Si se le preguntase a Nicolás Maduro, Vladimir Padrino López, Jorge y Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello, las cinco figuras más importantes y visibles del oficialismo, qué va a ocurrir en Venezuela en 2024 en el plano político, lo más probable es que formulen respuestas diferentes y, a lo mejor, hasta contrapuestas. Estoy convencido de que no existe un criterio unánime acerca de mantener inhabilitada a María Corina Machado; convocar unos comicios amañados como los de 2018 para elegir al presidente de la República; prescindir de testigos internacionales independientes a que supervisen esas votaciones; e, incluso, con relación a la fecha de las elecciones. Probablemente, hay quienes están pensando en que después de un cuarto de siglo en Miraflores, llegó la hora, previos acuerdos que garanticen el resguardo de la vida y los bienes de los perdedores, de ir a unas elecciones realmente libres.
Estas, desde luego, no son dudas hamletianas fundadas en ataques súbitos de complejos de culpa de los líderes chavistas. Nada tienen que ver con esos procesos psíquicos profundos que suelen ocurrir en los seres humanos. Se trata de que dentro del madurismo puede haber gente con criterio de realidad, y no solamente quienes disfrutan obscenamente del poder, que están pensando en lo que podría ocurrir en Venezuela si el país retorna a una situación caótica similar a la de 2017 y 2018, cuando la hiperinflación se desató y la escasez de productos básicos y las interminables colas convirtieron en un calvario la vida cotidiana. No
hubo un estallido social en gran escala, pero las protestas proliferaron por todo el territorio nacional.
Y es ese el escenario incierto el que podría resurgir si el Gobierno viola los acuerdos de Barbados y defrauda de nuevo las expectativas creadas con las negociaciones alentadas por el Reino de Noruega, Catar, México, República Dominicana, la Unión Europea y Estados Unidos, entre muchos otros países comprometidos a devolverle la democracia a Venezuela.
Estados Unidos cuenta con el arma de las sanciones en el área petrolera. El modesto repunte que hubo en Venezuela en 2022 y 2023 fue gracias a las licencias que el Gobierno de Joe Biden le concedió a algunas empresas petroleras y gasíferas norteamericanas para que operaran de nuevo en el país. Esta reinserción le dio al Gobierno un pequeño respiro económico. Permitió estabilizar el bolívar en el segundo semestre de 2023 e impulsó que la inflación se desacelerara de forma significativa, a pesar de seguir estando entre las más altas del planeta.
Estas conquistas –basadas en las promesas de avanzar hacia unas votaciones pulcras e incluyentes, liberar los presos políticos, respetar los derechos humanos, entre otras ofertas- penden de un hilo: la habilitación de MCM y de los demás dirigentes inhabilitados ilegalmente por la Contraloría con el beneplácito del Gobierno y del TSJ; y la convocatoria
de elecciones libres en 2024, tal como lo pauta la Constitución. Si ese hilo se rompe, si esas promesas se incumplen, resulta muy probable que el Gobierno norteamericano reaccione con firmeza contra Maduro por farsante y autoritario.
El tema de Venezuela con seguridad formará parte importante de la agenda del debate entre Biden y Trump (o quien sea el candidato republicano en los comicios de este año). La razón es sencilla: la crisis migratoria por el sur de la frontera es cada vez más grave. Dentro de ese
cuadro tan preocupante y desolador, el peso de los venezolanos que huyen del horror es muy alto. En el Norte existe la convicción de que el éxodo de venezolanos no se detendrá hasta que la crisis política se supere y Venezuela retorne a la normalidad democrática. El obstáculo fundamental para que ese desiderátum se alcance es Nicolás Maduro. Con él empotrado en el poder resulta imposible que la diáspora se detenga.
Esta convicción ha llevado a demócratas y republicanos a proponerse resolver el desajuste. Los republicanos acusan a los demócratas de blandengues. Estos a los otros de extremistas. Sin embargo, ambos bandos coinciden en que la solución pasa por una consulta presidencial limpia en Venezuela, similar a la que han ocurrido durante los últimos años en buena parte del continente, con resultados distintos. En todos ellos se ha producido la transmisión de mando sin sobresaltos. Como un proceso normal del cambio democrático. La última experiencia fue la de Argentina, donde el peronismo le entregó la banda presidencial a un anarco capitalista. Extremos más distantes, imposible.
La amenaza del recrudecimiento de las sanciones debe estar devanando los sesos de algunos jerarcas del Gobierno. Venezuela no es Nicaragua. La encrucijada en la que se halla el madurismo le abre las puertas a la esperanza.
María Corina parece haber comprendido muy bien la complejidad de la situación. La posibilidad de que sea la candidata opositora depende de colarse por las rendijas abiertas. Su llamado a formar comandos populares a favor de su candidatura me parece crucial. Invitar a la gente a participar, y fomentar la corresponsabilidad y el empoderamiento de los ciudadanos, hará que se sientan formando parte de un gran proyecto del cual son piezas fundamentales. De abajo hacia arriba. Esa ha sido la línea ascendente como se ha construido el movimiento que puede cambiar a Venezuela.
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