De las 585.000 trabajadoras del hogar que habitan en España solo 420.000 están afiliadas a la Seguridad Social, según la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística, lo que significa que más de un 30 % de este sector no cuenta con contrato formal que estipule sus condiciones de trabajo, no tiene acceso a la Sanidad Pública y no está cotizando en la Seguridad Social para que, en un futuro, puedan gozar de una jubilación. En España, una empleada doméstica que trabaja 40 horas semanales cobra el Salario Mínimo Interprofesional de 1.166 euros (1.270 dólares estadounidenses)–. El precio medio de los arrendamientos en el país se sitúa en 11,03 euros (12 dólares) por metro cuadrado al mes - 880 euros (960 dólares) por un apartamento de 80 metros cuadrados–, según el portal inmobiliario Fotocasa. A muchas migrantes, que además deben enviar dinero a sus familias en sus países de origen, apenas les alcanza para vivir.
El pasado 30 de marzo, colectivos de mujeres trabajadoras del hogar en toda España, muchas de ellas migrantes latinoamericanas, alzaron la voz para exigir que su labor -la cual consideran esencial para que las sociedades avancen- sea dignificada y sus derechos garantizados. “Queremos que se nos reconozcan las enfermedades propias que tenemos las trabajadoras del hogar y las cuidadoras”, dijo a la Voz de América la dominicana Rafaela Pimentel, portavoz de Territorio Doméstico, un colectivo creado en 2006 por mujeres migrantes que defiende los derechos de este sector.