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Las noticias políticas del día 1Dic en Venezuela


CIJ decide a favor que territorio en disputa continúe bajo la administración de Guyana. Foto: @rociosanmiguel

A continuación un detallado resumen de las informaciones más importantes del día en Venezuela relacionadas con el ámbito político.


CIJ pide a Venezuela y Guyana no agravar o prolongar el litigio


La Corte Internacional de Justicia (CIJ) pidió a Venezuela y Guyana abstenerse de tomar cualquier acción que modifique la disputa del territorio Esequibo, que pueda agravar o prolongar este litigio ante el tribunal, un fallo de cara al referendo previsto por Venezuela para este domingo, 3 de diciembre.


“Hasta tanto se adopte una decisión final de la controversia, Venezuela se abstendrá de tomar medida alguna que modifique la situación del territorio bajo administración de Guyana”, expresó la corte este viernes, 1ro de diciembre. Con información de ElPitazo

Rocío San Miguel, abogado y defensora de Derechos Humanos asevera que "El fallo de hoy tiene innumerables imprecisiones emitidas por la CIJ sobre el fondo del asunto, que justamente deben llevar a la mejor defensa del caso "


De igual manera, San Miguel hace referencia a lo que se debió hacer de acuerdo a su criterio: "Se debió haber pedido medidas cautelares por parte de Venezuela desde el momento que la CIJ declaró su competencia para conocer del caso, para que cese la explotación de recursos por parte de Guyana en el Territorio Esequibo". ¡Esto es imperdonable!








Vicepresidenta Delcy Rodríguez responde ante la CIJ


“Es un día de victoria para Venezuela”, aseveró la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, en alusión al pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que rechaza la medida provisional solicitada por Guyana para suspender el referéndum consultivo, que se realizará el domingo 3 de diciembre.


“Ha triunfado la verdad de Venezuela, la que hemos sostenido en defensa de nuestra Constitución, de la legalidad internacional y la que hemos sostenido respetuosamente ante la Corte Internacional de Justicia”, afirmó desde el Palacio de Miraflores, ubicado en Caracas.


La petición de medidas provisionales, catalogada como “inauditas” por parte de la Vicepresidenta Delcy Rodríguez, pretendía detener el referéndum consultivo “en su forma actual”, asimismo señalan como elementos las preguntas 1, 3 y 5 o “preguntas que invadan las cuestiones que está conociendo en su demanda unilateral la Corte Internacional de Justicia”.


Rodríguez, al citar el párrafo 40 del pronunciamiento de la CIJ, precisó que el Tribunal de Justicia declaró “que las medidas que deben indicarse no tienen por qué ser las mismas solicitadas por Guyana”, posición que se traduce en el rechazo de la solicitud de medidas provisionales.


“Venezuela ejerció su defensa, esto es un asunto de dominio interno exclusivo del Estado venezolano y que, por tanto, la consecuencia lógica es que este domingo 3 de diciembre los venezolanos iremos a votar. Es lógico que la Corte no se haya pronunciado sobre el referéndum, tal como lo solicitó Venezuela, al margen de nuestra postura de no reconocer la jurisdicción obligatoria de la Corte sobre la controversia territorial”, puntualizó.

Por otro lado, en el párrafo 41, la CIJ deja constancia de que la situación que predomina en el territorio en disputa es que Guyana administra y ejerce control, es decir, está identificado “como un ocupante de facto”.


“Guyana nunca ha tenido, ni los tendrá, derecho sobre ese territorio, nunca ha tenido, ni los tendrá, título sobre ese territorio. Le están diciendo, ya en su cara, abiertamente, usted es un ocupante de facto, como lo ha señalado Venezuela”, sentenció.


Otro elemento destacado del pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia, realizado pasadas las 10:00 de la mañana, se relaciona con el llamado a Guyana de abstenerse de tomar acciones que agraven la situación derivada de la disputa territorial.


En este sentido, Rodríguez explicó que las acciones a las que se refiere La Haya tratan sobre el otorgamiento de concesiones unilaterales sobre un territorio sujeto a controversia, la búsqueda de un tercero –como el Comando Sur- para amenazar a Venezuela o medidas que perjudiquen la relación entre Caracas y Georgetown.


A finales de octubre, Guyana solicitó medidas provisionales al considerar que Venezuela no debía celebrar el referéndum consultivo hasta que la CIJ se pronunciara sobre temas de fondo para determinar si el Laudo Arbitral de 1899 es válido.


El 14 y 15 de noviembre, la CIJ celebró audiencias para escuchar a las partes sobre el caso de la controversia territorial por el Esequibo.


Al respecto, la vicepresidenta Delcy Rodríguez aseveró -desde La Haya- que Venezuela "no dará la espalda a lo que el pueblo decida en la consulta".


"Venezuela ha sido siempre respetuosa del Acuerdo de Ginebra y del Derecho Internacional. Esta posición está reflejada en cada una de las preguntas del referendo, esto es lo que nos diferencia de la conducta infractora y desviada de Guyana", recalcó el pasado 15 de noviembre. Con información de VTV


Propuesta de procedimiento de inhabilitaciones políticas en Venezuela


El gobierno de Nicolás Maduro llegó a un acuerdo con la Plataforma Unitaria de la oposición para revisar las inhabilitaciones para ejercer cargos públicos contra varios posibles candidatos a las elecciones presidenciales de 2024, horas antes de que venciera el plazo dado por el gobierno de Estados Unidos para definir ese proceso y liberar a estadounidenses y presos políticos.


El acuerdo, llamado “Procedimiento para la revisión de las medidas de inhabilitación”, fue divulgado el


jueves por la embajada de Noruega en México, e indica que cada persona inhabilitada deberá acudir personalmente ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para ejercer un recurso contencioso administrativo contra la medida.


El recurso se podrá ejercer, en días “continuos y sucesivos”, entre el 1 y el 15 de diciembre de 2023.

“La Sala Político Administrativa del TSJ se pronunciará sobre la admisión de la demanda y el amparo cautelar solicitado", conforme a los principios de la Constitución, precisa un documento divulgado por la embajada de Noruega, facilitador en el proceso de negociaciones entre el gobierno y la oposición.

El acuerdo precisa que los interesados deben asumir el compromiso de “acatar” la decisión del TSJ que emane de ese recurso.


Tras la firma de un acuerdo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria de la oposición en Barbados el mes pasado, EEUU manifestó su expectativa de que Venezuela definiera “un proceso y plazos precisos para la readmisión de todos los candidatos” antes del fin de noviembre.

EEUU emitió licencias generales autorizando temporalmente algunas transacciones que involucran al sector de la industria petrolera venezolana, pero advirtió que las medidas serían revertidas “si no se cumplen los compromisos estipulados en la hoja de ruta electoral y relativos a los presos políticos”.


Sobre la candidata presidencial de la oposición, María Corina Machado, y otros líderes opositores pesan inhabilitaciones administrativas para ejercer cargos públicos que la oposición considera “ilegales” y que les impedirían formalizar su candidatura a las elecciones presidenciales de 2024.


Jorge Rodríguez, jefe de la delegación negociadora del gobierno aseguró que se dio “un paso más en la dirección correcta, ratificando” los acuerdos de Barbados, para “hacer respetar las decisiones de las instituciones, del Estado de derecho y la Constitución en Venezuela”.


Gerardo Blyde, coordinador de la delegación negociadora de la Plataforma Unitaria afirmó que el acuerdo firmado en Barbados determinó que debía establecerse una vía que permita habilitar candidatos presidenciales con “celeridad”.


Además, Blyde recordó que existe un precedente de amparo cautelar, el caso del gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, quien en 2017 fue habilitado por el TSJ.


Más temprano el día jueves 30 de noviembre, la administración del presidente Joe Biden había manifestado que se mantenía atenta a la decisión del gobierno de Venezuela respecto a la definición de un proceso orientado a levantar inhabilitaciones políticas y la liberación de ciudadanos estadounidenses y presos políticos “detenidos injustamente”.


El diputado y primer vicepresidente del partido de gobierno, Diosdado Cabello, sin embargo, dijo el miércoles 29 de noviembre en televisión nacional que el chavismo no consideraba el levantamiento de inhabilitaciones.


Distintos sectores de la sociedad civil han afirmado que las inhabilitaciones son “arbitrarias” y que han sido utilizadas por el gobierno para “sacar de juego” a opositores o chavistas disidentes que aspiran a un cargo de elección popular.

También han denunciado ausencia de separación de poderes y han señalado al Poder Judicial de carecer de independencia e imparcialidad. Información reseñada por La Voz de América


Gerardo Blyde: ya hay un precedente del levantamiento de inhabilitaciones


La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) recordó el día de ayer jueves 30 de noviembre que la habilitación del actual gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, en 2017, sentó un precedente judicial a favor de María Corina Machado, para permitirle competir en las presidenciales de 2024, previo levantamiento de la sanción administrativa que pesa sobre ella.

Gerardo Blyde, jefe de la delegación opositora en las negociaciones con el Gobierno, explicó, a raíz de la aprobación del mecanismo para eventuales levantamientos de inhabilitaciones, que el restablecimiento político de Rosales se produjo cuando el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) admitió una demanda del ahora gobernador, que le permitió volver a competir en elecciones, tras más de tres años de bloqueo. Reseñado por Monitoreamos


ORC Consultores: 28 % del país cree que el Gobierno impulsa el referendo para recuperar el Esequibo


Un estudio de la encuestadora ORC Consultores evidencia que 28,23 % de la población venezolana cree que el gobierno de Nicolás Maduro busca con el referendo consultivo, previsto el domingo 3 de diciembre, recuperar el territorio del Esequibo en disputa con Guyana.


De acuerdo con los resultados del estudio nacional de ORC Consultores, divulgado el jueves 30 de noviembre, en el foro Prospectiva Venezuela, organizado por el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello (Cepyg-UCAB), 24,71 % de la población venezolana considera que la administración de Nicolás Maduro busca generar una situación de conflicto innecesaria.


14,39 % considera que el Gobierno busca con el referendo "aceitar su maquinaria electoral" para la elección presidencial prevista en 2024 y 14,11 % de los consultados cree que el objetivo de la convocatoria a referendo sobre el Esequibo es "tapar el triunfo de los ciudadanos en la elección Primaria del 22 de octubre, cuya ganadora fue María Corina Machado." Reseñado por ElPitazo


Rafael Ramírez dice que referendo no tiene efecto alguno en nuestra justa reclamación sobre el Esequibo


Ex presidente de Pdvsa Rafael Ramírez expresa, que resulta evidente que el gobierno de Nicolás Maduro, desarrolla una costosa maniobra política con fines electorales, utilizando para ello, de manera irresponsable, un tema tan importante y delicado, como es el Esequibo. En su campaña, enarbola un falso patrioterismo, a la vez que, sigue entregando al país y exacerba un discurso amenazante y violento, que nos puede conducir a una aventura militar.


El gobierno manipula el sentimiento nacional en apoyo a nuestra reclamación histórica sobre el Esequibo, para tratar de revertir el masivo rechazo popular a su gestión y ganar la legitimidad que perdió hace años, en el seno del pueblo venezolano. La cúpula que gobierna, ve en el Referéndum y el Esequibo, una oportunidad electoral para favorecer sus propios intereses grupales y mantenerse en el poder.


El Referéndum no tiene efecto alguno en nuestra justa reclamación sobre el Esequibo. El ejercicio de la Soberanía y el cumplimiento de la Constitución, no necesitan ser sometidos a consulta alguna, pero el gobierno intenta utilizar al pueblo, para evadir su responsabilidad en este asunto estratégico tan importante para el país y ahora pide un voto de confianza, para defender un territorio que se pierde por su propia negligencia y falta de responsabilidad.


La Exxon Mobil está presente y opera en aguas de el Esequibo, porque el gobierno de Maduro así lo permitió. Desde 2013, el gobierno de Maduro, a pesar de las advertencias hechas, guardó silencio, cuando Guyana, de manera pública y notoria, entregó los Bloques Stabroek, Roraima y Poimeran, en aguas del Territorio Esequibo, a las transnacionales petroleras norteamericanas y chinas. Reseñado por ElNacional


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