La Confederación Sordos de Venezuela (CONSORVEN) emitió un comunicado en el que se suma a las diversas organizaciones y personas naturales que han manifestado rechazo a las declaraciones de Ernesto Paraqueima en su condición de alcalde de El Tigre, estado Anzoátegui, por las que fue destituido por la Asamblea Nacional y luego imputado por el Ministerio Público.
CONSORVEN dio a conocer su posición en su cuenta en Twitter:
Nosotros, la Confederación Sordos de Venezuela (CONSORVEN), Organización de Personas con Discapacidad que promueve y defiende los derechos de las Personas Sordas y/o con Discapacidad, repudiamos el trato ofensivo y discriminatorio por parte de Ernesto Paraqueima, alcalde de El Tigre, estado Anzoátegui, hacia las personas con Trastornos del Espectro Autista (TEA), en ocasión de un mural realizado en la calle de esa localidad.
En Consorven nos preocupa que autoridades que deben ser ejemplo de civismo para la sociedad, vulneren los derechos de sus electores, y en especial de las Personas con Discapacidad en Venezuela.
Consideramos que no se trata solamente de aplicar -como en este caso- la Ley Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, sino también, garantizar el cumplimiento de las leyes que protegen a las Personas con Discapacidad para evitar que este tipo de situaciones se repitan a
futuro.
Exigimos a las autoridades competentes el cumplimiento del artículo 8 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el cual dispone la responsabilidad del Estado en fomentar el respeto que deben recibir las Personas con Discapacidad, igualmente, el artículo 2 numeral 5º de la Ley para la Atención Integral a las Personas con Trastorno de Espectro Autista el cual garantiza el trato digno y la no discriminación de las personas con TEA.
Es propicia la ocasión para recordar casos como el de Mervis Guittian, joven asesinado en el marco de las protestas desarrolladas en abril del año 2017 en la parroquia Petare por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, o como en el caso de Anthony Molina del estado Falcón, quien fue privado de libertad, procesado y condenado a 17 años de prisión, sin tomar en cuenta su discapacidad intelectual y psicosocial debidamente demostrada, situación que lo exime de responsabilidad penal tal como lo dispone el artículo 62 del Código Penal Venezolano.
En este sentido, exhortamos al Estado venezolano a avanzar con las investigaciones pertinentes a cada caso de vulneración de los Derechos de las personas como los antes mencionados en virtud de cumplir y hacer cumplir la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y las leyes que protegen a las Personas con Discapacidad en Venezuela.