El reglamento para las votaciones primarias del antichavismo con el objetivo de seleccionar a un candidato unitario a la Presidencia de Venezuela es una norma “ambigua” que no aclara las dudas logísticas ni prácticas sobre la participación de miles de electores que migraron fuera del país, observan analistas.
La Plataforma Unitaria que adversa al gobierno del presidente Nicolás Maduro anunció la semana pasada la aprobación de una normativa de 54 artículos que regularán ese proceso, en el que participará al menos una docena de partidos políticos el próximo año.
Esa primaria opositora se celebrará en una fecha que definirá una comisión integrada por miembros de la sociedad civil venezolana, elegidos entre 80 postulados. Según pudo conocer la Voz de América, los partidos propondrán a esa instancia que la votación se realice a mediados de 2023, específicamente en junio, dentro de ocho meses.
El artículo 5 del reglamento marco identifica como electores a “todos los venezolanos, mayores de edad, que, con base en el Registro Electoral estén debidamente inscritos en la fecha de corte que establezca la Comisión Nacional de Primaria”.
El reto de la oposición en ese apartado es depender del Consejo Nacional Electoral, que, según los partidos antichavistas, ha estado dominado en su directorio rectoral por el chavismo. Hoy, tres de cinco de sus directivos guardaron relación con el oficialismo.
Algunos movimientos, como Vente Venezuela, de la precandidata y exdiputada María Corina Machado, han demandado que el poder electoral no esté relacionado con el proceso de primarias para garantizar su transparencia y fluidez.
Esa misma norma acota que la comisión de las primarias “promoverá los mecanismos viables a los efectos de la participación de los electores en el exterior”.
Un artículo luego, el reglamento también precisa que esa instancia deberá “salvaguardar el derecho a votar” de los venezolanos habilitados por norma constitucional para sufragar, así como “promover las gestiones para que se inscriban en el Registro Electoral”, un paso que solo depende legal y constitucionalmente del Consejo Nacional Electoral venezolano.
La comisión también “promoverá la reubicación de los electores o electoras inscritos en lugares distintos a aquel donde viven”, es decir, que se incluyen en ese apartado a los venezolanos que hayan migrado en los últimos años.
El reglamento resulta en una norma “ambigua” y de “redacciones difusas” en puntos clave de las primarias, como la actualización del padrón de votantes, entre otros, analiza el politólogo experto en asuntos electorales venezolanos Jesús Castellanos. “Genera un marco que no apunta a la transparencia del proceso. No establece el mecanismo de formación del padrón electoral”, comenta en entrevista con la VOA.
Castellanos valora que el reglamento es positivo por haber nacido de acuerdos políticos y haber dado respuesta a una “fuerte demanda social” sobre las primarias, pero subraya que su regulación es “poco clara” sobre la fecha de corte del padrón electoral, la posibilidad de incluir a venezolanos en el exterior o sus reubicaciones para votar.
Sin normas claras
Eugenio Martínez, periodista especializado en el sistema electoral de Venezuela, considera que el reglamento “no cumple con el propósito de garantizar normas claras” y advierte que su articulado no trasciende de las “consideraciones generales” sobre el proceso.
Precisa que, oficialmente, el país suramericano solo tiene 107.000 votantes inscritos en el extranjero. Es una cifra diminuta cuando se compara con la de 7,1 millones de venezolanos que migraron de su nación en los últimos años, de acuerdo con las Naciones Unidas.
Para Martínez, es “obvio” que los venezolanos en el exterior deben participar, aunque se pregunta si esa intención solo arroparía a un estimado de 3,5 millones de electores que están habilitados a votar dentro de su país, pero que emigraron en tiempos recientes.
“Lamentablemente, es muy poco lo que se puede decir sobre la participación en las primarias de 2023 de los venezolanos en el extranjero. Hay criterios que discutirse desde el punto de vista logístico y económico. No hay ninguna precisión sobre los criterios que se van a utilizar para armar el registro de votantes fuera del país”, dice a la Voz de América.
Martínez advierte que el criterio que se emplee para definir quiénes y cuántos son esos electores potenciales en el extranjero determinará el tiempo de organización y los recursos económicos y logísticos necesarios para esa votación fuera de Venezuela.
Remarca que la elección primaria opositora de 2012, que terminó ganando el excandidato presidencial Henrique Capriles Radonski, ayudó a duplicar la cifra de venezolanos inscritos para votar en el extranjero, una estrategia que dice no notar en esta oportunidad.