convoque a las nuevas elecciones, según la Constitución.
La Asamblea Nacional votó la semana pasada a favor de continuar con el proceso de juicio político con 88 votos a favor de los 116 legisladores presentes, según reseña La VOA
Algunos legisladores han dicho que cualquier disolución sería inconstitucional y se negarían a cumplirla. El gobierno y sus aliados han cuestionado la legalidad del proceso de juicio político.
Lasso, un exbanquero de derecha de 67 años, asumió el poder en mayo de 2021 para un período de cuatro años y desde el principio de su mandato afrontó una férrea oposición legislativa que rechazó sus principales proyectos de gobierno y ha bloqueado permanentemente su gestión.
Los cargos y la defensa
Mireya Pazmiño, asambleísta líder del proceso de impugnación, afirmó que “en esa empresa pública Flopec se dio todo un entramado de corrupción, de mafias y eso el presidente lo sabía, porque luego de este juicio político, no solamente queda en responsabilidad política, también tendrá que ir a la justicia ordinaria porque son delitos”.
Sin embargo, el abogado de Lasso, Edgar Neira, señaló que el contrato fue concertado en el gobierno anterior y anticipó el argumento de defensa del presidente.
“Dejar claro ante el país todos los esfuerzos que ha hecho el gobierno nacional para que en la actual administración de Flopec no se produzca ningún perjuicio a los recursos públicos y esta empresa pueda generar la utilidad que ha generado a partir del momento en que el gobierno del presidente Guillermo Lasso se acogieron a todas las recomendaciones que dispuso la Contraloría General del Estado”.
En la sesión de este martes, los asambleístas tendrán dos horas para sustentar la acusación, tras lo cual Lasso tendrá la misma cantidad de tiempo para defenderse. Después, ambas partes tendrán una hora adicional para eventuales réplicas.
Al final de ese proceso inicial, Lasso se retirará de la Asamblea y se iniciará un debate en el que cada uno de sus 137 integrantes podrá hablar durante 10 minutos. Según estimaciones de los mismos legisladores, el sábado se celebrará la sesión final para determinar la suerte de Lasso.
Pero en medio del proceso, Lasso podría en cualquier momento, según lo marca la ley, activar un recurso constitucional que le permiten disolver a la Asamblea sin aprobación de ningún órgano estatal.
De tomar esta decisión podría gobernar por decreto hasta por seis meses, con el control de la Corte Constitucional, y a la par debería convocar elecciones presidenciales y legislativas.