¿Guerra económica o guerra contra la realidad?

En Venezuela, un inmenso poder económico está en manos del Presidente de la República. Imagen: qimono, Pixabay

Según fuentes oficiales e independientes, a principios de este siglo XXI, el Estado venezolano concentraba 70% del valor en dólares de toda la propiedad no residencial

existente en el país, es decir, aquella que se destina a la producción y generación de bienes y servicios (la que no incluye a los activos inmobiliarios que sirven de residencia a sus dueños). Más de dos décadas después, el Estado elevó ese porcentaje a más de 80%; en consecuencia, el sector privado en Venezuela sólo tiene en su poder aproximadamente 20% del valor de la propiedad no residencial asentada en nuestro territorio.

A principios de la presente centuria, el gasto público consolidado del Estado representaba 25% del Producto Interno Bruto nacional y para el año 2024 este gasto constituyó más de 50% del PIB. En 1998, 73% de las divisas que ingresaban al país los generaba el sector de los hidrocarburos a través de PDVSA y otras empresas estatales con vocación exportadora. En el año 2024, 95% de los ingresos externos de la nación, los producía el petróleo. En 1998 la nómina de personal al servicio del sector público pasó de emplear 15% de la población económicamente activa a más de 30% en la actualidad, ciertamente con ingresos muy precarios.

Sustentado en el control patrimonial y monopólico que ejerce históricamente sobre la industria y la renta petrolera, el Estado Venezolano  es propietario mayoritario de acerías, cementeras, compañías de almacenaje en frío, centrales azucareros, industrias lácteas, complejos de fabricación de aluminio, industrias extractivas de hierro, bauxita y otros minerales, Cavim, Edelca, Corpoelec, Electricidad de Caracas, empresas de suministro de agua, de gas, de distribución  y transporte de combustibles, estaciones de servicio, empresas papeleras, de válvulas, de producción de pasta de tomate, de bancos, líneas aéreas, hoteles, flotas autobuseras empresas de telefonía básica y celular, canales de televisión, de radio, de silos, hatos, fincas y haciendas . 

Todo este inmenso poder económico constituido por las empresas mercantiles de propiedad estatal que existen en el país, está en manos de una sola persona: el Jefe del Estado o el Presidente de la República como administrador que es de la Hacienda Pública Nacional. El resto, un escaso 20% del valor de la propiedad en Venezuela es de carácter privado, en el área formal e informal de la economía y está en manos de millones de conciudadanos, que viven de los frutos que generan esas propiedades, grandes, medianas y pequeñas.

Ante esta evidencia nos asaltan dos preguntas: ¿cómo sería Venezuela si la relación entre propiedad pública y privada fuera inversa a la que existe hoy? ¿No habría mayor oferta de puestos de trabajo y empleos mejor remunerados?

El Estado venezolano, al concentrar tan impresionante cantidad de riqueza, tiene a su alcance una gigantesca capacidad de avasallamiento sobre la sociedad. El sector estatal en Venezuela ejerce control patrimonial sobre una inmensa mayoría de medios productivos. Esta relación Estado, economía, sociedad, permite que los gobiernos controlen la base material del país, es decir, la riqueza.

No se trata de estar en contra del Estado, cuyo poder debe ser limitado pero fuerte en sus áreas de competencia, a saber: educación, salud, infraestructura, seguridad y defensa. Una cosa es el desempeño de un Estado moderno y otra cosa el estatismo.

Los recursos económicos son por definición escasos, por consiguiente, la sociedad debe tomar una decisión. Un Estado hipertrofiado y gigantesco le resta recursos al sector privado de la economía y viceversa, ya que uno crece a expensas del otro. En ese sentido, hay que buscar un equilibrio y que ese equilibrio sea funcional y estable.

No estamos hablando sólo de la propiedad privada, sino que además de todo el sistema productivo y de intercambio comercial que mueve la economía, existan también instituciones públicas (no sólo gubernamentales) a partir de las cuales se garantice a los ciudadanos, bajo el imperio de la Ley, operar de manera independiente y autónoma del poder discrecional de los gobiernos, para crear las condiciones materiales que le permitan disponer de los medios económicos suficientes que fomenten su bienestar.

Cada medida gubernamental destinada a interferir arbitraria y discrecionalmente sobre el sistema de precios y de libre empresa mediante la aplicación de controles y regulaciones, derivará rápidamente en la necesidad de aplicar otras muchas medidas más, de igual naturaleza y de carácter complementario, hasta llegar a un punto de no retorno: Esa es la naturaleza de los modelos estatistas. Basta con consultar el libro 4000 años de controles de

precios y salarios para escarmentar sobre tales conductas.

Nos dicen que el país enfrenta una guerra económica cuando en verdad, muchas políticas públicas desarrolladas desde el Ejecutivo representan más bien una guerra contra la realidad.

Todo esto ha traído destrucción de riqueza, desaparición de empleos productivos, escasez, desabastecimiento y desde luego inflación. Tal vez sea indicado en este momento recordar las palabras de Arturo Uslar Pietri pronunciadas durante la instalación de la Escuela Libre de Ciencias Económicas y Sociales el 28 de octubre de 1938: “Resulta absolutamente bizantino ponerse a discutir sobre la conveniencia de que el Estado intervenga o no en nuestra vida económica. El hecho es que el Estado interviene y está interviniendo en nuestra vida

económica, porque nuestra vida económica no es sino un reflejo de la riqueza del Estado”.

Pedro Elías Hernández