Adiós al papeleo con la ley de Optimización de Trámites
- Enrique Rondón Nieto
- hace 1 hora
- 2 Min. de lectura
La Ley Orgánica para la Celeridad y Optimización de Trámites Administrativos, aprobada en la Asamblea Nacional el 26 de marzo, destaca por su enfoque en la transformación digital y la eliminación de la burocracia.
La ley tiene por objeto disminuir los plazos de tramitación y respuesta ante las solicitudes que los ciudadanos hacen a la Administración Pública.
Asimismo, la ley busca mejorar la eficiencia de los organismos del Estado y superar procedimientos burocráticos que sean considerados innecesarios o complejos.
Entre los aspectos más importantes está la prohibición de solicitar documentos propios; es decir, los organismos públicos tienen prohibido exigir documentos que ellos mismos emiten o que ya poseen en sus bases de datos.
En este particular, la diputada María Gabriela Vega, primera vicepresidenta de la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional, destacó que “la ley trata de un concepto de interoperabilidad. Eso quiere decir que, por lo menos, yo voy a una institución y me piden unos recaudos. Pero si en esa institución ya están los recaudos, chévere. Pero si no, la misma institución tiene que llamar a la otra institución para pedir el recaudo. Eso es para ir minimizando la dualidad de los recaudos, porque entonces en todos lados piden lo mismo”.
Otro de los elementos esenciales en la norma legal es la presunción de buena fe, la cual refiere que los trámites se basan en el principio de que el ciudadano actúa correctamente, reduciendo la necesidad de verificaciones físicas excesivas, con lo cual se ataca directamente al burocratismo.
En este sentido, el diputado Carlos Sierra destacó que “la presunción de la buena fe hay que tenerla en todas las instituciones del Estado y, bueno, confiar que el ciudadano y ciudadana va a introducir sus papeles correctamente sin necesidad de estar pidiéndole excesos”.
Asimismo, aseveró que con esta ley se fortalece la capacidad administrativa del Estado venezolano: “Estamos fortaleciendo la simplificación de trámites para que todas las empresas, todas las personas de las distintas comunidades, puedan hacer sus trámites con el Estado sin tanto burocratismo… sin pedirle temas o papeles que podamos, pudiéramos nosotros a través de la digitalización”.
Y es que en este instrumento legal, que fue propuesto por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, se exhorta a la digitalización con la adopción de tecnologías y firma electrónica. Se ordena la incorporación obligatoria de medios electrónicos, informáticos y telemáticos para optimizar las labores, validando plenamente la firma electrónica.
Lapsos
Desde el momento de la aprobación de la Ley Orgánica para la Celeridad y Optimización de Trámites Administrativos, comenzaron a correr 180 días para la adecuación de las instituciones a los preceptos de este instrumento legal.
La diputada María Gabriela Vega explicó que ya están en ese proceso en diferentes instituciones.
La normativa legal detalla que los órganos administrativos deben adecuar sus plataformas y oficinas a la nueva realidad digital.
De igual modo, cada ente público debe designar a un funcionario encargado específicamente de acelerar y optimizar los trámites, coordinando con otras instituciones para evitar retrasos.
Con información de ultimasnoticias.com.ve