Miserables del escombro
- Noel Álvarez
- hace 56 minutos
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La tragedia que hoy embarga a miles de familias venezolanas tras los destructivos terremotos ha sacado a la luz la solidaridad del pueblo, pero también la mezquindad de unos pocos despiadados. Resulta inaceptable que, en medio del dolor y la desesperación, existan grupos de facinerosos dedicados a lucrarse con la desgracia ajena. Traficar con la angustia de quien busca a sus seres queridos o intenta salvar su patrimonio es una verdadera aberración moral.
Las denuncias que nos llegan desde distintas zonas afectadas revelan un patrón de extorsión indignante. En La Guaira, familiares desesperados reportaron que les exigían sumas millonarias en bolívares simplemente por movilizar maquinaria pesada para remover escombros y rescatar cuerpos. A esto se le suman cobros abusivos por traslados en ambulancias y servicios básicos. Se trata de un negocio miserable articulado por especuladores que aprovechan la falta de control oficial para saquear al ciudadano golpeado.
Ahora la modalidad delictiva se traslada a los inmuebles y urbanizaciones a través del chantaje con las evaluaciones estructurales. Ciertos funcionarios e inspectores inescrupulosos andan marcando edificios con la famosa etiqueta roja de inhabilitación, sembrando el pánico entre los vecinos para obligarlos a desalojar de inmediato. Sin embargo, el engaño queda en evidencia cuando, acto seguido, estos mismos personajes ofrecen los servicios de empresas privadas específicas para reparar los supuestos daños y quitar la sanción.
Si la comunidad acepta contratar a los proveedores sugeridos y pagar sus astronómicas tarifas, la supuesta amenaza estructural desaparece mágicamente y la etiqueta roja es retirada sin mayor trámite. Este chantaje inmobiliario representa una estafa flagrante que juega con el techo y la tranquilidad de las familias venezolanas. No podemos tolerar que la inspección de riesgos, que debería ser un acto técnico riguroso para proteger vidas, sea degradada a un mecanismo de extorsión institucionalizada.
Frente a esta ola de abusos resulta urgente la intervención de los colegios de ingenieros y la fiscalización ciudadana en cada municipio. Se deben canalizar denuncias penales inmediatas contra quienes manipulan los dictámenes técnicos y cobran vacunas en medio de la emergencia nacional. La recuperación del país exige erradicar a las mafias que se lucran con el dolor humano, garantizando que la ayuda y la evaluación de daños se realicen con ética, transparencia y profesionalismo.