Justicia tras el muro del prejuicio: la agonía de los olvidados
- Noel Álvarez
- hace 1 hora
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Hace pocas horas sostuve una muy sentida reunión con mi buen amigo y hermano de la vida Perkins Rocha, mi compañero de celda durante meses en El Helicoide. quien a pesar de haber sido excarcelado continúa preso en su hogar con grillete electrónico, apostamiento policial domiciliario y orden de no rendir declaraciones públicas. Conversamos privadamente sobre diversos tópicos: políticos, económicos y sociales pero también compartimos muchas reflexiones personales. Al final, coincidimos, para mi satisfacción, en que ambos tenemos una deuda pendiente con la defensa de unos amigos que conocimos en el encierro. Se trata de los imputados por el caso conocido como PDVSA-Cripto. Los dos estamos de acuerdo en que no debemos prejuzgar sobre su inocencia o culpabilidad, pero sí debemos luchar porque se les respete el derecho a un juicio justo, con abogados privados, acceso a los expedientes y respeto por los lapsos procesales, porque hasta ahora parecen ser víctimas de un vulgar secuestro institucional.
Durante mi permanencia en El Helicoide, también conocí casos de personas de alto rango dentro del gobierno que hoy se encuentran privados de libertad bajo el estatus de “castigados”. Están sin juicio, sin abogados y sin visitas; simplemente encerrados. A uno de ellos le pregunté si todavía seguía creyendo en "el proceso", como ellos lo llaman. Ante su duda en responder, le señalé una verdad histórica: todas las revoluciones terminan devorando a sus propios hijos. Me reservo la identidad de estas personas para no agravar más su ya delicada situación personal, pero su realidad es el espejo de un sistema que ha perdido toda brújula moral.
Esta realidad nos obliga a mirar más allá de las siglas y las etiquetas. No podemos permitir que el estigma de una acusación se convierta en una patente de corso para que el Estado anule la dignidad del individuo. Muchos de estos detenidos hoy habitan una suerte de "no-lugar" jurídico; son seres humanos reducidos a un número de expediente que nadie se atreve a tocar, sumergidos en una muerte civil que antecede a cualquier sentencia. Es una tragedia silenciosa donde el derecho a la defensa ha sido sustituido por un confinamiento indefinido, castigando no solo al imputado, sino a familias enteras que sufren el desamparo de no saber qué futuro les espera a sus seres queridos.
Desde una perspectiva ética, el Estado existe para proteger la vida y la integridad de sus ciudadanos. Es el contrato social básico. Sin embargo, cuando el Estado se convierte en un carcelero que niega el debido proceso, ese contrato se rompe y entramos en el terreno de la barbarie. Estas personas viven hoy en un limbo jurídico devastador, atrapados en una pinza perversa: por un lado, un sistema que los usa para cobros de facturas y venganzas internas; por el otro, sectores de la sociedad que los condenan a priori por prejuicios, negándoles el beneficio de la duda que la ley universal garantiza a todo ser humano.
Jurídicamente, la presunción de inocencia no es una sugerencia, es una norma pétrea y un pilar de la civilización. Nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario en un juicio público, con todas las garantías. Pero hemos normalizado la prisión preventiva como castigo anticipado. Estos seres humanos llevan casi tres años sin juicio, sin acceso a abogados de su confianza y bajo el silencio de un entorno que teme represalias. ¿Acaso la violación de los Derechos Humanos tiene bando? ¿Acaso el dolor de una familia tiene ideología?
Me consta, por el trato diario en el encierro, que muchos de ellos son personas de bien, víctimas de tramas que no comprenden. Pero más allá de la culpabilidad o inocencia —que debe decidir un tribunal independiente y justo—, lo que ocurre en esos pasillos es una crisis de humanidad. El caso del Dr. Manuel Meneses es el ejemplo más doloroso de esta degradación. El Dr. Meneses es un ser humano integral, un médico de alma que, aun siendo prisionero, atendía a otros presos de madrugada cuando los servicios del penal ya no operaban. Él me atendió a mí personalmente, salvándome en un momento crítico de salud, y lo hizo con cientos de personas más, ganándose un respeto que trasciende las rejas. Hoy, ese hombre que sirvió al prójimo en las peores condiciones, sufre de angina de pecho y patologías severas. Tras ser hospitalizado de urgencia, fue devuelto a una celda sin una medida humanitaria. Negarle la salud a quien curó a otros es un acto de crueldad innecesaria.
Y no es el único drama que presencié. El caso de Tulio Medina es la prueba fehaciente de que en los centros de reclusión, la desidia médica se convierte en una forma de tortura. Tulio estaba recién operado de la vista cuando ingresó a prisión, la presión psicológica y la falta de cuidados oportunos hicieron que su condición de salud empeorara, todo esto bajo la mirada indiferente de un sistema que le negó el derecho más básico a la salud. Cuando por fin se dieron por enterados, ya la situación no tenía remedio, el daño era irreversible, Tulio perdió la visión de un ojo, quedando tuerto, no por una enfermedad incurable, sino por un abandono administrativo criminal. Es el mismo patrón que le costó la vida a Alfredo Díaz, quien falleció por un infarto tras no recibir el seguimiento cardiológico que su vida exigía. Cuando un ciudadano muere o queda lisiado bajo la custodia del Estado, la responsabilidad recae directamente sobre el garante de su vida.
La justicia que no es equitativa deja de ser justicia para convertirse en ensañamiento. No podemos aspirar a una sociedad decente si aceptamos que existan "parias jurídicos" a quienes se les puede negar el derecho a la defensa y a la vida sin que nadie levante la voz. Mi compromiso es con la justicia como valor supremo, no con las etiquetas. Mandar a estas personas a sus hogares con medidas humanitarias, permitir que sean defendidos por abogados de su confianza y que conozcan sus expedientes no es un favor: es una obligación moral y legal. La justicia que tarda es injusticia, pero la justicia que se calla ante el sufrimiento del "incómodo" es complicidad. Por el Dr. Meneses, por Tulio Medina, por cada uno de los olvidados de El Helicoide y de otros penales, mi voz seguirá firme exigiendo dignidad. ¡Debido proceso, salud y humanidad para todos, sin excepciones!