“El excremento del diablo” fue el calificativo que hace casi cuatro décadas le dio Juan Pablo Pérez Alfonzo al petróleo, por las consecuencias terribles que este recurso podía generar si no era bien concebida su forma de utilización y la manera en que este activo material pudiera impactar la economía de nuestro país.
A la mente nos vino esta expresión del padre de la OPEP, que estigmatizó para siempre en Venezuela a los hidrocarburos, cuando leímos el informe de la Fundación Heritage, que junto con la publicación The Walt Street Journal, realizan todos los años el Índice de Libertad
Económica. En su edición del año 2005 este informe dice lo siguiente: “Venezuela se sitúa en los últimos lugares dentro del ranking de naciones con mayor corrupción endémica y en donde se producen mayores pérdidas de fondos públicos, que en vez de destinarse a salud y
educación, se desvían a intereses particulares”.
El informe de la Fundación Heritage correspondiente al mencionado año 2005 indica que “un grupo de países productores y exportadores de petróleo aparecen especialmente destacados entre los que obtuvieron los peores puntos. Venezuela, Angola, Azerbaiyán, Chad, Ecuador, Indonesia, Irán, Irak, Sudán, Kazajistán, Nigeria y Yemen, son naciones en donde las contrataciones públicas en el sector petrolero mueven cantidades de fondos públicos que terminan en el bolsillo de ejecutivos privados, intermediarios y funcionarios de los gobiernos”. Nuestro país aparecía en ese informe en el puesto 114 de 146 países analizados, con una puntuación de 2,3 en una escala del 1 al 10.
Según algunos expertos, se estima entre 400 a 500 mil millones de dólares los ingresos provenientes por las ventas de los hidrocarburos que recibirá la nación en los próximos 25 años si se levantan las sanciones económicas que pesan sobre Venezuela y si se eleva la producción de crudo a más de 2 millones de barriles diarios a un precio de realización de US dólar 60.
En este sentido cabe hacerse tres preguntas cruciales.
Primera: ¿Se escaparán también estos nuevos ingresos en
una masiva fuga de capitales como sucedió entre 1974 y el 2022, de lo cual dan cuenta los más de 350 mil millones de dólares que existen depositados en el exterior en cuentas
bancarias privadas, cuyos titulares son de origen venezolano?
Segunda: ¿Continuará pesando el endeudamiento público externo e interno al punto de
representar el 300% de nuestro PIB actual?
Tercera: ¿Seguirán recibiendo los gobiernos de turno sus ingresos más líquidos en dólares y para financiar su déficit fiscal seguirán devaluando nuestra moneda hasta hacerla desaparecer arruinando el poder adquisitivo de los salarios y los ahorros en moneda nacional? En otras palabras ¿Nos volverá a suceder lo mismo?, ¿Cometeremos el mismo
error?
Venezuela es un Petro-Estado, es decir, el sector estatal es el dueño de los yacimientos petrolíferos y gasíferos de la nación y además es propietario de la industria y el negocio
petrolero. Este modelo ha generado enormes distorsiones en nuestra sociedad, sobre todo desde 1975 cuando se decidió estatizar el negocio de los hidrocarburos. Bien lo señaló el hoy desaparecido Richard Pipes, profesor de Harvard, gran conocedor de las experiencias y del
desempeño económico de las naciones pertenecientes al extinto bloque soviético, quien en ocasión de una visita a Venezuela afirmó: “Si el Gobierno es el propietario de la riqueza, controlará y empobrecerá a la gente”.
Todos los estudios que se han hecho en el país sobre el deterioro de la calidad de vida de los venezolanos y en relación al empobrecimiento masivo que ha experimentado nuestra sociedad, coinciden en señalar que la caída del ingreso per cápita y el aumento de la pobreza se ubican a partir del momento en que el Estado se apropió de los recursos petroleros y su industria. Economistas tan serios como Asdrúbal Baptista, afirmaban con cifras en la mano
que Venezuela tiene aproximadamente 44 años en caída económica, es decir, casi el mismo tiempo que tiene el negocio de los hidrocarburos en manos de los gobiernos de turno.
Adam Smith, uno de los fundadores de la economía clásica, hablaba de los llamados “Estados Propios” y los “Estados Impropios”. Los primeros son aquellos en donde los recursos de una nación están en manos de la sociedad y sus ciudadanos y éstos pagan impuestos al Estado por acceder a ellos y convertirlos en riqueza. Los segundos son aquellos en donde los recursos de una nación son confiscados de manera monopólica por el Estado para su
provecho particular. La sociedad y sus ciudadanos sólo reciben de estos recursos lo que el sector estatal distribuye de manera discrecional. Es decir, las migajas. Los Petro-Estados como Venezuela, entran en la segunda categoría antes referida. El Estado venezolano se apropia del petróleo, que es el principal recurso del país y lo distribuye en la sociedad a su real saber y entender.
Esta situación hace que el Estado no tenga que vivir de la riqueza que produce una sociedad y de los impuestos que paga la gente, por lo que a los gobiernos de turno en Venezuela no les importa mucho la gente ni la suerte de sus ciudadanos. Por eso hemos visto en las últimas
décadas cómo el sector público al tener en sus manos a Pdvsa y por ende el control de 90% de los dólares que produce la economía del país, decidió empobrecernos sistemáticamente devaluando la moneda de manera reiterada para financiar su déficit fiscal.
En todos los países civilizados y realmente democráticos del mundo, los Estados viven de la riqueza que producen sus ciudadanos, a través del cobro de tributos. Por esta vía, la población, al sufragar con su esfuerzo los gastos de funcionamiento del aparato estatal, puede ejercer un control sobre el desempeño de sus gobernantes. Pero cuando el Estado no depende de sus ciudadanos y los gobiernos son los propietarios de la riqueza de la nación,
se desarrolla una suerte de autonomía funcional respecto de la sociedad. En esta circunstancia, tarde o temprano el Estado y sus gobiernos se convierten en un azote para los
ciudadanos. Aparece aquí el flagelo de la corrupción como consecuencia del manejo poco trasparente de los recursos y de los ingresos de que disponen el sector oficial. En nuestro país se da la circunstancia de que, además de ser el dueño de la riqueza, el sector estatal, también cobra impuestos, pero la debilidad estructural del músculo de la sociedad civil y la precariedad institucional que padecemos, impide cualquier mecanismo de control sobre el poder.
En condiciones como las anteriores, las prácticas ilícitas y corruptas que pueden producirse en cualquier parte del mundo no constituyen hechos aislados sino que conforman todo un entramado funcional y orgánico a través del cual se realizan las transacciones económicas en un determinado país por lo que sin la corrupción no funciona nada. No se trata de la corrupción dentro del sistema, sino que la corrupción es el sistema. De esta forma el fenómeno de los ilícitos administrativos, el peculado y el poder para adjudicar y quitar discrecionalmente privilegios financieros y comerciales a grupos influyentes y de presión, se convierte en una característica sistémica inherente a los Petro-Estados.
Estas prácticas son altamente empobrecedoras, ya que la corrupción como sistema encarece tremendamente los costos de transacción en las operaciones económicas y hace que los agentes productivos generen ineficiencias y pierdan capacidad competitiva, lo que al final pagan los consumidores al adquirir productos costosos y de baja calidad.
Por eso, cualquier reforma política, económica e institucional que se quiera echar adelante en Venezuela, debe quitarle el control de los ingresos petroleros al Estado venezolano y procurar que la riqueza que produce el negocio de los hidrocarburos llegue directamente a la
sociedad y a sus ciudadanos, sus legítimos dueños. Esa es la verdadera revolución que hay que hacer en nuestro país.
Convertir a Venezuela en un país de propietarios y beneficiarios directos de nuestra industria petrolera, es decir, un Estado propio. “PROPIEDAD Y POSESIÓN A LOS CIUDADANOS QUE
LAS PIDAN”
Ya desde 1829 el Libertador Simón Bolívar, en un decreto fechado en octubre de ese año, consagraba que “conforme a las leyes, las minas de cualquiera clase corresponden a la República, cuyo gobierno las concede en propiedad y posesión a los ciudadanos que las pidan, bajo las condiciones expresadas en las leyes y ordenanzas de minas…”.
Este decreto del Padre de la Patria tiene una clara influencia proveniente de las ideas de la ilustración y de los enciclopedistas franceses de finales del Siglo XVIII. La riqueza del subsuelo, es decir las minas, según lo consagraba el derecho hispánico fundamentado en los
códigos monárquicos de la casa real de los Habsburgo, era propiedad del soberano, pero en la monarquía el soberano es el Rey o el Monarca.
La revolución francesa modifica estos derechos nobiliarios y erradica los privilegios patrimoniales, tanto de la monarquía y el clero.
Bolívar hace suyo el ideario de la revolución francesa y aun cuando mantiene el principio derivado del derecho hispánico según el cual la riqueza del subsuelo pertenece al soberano, no obstante, en la República el soberano es el pueblo y no el Rey. Por eso, cuando el Libertador dice en su decreto de Quito que las minas corresponden a la República, se refiere a que pertenecen legítimamente al pueblo. Por eso, a renglón seguido, Bolívar indica en el
referido texto que el gobierno de esa República deberá entregar las minas en propiedad y posesión a los ciudadanos que las pidan, ya que la riqueza del subsuelo es del dominio público y no de ninguna clase o casta privilegiada, ya sea nobiliaria, política o corporativa.