En terapia intensiva el sistema de salud en Venezuela
- Enrique Rondón Nieto
- 16 sept
- 4 Min. de lectura
Desde 2015, Venezuela ha sido escenario de una Emergencia Humanitaria Compleja que ha desmantelado su sistema de salud.
Elnacional.com publica un extenso análisis, basado en informes de organismos como la OPS/OMS, la ONU, así como ONG como Human Rights Watch y Médicos Sin Fronteras, dada la escasez de datos oficiales transparentes.
El análisis comienza por la infraestructura hospitalaria: Está en ruinas.
En 2015, un estudio de Red de Médicos x La Salud reveló que 61% de los hospitales padecía fallas graves o absolutas de material médico-quirúrgico. La situación era desoladora para el equipamiento diagnóstico: 86% de los equipos de Rayos X y 94% de los tomógrafos estaban dañados, junto con 94% de laboratorios sin reactivos.
Esta situación ha persistido. La Encuesta Nacional de Hospitales (ENH) de 2023 indicó que el desabastecimiento de insumos imprescindibles para emergencias se mantenía cercano a 50%. Para el cierre de 2024, la misma encuesta reportó un desabastecimiento de 37,4% en centros de salud públicos. La operatividad de los quirófanos, vital para la atención, se ha visto drásticamente reducida, con 40% de funcionamiento y 74% de escasez de insumos en estas áreas, según el Observatorio Venezolano de la Salud.
El deterioro es una consecuencia directa de la falta de inversión estatal y la crisis económica. La reducción de divisas para importaciones sanitarias ha generado una deuda masiva con proveedores y el cierre de créditos internacionales. A esto se suman las fallas constantes en servicios básicos como el agua potable y la electricidad, impidiendo la esterilización de equipos y un saneamiento adecuado, lo que contribuye al aumento de infecciones postoperatorias y pérdidas de vidas.
Este panorama ha creado una "privatización indirecta" de la salud pública. Los pacientes, al llegar a los centros, se ven forzados a costear sus propios tratamientos, comprar medicamentos e insumos, e incluso pagar exámenes en el sector privado. La salud, constitucionalmente un derecho, se ha convertido en una mercancía accesible solo para quienes pueden financiarla, excluyendo a la población más vulnerable.
La escasez crónica: una amenaza constante
La escasez de medicamentos e insumos ha sido una constante desde el inicio de la crisis. En 2015, la Federación Farmacéutica Venezolana (Fefarven) reportaba un desabastecimiento de 60% en Caracas y de 70% en el resto del país. Aunque los informes recientes muestran una ligera disminución, la Encuesta Nacional de Hospitales de septiembre de 2024 registró un desabastecimiento de 37,4%, siendo los inhaladores para el asma, analgésicos mayores y antihipertensivos los más difíciles de encontrar.
Las consecuencias son devastadoras, especialmente para pacientes con enfermedades crónicas. Personas con epilepsia, hipertensión, cáncer o VIH se han visto forzadas a interrumpir sus tratamientos, agravando sus condiciones. Un ejemplo desgarrador es el de una paciente con epilepsia que sufría convulsiones frecuentes por no conseguir cinco de sus seis medicamentos prescritos. La falta de antibióticos ha disparado las infecciones postoperatorias, con estimaciones de que seis de cada diez cirugías las sufren.
Esta situación ha desarticulado la cadena de suministro formal, abriendo paso a un mercado informal y a redes de ayuda a través de redes sociales. Pacientes y familiares buscan desesperadamente medicamentos en grupos de WhatsApp e Instagram, un sistema alternativo que carece de garantías de calidad, eficacia o seguridad, exponiéndolos a productos adulterados o vencidos.
Éxodo masivo de talentos: un sistema de salud desangrado
A lo anterior, se suma el éxodo de profesionales de la salud: médicos, enfermeras, fisioterapeuras.
La Federación Médica Venezolana (FMV) ha reportado que al menos 42.000 médicos han emigrado del país. Esta cifra se suma a los 6.700 médicos (24% del personal disponible) que ya habían abandonado hospitales en 2015. La escasez no se limita a médicos; en el estado Lara, se documentó un déficit de enfermeras superior a 65% en los principales hospitales.
Las causas de este éxodo son multifactoriales: salarios "miserables", precariedad laboral, falta de materiales e infraestructura digna. La persecución y amenazas a quienes denuncian la crisis también han contribuido a un ambiente hostil.
La calidad y accesibilidad de la atención se ven comprometidas, obligando a quienes tienen los medios a buscar tratamiento fuera del país.
Paradójicamente, mientras Venezuela pierde a sus profesionales, otros países de la región se benefician. Un estudio de la OIM reveló que médicos venezolanos están fortaleciendo sistemas de salud en Argentina, con más de 200 certificados trabajando solo en la provincia de Buenos Aires.
Problemas fundamentales como la inoperatividad de 60% de los hospitales por falta de servicios básicos y 70% de déficit en insumos de quirófano persisten. La crisis hospitalaria en Venezuela ha generado una privatización de facto de la salud pública, obligando a los ciudadanos a depender de mercados informales. La ayuda humanitaria, aunque crucial, solo mitiga los efectos más graves sin resolver las causas estructurales.
Una verdadera recuperación requerirá un plan integral que combine una inversión pública masiva, políticas para el retorno de los profesionales y una cooperación transparente con la comunidad internacional para reconstruir una infraestructura hoy en ruinas.
Venezuela's public health system is in a deep crisis. Hospitals often lack basic supplies, medicine, and working equipment. Power and water shortages are common, making patient care extremely hard. Many doctors and nurses have left the country due to low pay and poor conditions, leading to huge staff shortages. The system is failing to meet the needs of the people, resulting in poor health outcomes. Finding a reliable Car dealer in Japan is often easier than finding life-saving medicine in Caracas.