Ni Washington ni Caracas han revelado el contrato petrolero completo
El equipo de Cotejo.info analizó la afirmación de Rafael Ramírez, exministro de Petróleo y expresidente de Pdvsa, quien escribió en su cuenta en X, el pasado 29 de agosto, que el acuerdo petrolero entre Venezuela y Estados Unidos es inconstitucional. Tras contrastar la declaración con la evidencia pública disponible, el equipo concluyó que se trata de una media verdad.
La información disponible confirma que la compañía petrolera North American Blue Energy Partners (NABEP) está vinculada a la explotación de 17 campos petroleros venezolanos y que Estados Unidos tiene una participación económica en el convenio. Al mismo tiempo, existen cuestionamientos de juristas y economistas sobre la selección de la empresa, la transparencia del acuerdo y sus posibles implicaciones constitucionales.
Es cierto que la Constitución venezolana, en su artículo 150, establece que los contratos de interés público con Estados o entidades oficiales extranjeras requieren la aprobación de la Asamblea Nacional. El Parlamento aprobó, el pasado 1.º de septiembre, un acuerdo de respaldo político al convenio, pero aclaró que el texto contractual aún no había sido consignado para su discusión, por lo que ese respaldo no equivale necesariamente a la
aprobación formal que exige la Constitución.
Además, existen cuestionamientos de juristas y economistas sobre la selección de la empresa, la transparencia del acuerdo y sus posibles implicaciones constitucionales. Estas cifras podrían corresponder a instrumentos o derechos jurídicos distintos, pero no es posible determinarlo con certeza porque ni Washington ni Caracas han publicado el texto completo del convenio ni de los contratos asociados.
El Bloque Constitucional de Venezuela sostiene que “la práctica de someter los contratos petroleros, de evidente interés público, a una reserva informativa prevista en la inconstitucional Ley Antibloqueo es ilegítima, inmoral y criminógena”.
Por todo lo anterior, Cotejo.info concluye que la afirmación de Rafael Ramírez es una media verdad: contiene elementos sustentados en información pública, pero también conclusiones jurídicas que siguen bajo debate. Para determinar con certeza si el acuerdo es inconstitucional sería necesario conocer el texto completo del convenio, los contratos asociados y la estructura jurídica mediante la cual se otorgaron los derechos de explotación, algo que, por el momento, no es posible.
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