¿Peor que el actual Tribunal Supremo de Justicia?

Los anuncios de la semana pasada de la dirigente opositora, Dinorah Figuera y de su contraparte oficialista, Jorge Rodríguez, sobre la conformación de un consejo de juristas, encargado de revisar las credenciales de los aspirantes a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, TSJ para los próximos doce años, generó un buen alborozo entre diversos sectores vinculados con el tema.
El cronista, que lo último que desea es oficiar de Casandra, se toma la libertad de advertir que la cosa no era para tanto.
No hemos sido ni los primeros, ni mucho menos seremos los últimos, en encender las alarmas en relación con los supuestos efectos democratizadores de la recién reformada Ley Orgánica del TSJ.
De la muy dispar correlación de fuerzas de la fraudulenta Asamblea Nacional instalada el presente año en Venezuela (90% o más de la bancada oficialista versus algo menos de 10% de la fracción opositora y, aún, a tan exiguo porcentaje, habría que descontarle los llamados alacranes o colaboracionistas) los parlamentarios, Luis Florido y Stalin González, han priorizado la independencia de los nuevos magistrados, sobre su cantidad y cualquier otra consideración por muy importante que sea.
Iniciemos un análisis numérico de la cuestión, pero con efectos demoledores contra la ansiada independencia:
De los siete integrantes del referido equipo de “revisión de credenciales”, cuatro, son de supuesta –subrayamos el precedente adjetivo— tendencia opositora y los tres restantes, no tan supuestamente, de confesa militancia oficialista. Solo que dicho consejo de juristas carece, en lo absoluto, de basamento constitucional, ni legal como tampoco se tienen noticias de las normas reglamentarias o internas que lo gobernarían. Aún más, si nos atenemos al sentido de las palabras textuales al informarse de su creación (“La conformación del Consejo de Revisión de credenciales y los requisitos de los postulados”) no hay que ser muy minucioso para concluir que tal conformación de credenciales se limitará a constatar si cada aspirante es, en efecto, venezolano por nacimiento y sin ninguna otra nacionalidad, abogado, mayor de 30 años, poseedor de alguna maestría o doctorado o trayectoria como profesor universitario, sin entrar a dictaminar quién está o no está mejor o peor calificado, porque de hacerlo, incurriría en un acto absolutamente nulo por usurpación de funciones.
En cuanto a la reformulación del otro comité, es decir el “Comité de Postulaciones” (artículo 65 de la Ley Orgánica del TSJ) de sus 23 integrantes, 11 serán seleccionados por la AN, entre sus propios diputados. La espuria mayoría parlamentaria del oficialismo a buen seguro hará lo que ha venido haciendo desde que se entronizaron las hordas chavistas en el Poder: Usar y abusar de su mayoría no importa lo fraudulenta que sea e imponer, en este caso, del total de 11 plazas ocupar 10 y quién sabe si las 11 por completo.
Faltarían para totalizar los referidos 23 integrantes, los 12 representantes de la “sociedad civil” y otra vez se impondrá la aplanadora del oficialismo para mimetizar unos vulgares activistas del partido de gobierno, tras el ropaje de vecinos, estudiantes, obreros, activistas comunitarios o como más le convenga. Tienen 27 años haciéndolo, para poner y quitar magistrados, jueces, rectores del CNE, Defensores del Pueblo, Fiscales, Contralores Generales, supuestamente “independientes” y no hay razones para que en lo sucesivo, se comporten de manera diferente.
Hace alrededor de 2.500 años el más ilustre estagirita, expresó que “Peor que una injusticia, es una mascarada de justicia”.
Huelga recordar que, entre las tareas más ingentes de ese nuevo TSJ, figuran las de dictaminar sobre la validez –para nosotros nulidad— del llamado “Mejor contrato petrolero de la Historia” como dictaminar sobre el “Cuasi mejor contrato aurífero, del coltán, de las tierras raras del 'Arco Minero' de la guayana venezolana”.
Total, que si nos atenemos a las enseñanzas de Aristóteles, peor que el actual TSJ, sería un TSJ con la mascarada de independiente gracias al más impúdico fraude procesal, pero igual o peor de sumiso al llamado gobierno de la transición presidido por la honorable señora Rodriguez. O sumiso a los jefes de esta última, tan honorables como la referida matrona.




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