Álvaro Pulido Vargas, socio de Alex Saab, irá hoy a un tribunal de Miami
El empresario colombiano Álvaro Pulido Vargas, acusado de ayudar a organizar gigantescas tramas de corrupción y lavado de dinero vinculadas con contratos del gobierno venezolano, tiene previsto comparecer este martes 13 de octubre, por primera vez, ante un tribunal federal de Miami, luego de que presuntamente fuera entregado a las autoridades de Estados Unidos por el gobierno de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.
Pulido Vargas, de 62 años y exsocio comercial de Alex Saab, estaba preso en Venezuela desde 2023. Fue trasladado a Florida el pasado domingo, después de que agentes de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) presuntamente lo sacaran de la cárcel, según informó el diario colombiano El Tiempo, que citó fuentes federales.
El periódico indicó que la operación se ejecutó con el consentimiento del gobierno de Rodríguez, el mismo que en mayo entregó a Saab, otro antiguo colaborador de Nicolás Maduro, a las autoridades estadounidenses.
Ese mismo domingo, las autoridades de Estados Unidos confirmaron que Pulido Vargas está bajo custodia federal, tras una investigación en la que participaron la DEA, el FBI y el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional.
No han precisado, sin embargo, cómo fue sacado de Venezuela ni si el procedimiento fue una extradición formal, una deportación u otro mecanismo.
Su llegada genera dudas sobre la creciente cooperación entre Washington y el gobierno interino de Rodríguez, sobre todo porque Pulido Vargas aún tenía un proceso penal abierto en Venezuela cuando fue entregado.
El caso ocurre además a menos de un mes de que Saab se declarara culpable en Miami de participar en una conspiración de lavado de dinero y aceptara colaborar con los fiscales federales, lo que podría convertirlo en un testigo clave contra su antiguo socio.
Cargos en su contra
Pulido Vargas afronta cargos en dos acusaciones federales presentadas en Miami en 2019 y 2021, que suman 13 cargos de lavado de dinero, cada uno con una pena máxima de 20 años de prisión.
Los fiscales lo señalan de participar en esquemas para desviar cientos de millones de dólares de programas del gobierno venezolano destinados a suministrar viviendas, alimentos y otros productos esenciales a la población empobrecida del país.
El Departamento de Estado había ofrecido antes una recompensa de hasta $10 millones por información que condujera a su arresto o condena.
En la audiencia prevista para este martes, un juez magistrado federal le notificará los cargos, tratará lo relativo a su representación legal y revisará asuntos preliminares vinculados con su detención.
Una entrega que genera interrogantes
El traslado resulta particularmente inusual porque Pulido Vargas seguía siendo procesado en Venezuela cuando quedó en manos estadounidenses.
Desde 2023 permanecía recluido en la cárcel de El Rodeo I, en las afueras de Caracas, por la investigación de corrupción conocida como Pdvsa-Cripto, que incluye denuncias de ventas irregulares de petróleo y pérdidas superiores a $1,500 millones. En junio, todavía se declaró inocente en ese caso, en el que también figura el exministro venezolano de Petróleo Tareck El Aissami.
De acuerdo con El Tiempo, agentes de la DEA sacaron a Pulido Vargas de una prisión venezolana con la autorización del gobierno interino de Rodríguez y lo llevaron a Florida.
Ni Washington ni Caracas han explicado públicamente el mecanismo legal usado para su entrega ni qué ocurrió con los cargos que enfrentaba en territorio venezolano. Las autoridades venezolanas tampoco se han pronunciado sobre la operación.
Las circunstancias son similares a las del regreso de Saab a custodia estadounidense en mayo, cuando el gobierno de Rodríguez presuntamente trató su salida del país como la deportación de un ciudadano colombiano.
Ambas entregas apuntan a una creciente colaboración entre las autoridades venezolanas y las agencias estadounidenses de aplicación de la ley tras la salida de Maduro del poder en enero.
Las acusaciones
Según la acusación, citada por El Nuevo Herald, los pagos les permitieron obtener la aprobación de documentos fraudulentos que afirmaban que se habían importado materiales de construcción a Venezuela, aunque esos materiales nunca llegaron al país.
Los fiscales sostienen que unos $350 millones salieron de cuentas venezolanas controladas por los empresarios, pasaron por instituciones financieras estadounidenses y luego fueron enviados a cuentas en el extranjero.
La segunda acusación, presentada en 2021, se centra en el programa de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), mediante el cual se distribuían cajas de alimentos subsidiados a millones de venezolanos durante el colapso económico del país.
Los fiscales aseguran que una empresa controlada en secreto por Pulido Vargas obtuvo en 2016 un contrato oficial para suministrar 10 millones de cajas de alimentos a $34 cada una, lo que generó cerca de $340 millones en ingresos.
Presuntamente, producir las cajas costaba bastante menos, de modo que los conspiradores usaron los precios inflados para financiar sobornos y desviar fondos públicos.
Entre los beneficiarios figuran José Gregorio Vielma-Mora, entonces gobernador del estado Táchira, en el occidente de Venezuela, y un intermediario, quienes, según los fiscales, recibieron aproximadamente $17.3 millones.
El gobierno estadounidense busca el decomiso de unos $1,600 millones en relación con este caso. La acusación incluye además al hijo de Pulido Vargas, Emmanuel Enrique Rubio González, y a otros dos presuntos asociados.
Con información de elnacional.com
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