Con "medias verdades" Jorge Arreaza defiende la cuestionada Ley de Amnistía
- Enrique Rondón Nieto
- hace 3 horas
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El pasado 11 de abril el diputado Jorge Arreaza, presidente de la Comisión Especial de Seguimiento de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, ofreció un balance sobre la aplicación de dicha Ley asegurando que la contribución de este instrumento jurídico “ha sido amplia e innegable”. Agregó que, "al menos, 8.000 personas se han beneficiado en apenas dos meses."
Si bien la mencionda Ley ha generado algunas excarcelaciones y ciertos gestos de
distensión política, la evidencia muestra que su impacto ha sido limitado y desigual. Además,
su aplicación ha estado condicionada por criterios discrecionales.
Lo anterior es parte de la conclusión a la que llegó Karla Torres del equipo Cotejo Info cuando le metió la lupa a lo dicho por Arreaza y determinó que es Media Verdad.
Esta normativa legal ha tenido algunos efectos concretos —como la liberación de ciertos detenidos y gestos de distensión política—, pero su impacto ha sido limitado, desigual y objeto de controversia. Por ello, no puede sostenerse de manera categórica que su contribución haya sido “amplia e innegable”.
Asimismo, las exclusiones contempladas en la propia ley, los obstáculos en su
implementación y el rechazo de solicitudes en casos que aparentemente cumplen con
los requisitos legales, ponen en cuestionamiento su efectividad como mecanismo
amplio de justicia.
Los hallazgos de Cotejo Info
La ONG Foro Penal ha cuestionado las cifras citadas por Arreaza precisando que aunque reconoce que se han registrado cientos de liberaciones, advierte que el alcance de la medida es parcial. Informes de abril de 2026 indican que muchas de las personas excarceladas no gozan de libertad plena y que aún permanecen detenidas personas por razones políticas.
A esto se suman los señalamientos de expertos y ONG, quienes advierten que la
normativa no garantiza una reparación integral ni el restablecimiento pleno de sus
derechos. Afirman que ha sido utilizada como herramienta de gestión política más que
como un instrumento jurídico imparcial.
El director de la organización, Alfredo Romero, precisó que, aunque se contabilizan más de 760 liberaciones desde el 8 de enero, solo cerca de 180 habrían recibido el beneficio directamente a través de la amnistía. Esto sugiere que el Estado dispone de otros mecanismos legales para otorgar libertades sin recurrir necesariamente a esta figura.
En la misma línea, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón sostiene en un informe que la aplicación de esta ley ha funcionado más como una herramienta de gestión política que como un proceso de reparación integral, transformando en ocasiones obligaciones legales —como las libertades por retardo procesal— en beneficios discrecionales.
El informe, además, subraya la necesidad de desmantelar las estructuras de control y realizar una auditoría independiente de los centros de reclusión. “La justicia verdadera requiere transparencia y el restablecimiento pleno de las garantías constitucionales”, concluye la ONG.
Por su parte, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa denunció en febrero que tribunales con competencia en terrorismo se negaron a recibir solicitudes de sobreseimiento, pese a que estas pueden ser introducidas por las propias víctimas conforme a la ley.
Como parte de este análisis, el equipo de Cotejo.info también revisó un artículo de la abogada especialista en Derecho Constitucional y Parlamentario, Andrea Mesa Atencio, titulado “¿Por qué la ley de amnistía aprobada en Venezuela es insuficiente?” en el que la autora sostiene que la normativa resulta limitada frente a la necesidad de reconocer el uso sistemático del sistema de justicia como mecanismo de persecución política.
Verdad a Medias
Luego de revisar varios casos y situaciones diversas, Cotejo Info da como veredicto que lo afirmado por el diputado Jorge Arreaza "es una verdad a medias que la contribución de la Ley de Amnistía ha sido 'amplia e innegable'".
Si bien la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática ha generado efectos concretos —como la excarcelación de algunas personas y ciertos gestos de distensión política—, la evidencia disponible muestra que su impacto ha sido limitado, desigual y condicionado por criterios discrecionales.
Las cifras oficiales contrastan con los datos de organizaciones independientes, que documentan un alcance mucho más reducido de los beneficios directamente atribuibles a la amnistía. Además, las exclusiones contempladas en la propia ley, los obstáculos en su implementación y el rechazo de solicitudes en casos que aparentemente cumplen con los requisitos legales cuestionan su efectividad como mecanismo amplio de justicia.
A esto se suman los señalamientos de expertos y ONG, quienes advierten que la normativa no garantiza una reparación integral ni el restablecimiento pleno de derechos, y que en algunos casos ha sido utilizada como herramienta de gestión política más que como un instrumento jurídico imparcial.
Para el informe completo hacer click aquí