Diario La Voz denuncia que la libertad de prensa sigue restringida en Venezuela
La libertad de prensa en Venezuela continúa fuertemente restringida, a pesar de los recientes anuncios e intervenciones de los factores políticos que integran la Mesa de Diálogo. Así lo denunció José Materán Tulene, editor del Diario La Voz, quien señaló que la permanencia del cierre de este medio emblemático es prueba contundente de la represión que se mantiene contra el periodismo independiente.
El periodista y directivo precisó que el diario que preside —el cual celebró en julio 60 años de fundación— permanece clausurado debido a una medida dictada por el Ejecutivo nacional, utilizando al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) como un instrumento de persecución política.
Seis décadas al servicio de la sociedad
Materán Tulene recordó que desde su fundación, el 4 de julio de 1966, el Diario La Voz se consolidó como un espacio plural al servicio de la ciudadanía, respetando la diversidad de tendencias que integran la vida política nacional. Durante seis décadas, el medio cumplió rigurosamente con sus obligaciones legales y tributarias, manteniendo una línea editorial apegada a los principios éticos y a la búsqueda de la verdad.
“Resulta inaudito que, mientras se anuncia el tránsito hacia una nueva etapa en el país, el
diario continúe clausurado y sus trabajadores sigan desprotegidos”, afirmó el editor. Como
se recordará, la medida de clausura fue impuesta tras la cobertura e información difundida
sobre la campaña electoral presidencial y los resultados de los comicios de 2024. Esta
sanción impidió la circulación del periódico en el estado Miranda, el estado La Guaira y el
Área Metropolitana de Caracas.
Un abanico de medidas cautelares y persecución judicial
De acuerdo con las declaraciones del editor, bajo el pretexto de cumplir “órdenes superiores”, los funcionarios del SENIAT ejecutaron un amplio catálogo de medidas
cautelares que superan el ámbito administrativo. Entre estas acciones destacan: El precintado y cierre total de las instalaciones, la prohibición de enajenar y gravar bienes, el
bloqueo de cuentas bancarias institucionales y tarjetas de crédito, el embargo de activos
muebles e inmuebles, la prohibición de salida del país y de zarpe a sus directivos, entre
otras.
A esta arremetida financiera e institucional se sumó la privación de libertad de la apoderada
judicial del medio, Dra. Blanca Suárez, y del juez Dr. Duncan Espina —quien había dictado
un amparo constitucional a favor del diario, ignorado por el SENIAT—. Ambos
permanecieron detenidos más de 13 meses. Tras más de un año de reclusión, el Ministerio
Público no presentó indicios ni pruebas que sustentaran los supuestos delitos, por lo que
ambas personas fueron absueltas y puestas en libertad.
Llamado a la solidaridad y restitución de derechos
A pesar de las resoluciones judiciales que demuestran la inocencia de los afectados, la
medida de cierre sobre el Diario La Voz se mantiene incólume, acumulando cuantiosas
pérdidas financieras y dejando a más de 50 familias sin su sustento diario y beneficios
laborales.
“Hacemos un llamado a todos los actores que luchan por el restablecimiento del Estado de
derecho, la libertad de expresión y el derecho a la información en Venezuela. Requerimos
la solidaridad de la sociedad civil y del gremio periodístico para reivindicar este caso, el
cual se ha convertido en un símbolo de la represión política que aún persiste en el país”,
concluyó Materán Tulene.
Comentarios