Las noticias políticas del 5Nov en Venezuela

Un resumen de las informaciones más relevantes del plano político venezolano.
Oliver Blanco pide fin de sanciones
El canciller de Delcy Rodríguez, Oliver Blanco, pidió este jueves en la Cumbre Iberoamericana de Madrid que se levanten las sanciones que todavía afectan al país y subrayó que Venezuela ha entrado en una “nueva etapa de transformación democrática”.
En la sesión plenaria de la cumbre celebrada en la Galería de las Colecciones Reales de Madrid, que reunió a diez jefes de Estado y de Gobierno y altos representantes de los 22 países miembros de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, Blanco se refirió a las sanciones internacionales impuestas a Venezuela durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, algunas de la cuales se han flexibilizado en los últimos meses.
Venezuela “está dando pasos para abrir una nueva etapa de transformación democrática, reconciliación nacional, reconstrucción institucional y recuperación económica bajo el liderazgo de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez”, afirmó.
En este sentido, mencionó la liberación de presos políticos, las medidas en favor de la “pluralidad informativa” y el diálogo entre el Gobierno y la oposición.
“Estamos convencidos de que una Venezuela más estable, más democrática y más próspera, plenamente integrada en los mercados internacionales, contribuirá al desarrollo de toda Iberoamérica y estamos trabajando de forma comprometida en ello”, aseguró.
En este punto defendió la labor de la Cumbre Iberoamericana de Madrid porque “una Iberoamérica más integrada puede acompañar el renacimiento de Venezuela”.
También insistió en que la “transformación democrática impulsada por la presidenta encargada va acompañada de una visión de profunda recuperación económica”, que se refleja en “la legislación de hidrocarburos y minería, la facilitación de trámites administrativos y la modernización del sistema tributario”.
“Queremos que Venezuela sea un país atractivo para producir, emprender e invertir” y que “cada inversión se traduzca en más empleos, mejores ingresos, servicios públicos de calidad y nuevas oportunidades para las familias venezolanas”.
“Aspiramos a un desarrollo económico al servicio de las personas” y “queremos que nuestros jóvenes encuentren razones para quedarse”, así como ofrecer “oportunidades para regresar” a los que tuvieron que abandonar el país durante las últimas crisis, concluyó. Con información de efectococuyo.com
ONG en Venezuela exigen la derogación de la Ley contra el Odio
Un grupo de 24 organizaciones no gubernamentales (ONG) venezolanas exigieron la derogación de la Ley contra el Odio, cuya reforma se aprobó en primera discusión en la Asamblea Nacional de 2025, controlada por el chavismo, este martes 3 de noviembre.
En un comunicado señalaron cómo este instrumento jurídico desde su aprobación en el año 2017 por la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente ha sido usada por el chavismo para criminalizar el ejercicio de derechos de expresión, información, opinión y asociación.
Denunciaron que al menos 90 personas han sido encarceladas por su aplicación mientras que los cambios planteados por Miraflores, con el aval de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) mantiene castigos, ahora expresados en multas que irán desde los 500 hasta a los 10 mil euros.
"La despenalización anunciada con la propuesta de reforma no es completa. La eliminación de las penas de prisión previstas en esta ley no pone fin a la criminalización de la expresión. El proyecto permite a las presuntas víctimas acudir a los tribunales ‘sin perjuicio de las sanciones administrativas’, sin precisar el alcance de esas acciones", alertaron sobre la despenalización que el chavismo vende como una iniciativa de Delcy Rodríguez, aunque desde la mesa de diálogo la delegación de la AN de 2015 pidió revisar este instrumento jurídico.
Citaron a la propia encargada del poder en el país, quien ha dicho que con esa ley se cometieron abusos, sin precisar en su caso que se trató de privación arbitraria de la libertad de personas y sentencias que en al menos cinco casos conocidos contra mujeres en Monagas, Mérida y Táchira incluyeron penas de prisión de 10 a 30 años de cárcel.
No repara a las víctimas
"La propuesta no establece medidas integrales para responder a las víctimas: no ordena la liberación plena ni el sobreseimiento de las causas de personas detenidas y procesadas arbitrariamente, y tampoco dispone medidas de reparación integral", detallaron las ONG.
Las organizaciones firmantes son AB Ediciones, Acceso a la Justicia, Acceso Libre, AlertaVenezuela, Caleidoscopio Humano, CAMPO, Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Centro Latinoamericano de Investigaciones Sobre Internet, Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ), CIVILIS, Colegio Nacional de Periodistas, Conexión Segura y Libre, Equalia y Espacio Público.
También, el Instituto de Investigaciones de la Comunicación “Dr. Antonio Pasquali” de la UCV, Instituto de Investigaciones de la Información y de la Comunicación (IDICI), IPYS Venezuela, Laboratorio de Paz, Observatorio en Defensa de la Vida (Odevida), Observatorio Venezolano de Prisiones, Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), RedesAyuda, Revista Comunicación y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa.
"Exigimos a la Asamblea Nacional la derogación inmediata de la ‘ley contra el odio’ y al Tribunal Supremo de Justicia que, en el ámbito de sus competencias, declare su nulidad y ponga fin a sus efectos contrarios a los derechos humanos. Asimismo, exigimos a las autoridades competentes la "Liberación plena de todas las personas privadas de libertad por el ejercicio legítimo de sus derechos; el sobreseimiento de todas las causas, la extinción de las penas y los antecedentes; y la investigación de las violaciones de derechos humanos, la determinación de responsabilidades y la reparación integral de las víctimas", pidieron este 4 de noviembre.
Advirtieron que quedará a discrecionalidad del Ejecutivo, a través del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, imponer las sanciones. Las ONG dijeron que no se establecen "procedimientos, criterios de aplicación ni garantías de defensa claras y conocidas".
Sobre la decisión de eliminar contenidos a los medios de comunicación que el Ejecutivo considere promueve discursos de odios, se hará "sin investigación previa ni orden judicial, lo que abre la puerta a retiros arbitrarios y a restricciones indebidas a la circulación de información".
Cabello insiste en vigencia de la ley contra el odio
Los principales voceros del chavismo han defendido los cambios y la vigencia de la Ley, al achacar a sus adversarios políticos discursos y acciones de odio, con hincapié en las protestas antigubernamentales de 2017 que usan como justificación para la aplicación de esta ley.
Uno de los últimos en hacerlo fue el actual titular del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, quien sería el encargado de aplicar las multas, pese a que en su programa de los miércoles difunde contenidos discriminatorios, ofensivos y de ataque a la oposición y sus liderazgos.
"No quieren que se castigue el odio, quieren tener impunidad para los delitos de odio, más ellos con el terrorismo, creen tener derechos", expresó la noche de este miércoles en su espacio televisivo.
Defendió sus opiniones al decir que solo leía los contenidos de sus adversarios, a quien señala de expresiones de odio. Con información de elpitazo.net




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