Un resumen de las informaciones más importantes del 24 de abril relacionadas con el plano político venezolano
Edmundo González Urrutia: "Es la hora de la unión de todos los venezolanos"
El candidato presidencial de la Plataforma Unitaria Democrática, Edmundo González Urrutia, se dirige al país a través de un mensaje dirigido a todos los venezolanos.
Afirmó que buscará la unión de todos los venezolanos y llamó a dejar las diferencias a un lado para alcanzar el triunfo en los comicios del 28 de julio.
"Apostamos por una Venezuela de todos, donde nadie sienta temor a ser perseguido por sus ideas, una Venezuela con justicia donde se garantice la autonomía e independencia de los poderes públicos", dijo en un video publicado en sus redes sociales.
En un mensaje de cuatro minutos, González contó que aceptó con humildad su candidatura, "fue una decisión que no esperaba hace unos días, por eso me tomé este tiempo para enviarles este mensaje".
Agradeció a María Corina Machado, al gobernador del Zulia, Manuel Rosales y a la profesora Corina Yoris por su desprendimiento y respaldo que hicieron posible la candidatura unánime.
"Estamos ante el reto de apostar por la recuperación de Venezuela, nadie puede ser indiferente a la situación de millones de compatriotas nuestros, una pobreza que se expande mientras la inflación persiste y la moneda pierde valor real".
Aseguró que buscará la libertad de los presos políticos, el retorno de los exiliados y de todos los venezolanos que se han ido y quieren regresar.
"Es la hora de poner a un lado nuestras diferencias y trabajar juntos por alcanzar el triunfo electoral del venidero mes de julio", enfatizó.
González insistió que levanta las banderas de la unidad amplia e íntegra "es la hora de la unión de todos los venezolanos". Con información de Unionradio.net
Unas horas antes de publicar su mensaje, a través de su cuenta en "X" manifiesta: "El #28Jul podemos concretarlo y cuento contigo para lograrlo. Ayúdame a difundir mi próximo mensaje."
Nicolás Maduro invita a que regrese la Oficina del Alto Comisionado de DDHH
El gobernante Nicolás Maduro invitó este martes, 23 de abril, a la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a que vuelva al país, luego de que su Gobierno la expulsara a mediados de febrero de 2024 por supuestos sesgos en su labor.
"Que superemos las diferencias, el conflicto que tuvimos y estoy preparado para recibir al enviado del alto comisionado, Volker Türk (…) cuando quiera, donde quiera", dijo el mandatario, en un acto junto al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, en el palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo.
Aseguró estar de acuerdo con la "propuesta de invitar nuevamente" al equipo de la Acnudh, luego de que en febrero su Gobierno diera un lapso de 72 horas al personal adscrito a esta oficina en Caracas -establecida en septiembre de 2019- para que abandonara el país.
En esa oportunidad, el Ejecutivo venezolano remarcó que esa expulsión se mantendría hasta tanto esta oficina de la ONU rectificase "públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violadora de la carta de las Naciones Unidas", según expresó en un comunicado.
Ahora, Maduro ha dicho que las puertas del palacio de Miraflores "están abiertas" para hablar sobre "las diferencias" y "el conflicto" entre las partes.
"Si tú quieres, yo quiero (…) reconstruyamos los puentes sobre las base del diálogo y la comunicación", agregó el mandatario, en un mensaje dirigido a Türk.
Pese a la expulsión, Caracas había dejado clara su "voluntad de seguir cooperando con los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos, siempre sobre la base del diálogo genuino y en estricto apego a los principios de objetividad, no selectividad, imparcialidad, respeto a la soberanía y no injerencia en los asuntos internos". Con información de elpitazo.com
Según informe de Amnistía Internacional tácticas represivas son aplicadas por autoridades a quienes defienden los derechos humanos.
Amnistía Internacional (AI) responsabilizó al gobierno de Nicolás Maduro por casos de desaparición forzada y tortura en Venezuela, prácticas especialmente aplicadas contra opositores, según el informe anual de la organización presentado este miércoles 24 de abril
De acuerdo a la información que recoge el informe de AI en el apartado "detenciones arbitrarias y juicios injustos" queda expresa la siguiente información:
"Se determinó que el uso por parte del gobierno de la detención arbitraria contra civiles podía constituir crimen de lesa humanidad. Según las organizaciones de la sociedad civil, entre 2014 y 2023 se habían llevado a cabo aproximadamente 15.700 detenciones arbitrarias.
En octubre 2023 la Plataforma Unitaria y representantes del presidente Nicolás Maduro llegaron a un acuerdo negociado, con el apoyo de Estados Unidos y otros países, que dio lugar a la excarcelación de 26 personas al concluir el año. Las condiciones de la puesta en libertad no quedaron claras. Según las organizaciones locales, aproximadamente 280 personas seguían detenidas de forma arbitraria por motivos políticos. La desaparición forzada y la tortura, entre otras violaciones de derechos humanos, seguían formando parte de la política de represión ejercida por el gobierno.
Amnistía Internacional explicó que estas víctimas comparecen ante un tribunal, son "acusadas de asociación para delinquir y otros cargos relacionados con el terrorismo" y luego "trasladadas a un centro militar o policial" donde permanecen "meses, o incluso años, en espera de juicio".
Durante el período de observación, cuya fecha de comienzo y corte no son explicadas en el informe, "persistían las tácticas represivas de las autoridades, como la utilización del sistema judicial para silenciar la disidencia y criminalizar a quienes defendían los derechos humanos", subrayó la organización, que no ofrece números propios sobre estos casos.
A juicio de AI en el país suramericano hay una "política de represión aplicada por el gobierno", por lo que "quienes criticaban" al Ejecutivo "eran objeto de detención arbitraria, desaparición forzada y tortura, con la aquiescencia del sistema judicial".
Según el documento "quienes pertenecían -o se consideraba que pertenecían- a la oposición política sufrían ataques continuamente y corrían peligro de ser objeto de detención arbitraria, tortura y otras violaciones de derechos humanos".
A mediados de marzo, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, rechazó el uso indiscriminado del concepto "desaparición forzada" cuando se produce una detención de opositores o activistas señalados por delitos, en cuyos casos -aseguró- el Estado actúa conforme a derecho.
El informe también recoge valoraciones sobre la "falta de acceso a derechos económicos y sociales" de los ciudadanos y cómo esto motivó protestas a las que las fuerzas de seguridad "respondieron con fuerza ilegítima y otras medidas represivas".
Además, AI dijo que las condiciones de las prisiones y los centros de detención "siguieron empeorando, especialmente el hacinamiento y la provisión insuficiente de comida y agua".
"La población reclusa dependía de que sus familiares les proporcionaran los recursos básicos para sobrevivir. Continuó la detención prolongada en las comisarías de policía y otros centros de detención ilegal", añadió el informe, sin datos más específicos al respecto. Con información de elnacional.com
Acontecimientos notorios desde la última visita a Venezuela de la CPI
El fiscal Karim Khan llegó a Caracas por última vez a mediados de 2023. Múltiples detenciones arbitrarias, como la de la activista de derechos humanos Rocío San Miguel y directivos de Vente Venezuela, ocurrieron entre sus viajes oficiales a Caracas.
El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, visitó esta semana Caracas para inaugurar una oficina de su equipo de trabajo en el marco de sus investigaciones sobre posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela, su cuarto viaje al país en su rol.
La oposición, organismos multilaterales y actores de la comunidad internacional han advertido que las violaciones a derechos fundamentales no han cesado desde la última visita de Khan a Venezuela y que, por el contrario, el gobierno ha arreciado la persecución política en el marco de una elección presidencial convocada para el 28 de julio.
¿Qué ha ocurrido en la nación gobernada por Nicolás Maduro desde la última actuación in situ de Khan, en junio, hace 10 meses ya? LaVozdeAmérica.com hace un recuento de los casos más notorios que podrían ser del interés del fiscal de la CPI, de origen británico.
Sindicalistas arrestados por protestar
Apenas 48 horas después del cierre del último viaje oficial del fiscal Khan a Caracas, agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) detuvieron a tres sindicalistas en el estado Bolívar por participar en protestas: Leonardo Azócar, Daniel Romero y Juan Cabrera. Sus arrestos ocurrieron el 12 de junio pasado.
Operación Brazalete Blanco
El ministro de la Defensa y el fiscal general de Venezuela denunciaron en febrero pasado la frustración de un plan magnicida y de atentados contra las instituciones del país, conocido como la Operación Brazalete Blanco.
El gobierno publicó una lista de 33 militares “traidores a la patria”, entre ellos el militar retirado Ronald Ojeda, quien fue secuestrado y asesinado en Chile. Una veintena de personas fueron detenidas por el caso y otras 15 eran buscadas por las autoridades.
Rocío San Miguel, detenida y acusada de conspiración
El 9 de febrero, funcionarios del Estado venezolano arrestaron a Rocío San Miguel, abogada, especialista en seguridad y defensa, y activista de derechos humanos, cuando intentaba abordar un vuelo en el aeropuerto de Maiquetía para viajar a Miami.
ONG y organismos internacionales denunciaron su desaparición forzosa, mientras la fiscalía general la implicaba en una supuesta conspiración para atentar contra el presidente Maduro, la Operación Brazalete Blanco.
No fue sino 10 días después de su detención que su hija, Miranda Díaz, pudo verla en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), en Caracas.
Sus familiares y abogados indicaron que estuvo incomunicada por días y que le impidieron ser representada en un tribunal contra terrorismo por sus abogados de confianza. Afirman que la abogada se declaró inocente de las acusaciones en su contra.
Cierre de la oficina del Alto Comisionado para DDHH
El gobierno venezolano suspendió las actividades de la oficina técnica de asesoría del Alto Comisionado para los derechos humanos de la ONU en Caracas y ordenó la salida del país de los funcionarios adscritos a esa oficina, a mediados de febrero.
La medida se tomó por su presunta parcialidad, su “impropio papel” como un “bufete particular de grupos golpistas y terroristas”, de acuerdo con la cancillería venezolana.
La decisión estará vigente hasta que “rectifiquen públicamente su actitud colonialista, abusiva y violadora de la Carta de Naciones Unidas”, dijo el gobierno.
Este martes, luego de reunirse en el palacio presidencial de Miraflores, Maduro confirmó que aceptó la propuesta del fiscal Khan de que permitiera el retorno de la oficina del Alto Comisionado para DDHH de la ONU a Caracas.
Persecución contra Vente Venezuela
Seis dirigentes del partido Vente Venezuela y colaboradores cercanos de la ganadora de la primaria presidencial opositora María Corina Machado fueron detenidos entre enero y marzo de este año por haber sido acusados de planificar supuestos actos conspirativos para generar violentas protestas de calle en el contexto de la elección del 28 de julio.
Según el fiscal general Tarek William Saab, los dirigentes regionales y nacionales del partido y de los comandos de campaña de Machado formaban parte de un “plan escalonado” de manifestaciones para desestabilizar al gobierno y del ingreso al país de militares en el exilio para que tomaran a la fuerza varias bases de la Fuerza Armada Nacional.
Machado calificó los arrestos como “una infamia”, mientras la oficina del Alto Comisionado para los DDHH de la ONU expresó preocupación ante las medidas que restringen “indebidamente” el espacio cívico y democrático en Venezuela en los meses previos a las elecciones de julio.
Otros 6 dirigentes nacionales de Vente Venezuela, entre ellos quien es considerada la mano derecha de Machado y coordinadora nacional de su comando de campaña, Magalli Meda, se refugiaron en la embajada de Argentina en Caracas después de que el fiscal Saab reveló que pesaban sobre ellos órdenes de detención por el mismo caso.
El gobierno de Argentina confirmó hace dos semanas que diligenciaba ante el poder ejecutivo de Nicolás Maduro salvoconductos para que el grupo de dirigente políticos pudiera viajar fuera del país.
Periodista Carlos Julio Rojas encarcelado
Carlos Julio Rojas, periodista, activista social y directivo suplente del Colegio Nacional de Periodistas, fue detenido el 15 de abril cerca de su residencia, en Caracas, por hombres encapuchados.
Al día siguiente, lo presentaron esposado en la sede del SEBIN por estar presuntamente implicado en un plan magnicida que se realizaría cuando Nicolás Maduro se registró como candidato ante el CNE, a finales de marzo.
Según el fiscal general Tarek William Saab, con quien Karim Khan se reunió esta semana, dos hombres detenidos en marzo e involucrados en ese presunto complot señalaron que Rojas les suministraría armas y dinero para atentar contra el jefe de Estado.
Leyes contra la disidencia
La Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría chavista, aprobó el 2 de abril en primera discusión un proyecto de ley contra el fascismo, que prohíbe mensajes que promuevan la violencia como método de acción política y contempla sanciones penales y administrativas.
Según el gobierno, la normativa permitirá atender las “expresiones y acciones” de partidos que han actuado con “tilde fascista” en los últimos 25 años.
La normativa contempla penas de 12 años de cárcel a quienes se involucren o promuevan actos asociados al fascismo. Los expertos advierten sobre la imprecisión de sus conceptos y temen que sea un nuevo instrumento para censurar y castigar a la disidencia.
El parlamento venezolano también inició consultas sobre un proyecto de ley que buscaría ilegalizar a las ONG que reciben financiamiento extranjero y que promoverían actos de desestabilización política, vinculadas con partidos políticos, según el chavismo.