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"Tiburón 1" ordenó el ataque armado el 11 de abril de 2002

hace 50 minutos
3 min de lectura
No existe evidencia de que la marcha opositora convocada estuviera armada; los reportes de la Policía Metropolitana indicaban que se trataba de una manifestación pacífica y de carácter familiar.
No existe evidencia de que la marcha opositora convocada estuviera armada; los reportes de la Policía Metropolitana indicaban que se trataba de una manifestación pacífica y de carácter familiar.

El pasado miércoles 14 de octubre se llevó a cabo una audiencia pública de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en Costa Rica para conocer el "Caso Trujillo y otros vs. Venezuela" presentado por los abogados Alfredo Romero y Gonzalo Himiob Santomé, directivos de la ONG Foro Penal.


El expediente examina la presunta responsabilidad estatal por la muerte de 19 personas y más de 100 heridos el 11 de abril de 2002 cuando una manifestación de civiles intentaba llegar al Palacio de Miraflores.


En la sesión presentaron testimonios familiares de varias de las víctimas mortales y la periodista Del Valle Canelón en calidad de testigo porque le tocó cubrir lo que se esperaba que fuera una manifestación pacífica.


Fueron presentados, además, tres documentos firmados ante notario, contentivos de declaraciones del general Manuel Antonio Rosendo y de otro general de apellido Vásquez Velásquez.


Tiene la palabra el perito


El expediente presentado por el Foro Penal contiene un informe del coronel retirado Antonio María Guevara Fernández, perito en materia militar de Estado Mayor, de operaciones y de inteligencia.


Precisó el experto que el objetivo de su peritaje en este caso ha sido determinar si la actuación de las fuerzas militares el 11 de abril de 2002 estuvieron apegadas a las pautas constitucionales, doctrinarias y convenciones sobre el uso de la fuerza.


En su exposición de 10 minutos reglamentarios recordó un antecedente de lo ocurrido el 11 de abril: Una reunión el 7 de abril con el alto mando militar y el para entonces presidente constitucional de Venezuela, Hugo Ch;avez Frías.


En ese encuentro el presidente Chávez propuso activar el Plan Avila para enfrentar la marcha. "El alto mando de la GNB (inspector general, jefe de Estado Mayor y jefe de operaciones) se opuso internamente al plan por los riesgos para los derechos humanos, pero se impuso bajo un esquema de obediencia ciega."


Además, "se toleró e instrumentalizó la presencia de grupos civiles armados afines al gobierno, rompiendo el deber de neutralidad".


Guevara Fernández se refirió a la manipulación de la Red Tiburón, un canal paralelo de mando: "Funcionó como un canal clandestino de radiofrecuencia que conectó directamente al presidente de la República (Tiburón 1) y a la Fuerza de Tarea Ávila (Tiburón 6) con mandos subordinados, excluyendo deliberadamente al comandante del CUFAN para evadir controles institucionales y la rendición de cuentas."


Y fue a través de la Red Tiburón por donde Tiburón 1 dijo: "Te ordeno la aplicación del Plan Ávila".


La orden implicó:


  • Se desplegó armamento de guerra (fusiles de asalto 7.62 mm con munición real y pistolas de gran potencia).

  • No se aplicó el escalonamiento táctico (prevención, disuasión y barreras físicas), transitando directamente a la contención armada.

  • La fuerza pública no actuó para neutralizar a terceros armados (por ejemplo, en las inmediaciones del Puente Llaguno).


Y como si fuera poco, se omitieron las auditorías y registros forenses posteriores.


El perito precisó que que "no existe evidencia de que la marcha opositora convocada estuviera armada; los reportes de la Policía Metropolitana indicaban que se trataba de una manifestación pacífica y de carácter familiar."


Al ser consultados sobre el tiempo para un veredicto, dijo que podría ser entre dos y tres meses. Sin olvidar que tienen 24 años esperando una decisión. En su intervención, Gonzalo Himiob Santomé, recordó que el Estado venezolano informó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 79 investigaciones relacionadas con los hechos del 11 de abril de 2002, 67 finalizaron sin llegar a la fase preparatoria, sin avanzar a etapas para determinar y en los 78 casos no hubo identificación ni sanción a persona alguna.


Enfatizó que el Estado venezolano "incumplió sus obligaciones internacionales de respetar y garantizar los derechos a la vida, investigar los hechos y esclarecer la verdad".


¿Habrá llegado el momento de aclarar lo ocurrido ese 11 de abril de 2002, identificar y sancionar a los responsable, brindar la atención adecuada a las víctimas y garantizar que no se repitirán hechos como los ocurridos ese día?


Amanecerá y veremos.











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