Diez millones de votos realengos


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El voto es un derecho constitucional para los venezolanos y un derecho humano. Foto cortesía CNE

En carta de 17/05/2022 a los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), la organización civil Súmate cuantificó en más de 10 millones los venezolanos mayores de 18 años imposibilitados de votar si las elecciones presidenciales se realizaran mañana. De acuerdo con sus cálculos, basados en proyecciones poblacionales del Instituto Nacional de Estadística y fuentes diversas, Súmate nos informa que hay (a) 3,17 millones de venezolanos entre 18 y 45 años no inscritos en el Registro Electoral hasta abril de 2022 (1 millón de ellos en el exterior); (b) 1,4 millones que cumplirán 18 años entre abril de 2022 y diciembre de 2024 (250 mil en el exterior); (c) 3,3 millones mayores de 18 años inscritos en Venezuela, que requieren hacer el cambio de residencia en el exterior; (d) 2,5 millones de venezolanos en el país, que requieren cambio de residencia por migración interna (1 millón) o por migraciones inconsultas e ilegales del CNE (1,5 millones).


La Red Electoral Ciudadana, junto con Cepaz, Voto Joven y otras organizaciones ciudadanas documentaron los instrumentos utilizados por el régimen para limitar el derecho a la participación política de los venezolanos. Entre ellos resalta el informe que hasta 2015, los operativos formales de inscripción y actualización en el Registro Electoral duraban unos cinco meses, con más de 1.500 puntos distribuidos en los 335 municipios del país.


De los 157 días del operativo para las parlamentarias 2015, el CNE pasó a disponer solo 10 para las regionales 2017, 20 para las presidenciales 2018 y 17 para las parlamentarias 2020. En consecuencia y como lo destaca Súmate, ha ido en incremento la cantidad de ciudadanos mayores de 18 años, residenciados en el país, no inscritos en el Registro Electoral. Tampoco se cumple el carácter continuo y permanente del Registro Electoral (art. 28-2, Ley Orgánica de Procesos Electorales, Lopre), mientras se recurre a la arbitraria práctica de migrar a los votantes de sus centros originales de votación, con poca o ninguna notificación al electorado.


En cuanto a los venezolanos en el exterior, las trabas son infinitas. Según las cifras de Súmate, detalladas en párrafo anterior, hay no menos de 4,5 millones de venezolanos en el exterior, mayores de 18 años, por lo tanto, con derecho a voto. Pero la Lopre en su artículo 124 pone un freno anticonstitucional: "solo podrán sufragar en el exterior los electores y electoras que posean residencia o cualquier otro régimen que denote legalidad de permanencia fuera de Venezuela". Una medida para limitar el derecho al voto a muchos venezolanos carentes de un estatus migratorio resuelto.


Según Francisco Castro, director de Súmate, Venezuela ya no cuenta con estructuras que sean capaces de permitir la votación de la cantidad de ciudadanos que viven fuera del país, algo que históricamente se ha hecho en las sedes diplomáticas de los países con los cuales la república mantiene relaciones. Hay que añadir que en los países con más población venezolana en el exterior (Estados Unidos y por ahora, Colombia) no hay relaciones diplomáticas para ejercer ese derecho.


Ajenos a las dificultades y con enorme entusiasmo, en estos tiempos hay agrupaciones diversas, fuera y dentro, que se mueven alrededor de la lucha por lograr el voto de los venezolanos en el exterior. Ese es un derecho constitucional (art. 63) a la vez que derecho humano establecido por las Naciones Unidas (ACNUDH), un principio que está siendo entorpecido una y otra vez por el régimen en su afán de perpetuarse en el poder.


Ya el rector electoral Enrique Márquez dice haber entregado un proyecto de normativa ante la directiva del CNE para hacer posible ese voto, aunque nada sabemos de su contenido. Mientras tanto, el grupo VOTE (Voluntariado Técnico Electoral), bajo la coordinación de Andrés Caleca, expresidente del CNE, presentó una propuesta de reglamento en favor del voto de los venezolanos en el exterior, basada en el desarrollo de una plataforma tecnológica que facilite la inscripción, actualización y votación.


La pregunta (que no incógnita) es: ¿abrirá el régimen esos canales exigidos en la constitución y otras leyes para hacer posibles 10 millones de votos que mayoritariamente pudieran inclinar la balanza? El director de Súmate nos dice que "sin duda hay alternativas, pero todas pasan por construir una voluntad política que permita votar a los venezolanos en el extranjero." Y en el país, añado.


Para decidir nuestro destino, debe estar en el interés de todos lograr que más de 4 millones de venezolanos fuera del país y 6 millones dentro de nuestras fronteras puedan regularizar su situación electoral para votar en las próximas elecciones presidenciales de 2024. Habrá que poner manos a la obra, con ánimo renovado, aquí y afuera. Para luego es tarde…


Gioconda Cunto de San Blas

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