¿Qué hay detrás del aumento de la recompensa por Maduro?
- Antonio de la Cruz
- hace 2 días
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“Al tratar a los carteles como enemigos estratégicosy a los Estados que los albergan como plataformas hostiles,Trump rompe con la ortodoxia legal y redefinela seguridad nacional como un juego de fuerza y determinación”.
Las políticas antidrogas de las administraciones estadounidenses anteriores operaban dentro de un marco conocido: el narcotráfico como un problema criminal transnacional, abordado a través de la aplicación de la ley, el intercambio de inteligencia y la coordinación diplomática. En su segundo mandato, Donald Trump ha abandonado ese enfoque de forma decisiva.
Al designar formalmente a varios cárteles latinoamericanos —incluido el de los Soles de Venezuela— como organizaciones terroristas extranjeras, con la consecuente autorización de planes militares en su contra, la Casa Blanca no está simplemente intensificando la guerra contra las drogas: la está redefiniendo.
Este cambio estratégico representa un retorno a una lógica de seguridad centrada en el Estado, en la que las amenazas no se miden por su criminalidad, sino por su capacidad de socavar la soberanía nacional, desestabilizar regiones enteras y desafiar la autoridad del Estado.
Redefiniendo el panorama de amenazas
El núcleo del argumento de la administración Trump es que la distinción tradicional entre actores estatales y no estatales ha dejado de ser relevante. Organizaciones como el Tren de Aragua, MS-13 y el Cártel de los Soles controlan territorio, ejercen poder coercitivo, generan ingresos transnacionales y operan bajo la protección —o liderazgo directo— de gobiernos como el de Nicolás Maduro en Venezuela.
Según este nuevo paradigma, estos actores ya no son simples infractores de la ley. Son enemigos que amenazan la cohesión interna de Estados Unidos mediante el tráfico de fentanilo, la trata de personas y la desestabilización asimétrica.
Esta evaluación ha llevado al colapso de distinciones jurídicas previamente aceptadas. La forma en la que Trump encuadra a Maduro —no como jefe de Estado, sino como jefe operativo de un régimen criminal hostil— ha abierto la puerta a opciones unilaterales, incluido el uso de fuerza militar, inteligencia estratégica y operaciones encubiertas.
América Primero, fase dos: seguridad mediante la fortaleza
Las decisiones de Trump están alineadas con una reestructuración más amplia de la política exterior estadounidense acorde a la doctrina de "América Primero: seguridad mediante la fortaleza". Este marco estratégico prioriza:
La soberanía unilateral sobre el consenso multilateral;
El interés nacional tangible sobre el internacionalismo normativo;
La defensa de fronteras sobre la integración regional;
La capacidad coercitiva sobre la contención legalista.
En este contexto, el aumento de la recompensa a 50 millones de dólares por información que ayude a la captura de Maduro no es un gesto judicial, sino un mensaje estratégico. Reclasifica al régimen venezolano de molestia a amenaza existencial, reduciendo el margen para la diplomacia y abriendo paso a la interrupción selectiva del enemigo.
Cabe mencionar que es un monto histórico: por Osama bin Laden ofrecieron en su momento 25 millones de dólares y por Pablo Escobar Gaviria 6,2 millones de dólares.
Muchos podrán ver sin importancia la cantidad que se ofrece por el sucesor de Chávez cuando todo el mundo sabe dónde está, pero la jugada va más allá y 50 millones de dólares no es una cifra nada despreciable para que internamente hayan comenzado a desconfiar unos de otros. En estos momentos una cosa es segura: Maduro no está durmiendo como un bebé, como le aseguró que lo hacía a Christiane Amanpour de CNN.
Disrupción legal y operativa
Este enfoque plantea serias preguntas sobre precedentes y legalidad. La ausencia de autorización del Congreso para el uso de la fuerza militar, las posibles violaciones del derecho internacional y el riesgo de operaciones extraterritoriales sin consentimiento del país anfitrión podrían desencadenar reacciones institucionales y geopolíticas.
Sin embargo, el equipo de Trump parece convencido de que el sistema legal va por detrás del entorno de amenazas. Según su evaluación, la arquitectura legal posterior a la Guerra Fría no fue diseñada para enfrentar actores híbridos modernos que fusionan poder político con economías criminales, y que usan la soberanía como escudo para operar con impunidad.
En consecuencia, Estados Unidos se adentra en un espacio prelegal: un terreno de acción excepcional para restaurar el equilibrio estratégico. No se trata de ignorar las reglas, sino de forzar su evolución.
Una doctrina de contención mediante la fuerza
Lo que estamos presenciando no es una “guerra contra las drogas” al estilo de los años ochenta. Es la construcción de una nueva doctrina de contención, en la que los actores no estatales y cuasiestatales ya no son tolerados como rasgos estructurales del entorno estratégico.
En esta doctrina, Venezuela no es un Estado fallido: es un Estado fachada de un cártel, que funciona como plataforma geopolítica para la disrupción asimétrica contra el territorio estadounidense. Desde esta perspectiva, la contención debe incluir la interrupción de flujos financieros, cadenas de suministro, infraestructura militar y centros de mando.
Esta lógica refleja confrontaciones pasadas: así como Estados Unidos contuvo a los aliados soviéticos durante la Guerra Fría, hoy el desafío radica en contener alianzas criminales-estatales que generan inseguridad en todo el hemisferio occidental.
Conclusión: estrategia por encima de estabilidad
La nueva postura de la administración Trump frente a los cárteles latinoamericanos refleja un realismo estratégico que entiende el orden global como un producto del equilibrio de poder, no de marcos legales. Al reclasificar a los cárteles como organizaciones terroristas enemigas y eludir los obstáculos institucionales para actuar contra ellos, la administracion Trump afirma que, en un mundo multipolar e inestable, la claridad estratégica y la acción decidida importan más que la coherencia normativa.
Los riesgos son reales: consecuencias diplomáticas, escalamiento operativo y represalias. Pero también lo es la lógica: cuando las amenazas evolucionan más rápido que nuestras instituciones, la vacilación se convierte en vulnerabilidad.
En esta nueva realidad, la soberanía no se preserva mediante reglas, sino mediante voluntad y capacidad. Y el cálculo de Trump es simple: defender primero la patria y resolver las reglas después.
Antonio de la Cruz