Las noticias políticas del 8Sep en Venezuela
Un resumen informativo de lo que sucede en Venezuela en el plano político.
Militar Igbert Marín Chaparro enfrenta un nuevo proceso penal
La ONG Realidad Helicoide alertó este 7 de septiembre el inicio de un segundo juicio penal en contra del teniente coronel Igbert Marín Chaparro. La defensa señaló que la apertura de la causa busca bloquear de manera arbitraria su excarcelación, a pesar de que el militar ya cumplió su sentencia.
La organización denunció en X que a Marín Chaparro le impiden salir en libertad, pese a haber cumplido su condena de 7 años y 6 meses de prisión. De acuerdo con Realidad Helicoide, al militar le abrieron un segundo proceso penal denominado «Caso La Viñeta» para prolongar su detención.
Según el expediente del caso, lo imputaron por delitos de terrorismo tras señalarlo de dibujar un plano desde su celda para atentar contra la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE) y planificar la captura de altos funcionarios del Ejecutivo, aun estando incomunicado y bajo custodia en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) de Boleíta.
Realidad Helicoide precisó que, a través del nuevo proceso judicial, las autoridades buscan imponerle a Marín Chaparro la pena máxima de 30 años de prisión.
El juicio oral y público inició este 7 de septiembre, mientras el militar permanece incomunicado y aislado en El Rodeo I; la ONG exigió justicia en el caso y la libertad inmediata del teniente coronel.
Igbert José Marín Chaparro —oficial con buen récord de índice académico en la Academia Militar de Venezuela y excomandante del Batallón de Infantería Motorizada Juan Pablo Ayala, en Fuerte Tiuna— fue detenido en 2018 junto a otros oficiales por exigir mejores condiciones alimenticias y equipamiento militar; además, denunció actos de corrupción en la institución.
En diciembre de 2020, un tribunal militar lo condenó a 7 años y 6 meses de prisión por instigación a la rebelión. Con información de elnacional.com
Transparencia Venezuela exige cuentas claras en el acuerdo petrolero con EEUU
La ONG Transparencia Venezuela cuestionó el acuerdo petrolero entre la Casa Blanca y Miraflores, que incluiría una concesión por 100 años para explotar 17 campos petroleros, equivalentes a más del 20% de las reservas probadas del país.
A través de un documento difundido este 7 de septiembre, la organización señaló que, aunque la atracción de capitales en el sector de los hidrocarburos es urgente para la recuperación económica, no se pueden aceptar pactos internacionales negociados "de espaldas al país", sin garantías democráticas ni la debida consulta pública.
Transparencia Venezuela destacó la opacidad con la que se firmaron declaraciones de interés y contratos con Chevron, Eni y otras petroleras, sin informar a la ciudadanía ni evaluar públicamente su impacto, riesgos, beneficios y alternativas.
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"La ausencia de debate público refuerza la percepción de que se negoció de espaldas al país, sin consentimiento informado y con un alcance inesperado", dice el texto.
De igual modo, en vista de que aún no se publica el acuerdo ni los contratos relacionados, se desconoce el criterio para fijar el plazo de 100 años, las metas de producción o el criterio para seleccionar los campos. Tampoco se ha determinado quién los explotaba previamente ni bajo qué figura jurídica, ya fuera empresa mixta, contrato de participación productiva u otra modalidad.
El documento de Transparencia Venezuela cita serias contradicciones jurídicas que invalidarían el convenio en su formato actual. La legislación vigente no contempla la figura de concesión para este tipo de explotación, mientras que la Ley de Hidrocarburos limita las asignaciones a 25 años prorrogables por 15 más, cuando Washington anunció 100 y Miraflores habló de 25 años.
Asimismo, señaló que no se ha sometido el acuerdo a la aprobación obligatoria del Parlamento, contraviniendo los artículos 150, 187.9 y 187.18 de la Constitución. Tampoco está claro quiénes son todas las partes del convenio ni cuáles son sus responsabilidades: el Departamento de Guerra de Estados Unidos, PDVSA, NABEP y los operadores privados que participarán.
En materia fiscal, la ONG resaltó que no se detallaron fórmulas de cálculo, regalías, impuestos ni proyecciones de precios del crudo. Solo sabemos por declaraciones de Delcy Rodríguez que el Estado venezolano recibirá unos 209.000 millones de dólares en ingresos.
Transparencia Venezuela también puso la lupa sobre la selección de North American Blue Energy Partners (NABEP) y recordó que su socio mayoritario, Alejandro Betancourt, ha sido mencionado en investigaciones penales internacionales en España, Suiza y Estados Unidos por casos de corrupción.
"Si NABEP llegó a ocupar una posición relevante dentro del sector privado petrolero venezolano, resulta indispensable aclarar bajo qué condiciones lo hizo y qué vínculos sostuvo con el Gobierno de Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez", sentenció.
Igualmente, la organización civil reiteró que el país no cuenta con instituciones democráticas ni garantías suficientes para proteger a inversionistas, ya que la deuda pública está en cesación de pagos desde 2017, y empresas como ConocoPhillips, con una acreencia cercana a 12.000 millones de dólares, no han podido cobrar pese a ganar arbitrajes internacionales. Con información de talcualdigital.com
PCV pide una auditoría pública de la deuda externa de su país
El Partido Comunista de Venezuela (PCV), intervenido por el Tribunal Supremo de Justicia y opositor al chavismo, pidió este martes una auditoría pública y ciudadana de la deuda externa venezolana, estimada, según el Financial Times, en hasta 240.000 millones de dólares.
"No existe una cifra oficial, pública y auditada sobre el monto total de las obligaciones externas del país", señaló el PCV en una nota de prensa en la que advierte que la anunciada reestructuración de deuda externa "amenaza con convertirse" en un "mecanismo de sometimiento" a los intereses del capital internacional.
El partido habló de estimaciones de entre 95.000 y cerca de 240.000 millones de dólares, unas cifras que, dijo, son dispares y revelan la "opacidad con la que se ha manejado el tema".
"Existe una disputa concreta por los recursos de Venezuela. Los fondos de inversión buscan garantizar el cobro de sus bonos; las corporaciones transnacionales aspiran a convertir sus reclamaciones en nuevos negocios; y los acreedores procuran asegurar su acceso a la renta nacional", indicó.
Por ello, el partido rechazó que generaciones presentes y futuras "sean condenadas a pagar deudas contraídas en condiciones opacas, sometidas a intereses especulativos o utilizadas para enriquecer a sectores privados nacionales e internacionales".
En ese sentido, instó a destinar los recursos nacionales a atender la «emergencia social, recuperar los servicios públicos y garantizar condiciones de vida dignas» para los trabajadores en medio de una acuciante crisis se traduce en apagones y pérdida del poder adquisitivo.
El pasado 13 de mayo el Gobierno de Venezuela anunció el lanzamiento de un proceso "formal, integral y ordenado" para la reestructuración de la deuda pública externa del país y de su estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), sin detallar a cuánto asciende este monto.
Según había informado en marzo pasado Transparencia Venezuela, la deuda externa venezolana se estimaba en más de 170.000 millones de dólares.
Luego, en junio, el periódico económico Financial Times informó de que Venezuela tenía previsto dar a conocer una deuda acumulada de 240.000 millones de dólares. Con información de SWI
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