Retiro de Venezuela de la CPI no afecta investigación en curso

Desde diciembre de 2025 el Ejecutivo venezolano había anunciado su decisión de apartarse de la Corte Penal Internacional (CPI) Foto: @IntlCrimCourt

El 24 de julio pasado, el canciller Félix Plasencia informó sobre la decisión del Ejecutivo de denunciar el Estatuto de Roma y, por tanto, "iniciar su retiro definitivo de la CPI". La decisión, aseguró el funcionario, obedece al "sesgo geográfico" sobre países como Venezuela y una justicia internacional "instrumentalizada para profundizar las desigualdades entre los pueblos y desconocer su derecho a la autodeterminación y a la soberanía". 

Las denuncias de Venezuela al respecto no son nuevas. En diversos documentos y espacios, el Ejecutivo venezolano ha verbalizado dicha "instrumentalización" para desechar las denuncias de graves violaciones de derechos humanos que, tanto víctimas, sociedad civil y organizaciones, han señalado a lo largo de los años. 

En 2018 seis Estados parte introdujeron una petición para que se evaluara la presunta comisión de delitos de lesa humanidad en el país. En noviembre de 2021, la Fiscalía de la CPI, a cargo del británico Karim Khan (recientemente destituido por denuncias de abuso sexual), informó sobre el inicio de una investigación al respecto.

En ese entonces, Khan también anunció un memorando de entendimiento con la administración de Nicolás Maduro –basado en el principio de complementariedad– para "reformar y revitalizar el sistema penal y de justicia", esto con el objetivo de establecer "una rendición de cuentas genuina en Venezuela a favor de las víctimas de presuntos crímenes".

Bajo ese enfoque, en junio de 2023 se firmó un nuevo memorando de cooperación –que no es público– y se estableció la creación de una oficina de la Fiscalía en Caracas sin facultades de investigación, a diferencia de la creada en Ucrania, y que fue cerrada en diciembre del año pasado.

En todo caso, ¿la decisión de la administración de Delcy Rodríguez frena la investigación dentro de la CPI? La respuesta es que no. El Estatuto de Roma, el instrumento que creó y rige el trabajo de la Corte, establece en su artículo 127 que una vez denunciado el Estatuto al secretario general de Naciones Unidas debe transcurrir un año para que se haga efectiva. 

Sin embargo, esto no exonera a los Estados parte –en este caso a Venezuela– de las obligaciones contraídas antes de esa denuncia. Es decir, ni los exámenes, investigaciones o enjuiciamientos penales así como las obligaciones financieras se disuelven. 

Sobre Venezuela se investigan en particular denuncias de torturas, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y violencia sexual contra decenas de personas en un contexto de persecución política. El pasado 28 de mayo, en un encuentro con medios nacionales, el vicefiscal adjunto Mame Mandiaye Niang dijo que la investigación "sigue avanzando satisfactoriamente", a un ritmo pleno "y con total dedicación".

Asimismo, el vicefiscal reconoció las expectativas de los denunciantes, oenegés y sociedad civil sobre los avances de la investigación, pero señaló que aunque los procesos pueden parecer lentos "y en la mayoría de los casos no son visibles para el público, la lentitud no es un signo de fracaso". 

"Es la prueba de que la labor se está realizando de forma adecuada", dijo el funcionario de la CPI.

Tras el anuncio hecho por el canciller Plasencia, la Corte dijo que no había sido notificada de la decisión, pero lamentó que Venezuela quiera "apartarse del esfuerzo colectivo para poner fin a la impunidad por los crímenes internacionales más graves".

¿La nueva relación con Estados Unidos puede tener que ver en la decisión? Posiblemente. Estados Unidos fue el primero en felicitar a Venezuela por retirarse de la Corte Penal Internacional, una decisión que justo coincidió con la campaña iniciada por la administración de Donald Trump para «desmantelar» el organismo.

El cierre de la oficina de la Fiscalía de la CPI en el país por la falta de "progreso real" en la complementariedad por parte del Ejecutivo, una decisión anunciada el lunes 1° de diciembre de 2025, trajo una respuesta inmediata de la administración de Nicolás Maduro: el anuncio de retirarse. Esa misma semana, la Asamblea Nacional –de mayoría oficialista– aprobó un acuerdo y una ley derogatoria del Estatuto de Roma.

Poco más de siete meses después, la denuncia se hizo efectiva ante Naciones Unidas.

El abogado y director de Acceso a la Justicia, Alí Daniels, señala que la denuncia no tiene ningún sentido al no detener la investigación. "Por eso el gobierno de Maduro no se había ocupado de denunciar el Estatuto de Roma, sabía que no iba a tener ninguna consecuencia práctica".

Pero Daniels recuerda el "hecho curioso" sobre la ley aprobada y sancionada por la Asamblea Nacional. "Esa ley nunca fue promulgada, esa Gaceta Oficial nunca fue publicada. Vino el 3 de enero y pudo publicarse porque hubo una continuidad administrativa, sin embargo hasta el sol de hoy esa Gaceta no ha sido publicada. Estaban tan conscientes que era un gesto inútil que no hubo apuro por publicar la ley, por eso ese gesto inútil no era prioritario", afirma.

EEUU ha denigrado y sometido a medidas coercitivas (sanciones) a varios jueces y al exfiscal Khan por la investigación sobre los posibles crímenes de guerra cometidos en territorios palestinos. Luego del 3 de enero, cuando fuerzas estadounidenses atacaron Caracas y capturaron a Nicolás Maduro, se inició un "tutelaje" sobre la administración de Delcy Rodríguez.

"Debido a que se incorporan a la agenda americana, tras el anuncio del secretario Rubio ahora se decide hacer la denuncia. Dado que es un gesto inútil, la única explicación de que ese gesto inútil haya ocurrido es el encuadramiento de la política venezolana con la norteamericana en esta materia", afirma Daniels.

¿El retiro de la CPI afecta posibles órdenes de captura? En la etapa de investigación, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional puede solicitar a la Sala de Cuestiones Preliminares la ejecución de órdenes de detención o comparecencia –de forma pública o no– sobre personas que consideren son responsables de los crímenes señalados.

La Sala es la que aprueba estas solicitudes (siempre a individuos particulares pues la CPI no investiga gobiernos) si considera que se ha cometido un crimen que les compete y para asegurar que la persona comparezca en juicio, que no obstruya o ponga en peligro la investigación ni las actuaciones de la propia Corte o para impedir que la persona siga cometiendo crímenes. 

Sin embargo, la ejecución de estas detenciones depende íntegramente de la voluntad de los Estados parte, pues el organismo no cuenta con una fuerza policial para hacerlas efectivas. Sin embargo, el director de Acceso a la Justicia, Alí Daniels, recuerda que existe el precedente de Filipinas. 

Rodrigo Duterte, siendo presidente de ese país, denunció el Estatuto de Roma. Daniels señala que "ya siendo expresidente el propio Gobierno de Filipinas lo entregó a la Corte y hoy está detenido, está en Países Bajos y está siendo juzgado. Esa es la prueba de que si hay intención de colaborar, se hace y no se puede alegar que el país ya no forma parte del Estatuto para no cumplir con las órdenes de captura. Efectivamente, la obligación pervive porque la denuncia es para hechos futuros, no para hechos que ya están siendo investigados como el caso Venezuela I".

La administración chavista nunca ha mostrado una verdadera intención de cooperar plenamente en la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad o la posibilidad de que las víctimas obtengan justicia dentro del país, como lo ha reconocido la propia Corte. 

¿Cuánto debe Venezuela a la CPI? El Estado acumula una deuda con la Corte Penal Internacional de más de 14 millones de euros, ya que se ha atrasado en los pagos correspondientes desde el año 2018 –cuando hizo su último pago de forma parcial– bajo el alegato de incapacidad producto de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y otros países.

Las cuotas anuales de Venezuela son de aproximadamente 2.018.603 euros. Según el artículo 112 par. 8, el derecho al voto se pierde por deber el equivalente a dos o más contribuciones anuales. Hasta el año 2021, el país estuvo sin participación dentro de la Asamblea de la CPI por la deuda acumulada. Durante 2025 se permitió la participación del país en la Asamblea de Estados parte y otros espacios dentro de la Corte pero sin derecho al voto debido a los impagos.

¿La destitución de Karim Khan afecta el caso venezolano? El director de Acceso a la Justicia señala que los errores de Karim Khan, destituido por abuso sexual, no implica que la Corte no funcione o descrédito hacia las funciones y el trabajo de la institución.

"Hay que distinguir a la persona de la institución. Aunque el fiscal Khan haya cometido esos abusos, que son reprensibles y celebramos que haya sido destituido por ello, eso no separa que creamos en la institucionalidad porque precisamente que continuara la investigación y que eso de frutos en algún momento, que esperemos sea pronto, no desmerita a la Corte que ha demostrado su seriedad", dice Alí Daniels.

Puntualiza además que la justicia internacional sigue siendo, por ahora, un camino para conseguir justicia a las víctimas en el país. "Lo que no puede ser es que haya una transición sobre la base de la impunidad. Una transición con impunidad es una transición condenada al fracaso". Con información de talcualdigital.com