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ONG desmiente cifras oficiales de excarcelaciones

Los liberados continúan bajo presión y vigilancia, ahora sujetos a medidas cautelares que restringen sus libertades. Foto: Archivo I21
Los liberados continúan bajo presión y vigilancia, ahora sujetos a medidas cautelares que restringen sus libertades. Foto: Archivo I21

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela (Clippve) ha confirmado, tras un arduo trabajo conjunto con familiares, defensores y organizaciones, la liberación de 63 personas durante la reciente jornada de excarcelaciones en el país. La disparidad entre los datos oficiales y los verificados por las ONG es notoria. Mientras el régimen venezolano asegura que fueron liberadas 99 personas, las listas elaboradas por organizaciones y grupos de presos políticos muestran diferencias significativas.


El grupo está compuesto por tres adolescentes, 21 mujeres y 39 hombres. Sin embargo, la cifra se ha obtenido “en un contexto de opacidad oficial, miedo y represión, donde muchas familias aún temen hablar o confirmar públicamente la liberación de sus seres queridos, sigue siendo un desafío conocer la totalidad de los casos”. Ningún militar entre ellos.


La falta de transparencia y el temor a represalias dificultan el acceso a información precisa, lo que mantiene la incertidumbre sobre el verdadero alcance de las excarcelaciones y el estado de los presos políticos en Venezuela.


Por otra parte, el periodista y defensor de Derechos Humanos, Luis Carlos Díaz, ex preso político venezolano, durante su participación en el programa La Linterna de COPE, conducido por Rubén Corral, cuestionó la cifra oficial sobre la reciente liberación de detenidos en Venezuela. Díaz subrayó que, pese a los anuncios de excarcelaciones que rondan el centenar, “seguimos teniendo más de mil presos políticos en el país”, cifra que, según él, no ha disminuido significativamente.


Enfatizó que entre los liberados no figura ningún dirigente de partidos políticos opositores. Precisó que las personas puestas en libertad son en su mayoría civiles, además de tres de los cinco adolescentes que permanecían en prisión. Aún quedan dos menores encarcelados, uno de ellos sentenciado a diez años por ser hijo de un funcionario policial crítico con el chavismo.


Un analista, en conversación con Infobae, advierte que la mayoría de los excarcelados recientes, quienes aún no gozan de plena libertad, carecen de vínculos políticos y son considerados presos postelectorales. Según este experto, la liberación de estos ciudadanos envía un mensaje contundente a la sociedad civil: cualquiera que desafíe al Estado, al que califica como omnipotente y represivo, enfrentará represalias. No fueron liberados por el ejercicio de sus derechos, sino por la voluntad del propio Estado, que mantiene la amenaza latente de volver a actuar en caso de nuevas manifestaciones. Los liberados continúan bajo presión y vigilancia, ahora sujetos a medidas cautelares que restringen sus libertades.


Amarga alegría


En un mensaje titulado “Liberados: alegría amarga navidad”, Nelson Mendoza Blanco, consultor en Comunicación Política, en su cuenta en Facebook comparte sus sentimientos encontrados tras la excarcelación de varios venezolanos. Mendoza Blanco experimenta, a la vez, alegría por la liberación de ciudadanos decentes de Tocorón, una de las cárceles más temidas del país, e indignación porque nunca debieron haber estado tras las rejas.


Los liberados no incurrieron en delitos electorales ni violaron la ley, aclara Mendoza Blanco. No conspiraron, ni sabotearon sistemas. Tampoco eran hackers, expertos informáticos u operadores de guerra digital, como sugería el relato oficial sobre supuestos ataques cibernéticos durante la jornada en la que la oposición triunfó en los centros de votación el 28 de julio 2024, en los comicios presidenciales.


Lejos de esa narrativa, estas personas eran simples ciudadanos cumpliendo con la Constitución, lo que, paradójicamente, los hacía aún más peligrosos para el poder. Fueron miembros de mesa, testigos electorales y parte de los equipos de defensa del voto opositor. Antes de enfrentar la persecución política, eran trabajadores, madres, jóvenes, comerciantes y empleados, sin antecedentes penales ni dobles vidas.


El “delito” que se les atribuyó fue defender el acto electoral, un pilar sagrado en cualquier democracia. Por ello, fueron convertidos en ejemplo, víctimas de un castigo que no solo buscaba su escarmiento, sino advertir a las generaciones futuras. El mensaje, denuncia Mendoza Blanco, fue tan claro como brutal: quien sea testigo electoral de la oposición será tratado como terrorista. La liberación de estos ciudadanos no borra la arbitrariedad de su detención, ni la tortura psicológica que sufrieron, ni el uso del sistema penal como herramienta de represión política. No se trata de justicia, sino de cálculo político. No es clemencia, sino propaganda.


Asevera Mendoza Blanco que la sociedad celebra su salida de prisión, pero rechaza la normalización del horror. Mientras existan presos políticos por cumplir la ley, no hay elecciones libres, ni Estado de derecho, ni democracia. Solo persiste el miedo administrado, y un país que no debe olvidar lo ocurrido.


Son 65, no 99


Un análisis realizado por Infobae, a partir del cruce de listas, revela que fueron 65 los excarcelados y cuáles fueron los centros de procedencia: ocho en el centro La Crisálida (Miranda), cuatro en la cárcel de Santa Ana (Táchira), tres en comandos policiales de Yaracuy, dos en el comando policial Zulia y dos en Falcón, uno en cada comando policial de Aragua y Nueva Esparta, tres en el retén de adolescentes de Caraballeda, 38 en la cárcel de Tocorón, dos en La Planta (Caracas) y uno en el Sebin Carirubana. Para ver los nombres hacer click aquí.




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