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Las noticias políticas del 28Ago en Venezuela


“Es una victoria del país y un logro de la delegación negociadora”, asegura Juan Miguel Matheus, diputado de la AN2015. Foto: TSJ
“Es una victoria del país y un logro de la delegación negociadora”, asegura Juan Miguel Matheus, diputado de la AN2015. Foto: TSJ

Un resumen de las informaciones de importancia nacional en el plano político venezolano


Reforma de ley del TSJ es un cambio real de la negociación


Tras la aprobación en primera discusión de la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en su artículo 65, el diputado (2015) y miembro de la delegación opositora en la mesa de diálogo con el gobierno, Juan Miguel Matheus, se pronunció para asegurar que el cambio legal es un “resultado real” de las negociaciones que iniciaron el 6 de agosto. 


La Asamblea Nacional (AN) de mayoría chavista aprobó este 27 de agosto, en primera discusión, el proyecto de reforma de la Ley Orgánica del TSJ, con la que se eleva de 21 a 23 el número de integrantes del Comité de Postulaciones Judiciales encargado de designar a los nuevos magistrados del máximo tribunal de la República. Con la modificación, la sociedad civil pasa a ser mayoría en el grupo con 12 miembros frente a 11 diputados del Parlamento.


“Como resultado de nuestros esfuerzos, la sociedad civil venezolana está asumiendo un papel central en la construcción de la transición democrática del país”, sostuvo Matheus a través de una nota de prensa de la Comisión Delegada de la AN de 2015.


De acuerdo con el también abogado constitucionalista, la reforma a la ley es muy positiva porque se traduce en mayor representación de la sociedad civil, más transparencia en los procesos públicos, una reducción del control político sobre el Poder Judicial y “una oportunidad clara” para que juristas de reconocida trayectoria participen en la reconstrucción del sistema de justicia, bajo el cumplimiento de lo que establece la Constitución Nacional.


Es una victoria del país y un logro de la delegación negociadora que hemos alcanzado al convertir una exigencia fundamental de la negociación en una reforma concreta de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Este es un primer paso para reconstruir la justicia venezolana”, aseguró el diputado de Primero Justicia. 


Durante la primera discusión de la reforma, el presidente de la AN, Jorge Rodríguez, en cambio, atribuyó la iniciativa de renovación del Poder Judicial al interinato y al Parlamento de mayoría chavista que ya había comenzado en el mes de mayo con un proceso para designar a los magistrados. Omitió que dicho proceso se vio truncado por las negociaciones con la oposición, impulsadas por el Departamento de Estado de Estados Unidos.


Se amplía control ciudadano


La reforma de la ley es producto del primer acuerdo de la mesa de diálogo entre el Parlamento de 2025 y la Comisión Delegada de la AN de 2015, suscrito el pasado 12 de agosto en el Hotel Meliá Caracas, con el que se acordó la renovación total del TSJ con 32 magistrados. También se acordó modificar otras leyes relacionadas con el sistema de justicia.


Aparte de la designación de un nuevo Comité de Postulaciones Judiciales, la ruta hacia un nuevo TSJ implica la activación de un nuevo proceso de postulaciones para los cargos de magistrados y la conformación de un consejo de revisión de credenciales y requisitos de los postulados al máximo tribunal para el cumplimiento de lo establecido en la Constitución, la ley y el baremo de evaluación.


Matheus indicó que se aplicarán mecanismos de convocatoria amplia y máxima difusión para la escogencia de los miembros de la sociedad civil que pasen a formar parte del Comité de Postulaciones Judiciales, con lo cual se permitirá, recalcó, el control ciudadano sobre las postulaciones  para magistrados, los expedientes y la evaluación de credenciales.

“Una justicia independiente comienza por una selección transparente de quienes tienen la responsabilidad de impartirla”, agregó. Con información de efectococuyo.com


María Corina Machado celebró el regreso de Omar González



La líder venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, celebró el regreso a Venezuela del diputado de la Asamblea Nacional de 2015 Omar González, tras más de un año en el exilio.


"Nuestra primera Guacamaya aterrizó en Venezuela…", escribió Machado a través de su cuenta en X, en referencia a la "Operación Guacamaya", en la que González y otros colaboradores de la dirigente lograron escapar de la Embajada de Argentina en Caracas en mayo de 2025, tras más de 400 días de asedio.


"Mi querido Omar, qué emoción tan grande siento por este regreso a tu adorada Anzoátegui", afirmó Machado, quien cerró su mensaje con la consigna: "¡Por el pronto retorno de todos los venezolanos a casa!".


González regresó al país este viernes, y fue recibido por cientos de activistas de Vente Venezuela en el Aeropuerto Internacional de Barcelona, en el estado Anzoátegui, junto a los dirigentes Henry Alviárez y Juan Pablo Guanipa. Con información de monitoreamos.com



OVP denuncia 397 muertes en 24 masacres carcelarias a 15 años del Ministerio Penitenciario


A 15 años de su creación bajo la promesa oficial de «humanizar el sistema» y transformar las cárceles venezolanas, el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario deja un saldo devastador. Según el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), al menos 397 personas perdieron la vida y más de 600 resultaron heridas en 24 masacres documentadas entre 2011 y 2026.


Lo que se anunció en su momento como una solución definitiva a la crisis penitenciaria derivó en el abandono de los recintos, la consolidación del poder del pranato, la impunidad y la vulneración sistemática de los derechos humanos.


Radiografía de las víctimas y gestiones ministeriales


De acuerdo con el registro del OVP, las víctimas mortales engloban a 369 privados de libertad, 22 visitantes, dos custodios penitenciarios, tres funcionarios del ministerio y un efectivo de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).


Estas tragedias se distribuyen a lo largo de las distintas gestiones ministeriales: 19 masacres ocurrieron bajo el mandato de Iris Varela, una con Mirelys Contreras, dos durante la administración de Celsa Bautista y la más reciente registrada este año 2026, bajo la gestión de Julio García Zerpa.


Cronología de la violencia y masacres históricas



La cronología de la violencia carcelaria expone masacres de magnitudes históricas, comenzando por el año 2012 con 26 reclusos muertos en Yare I, 22 en el CEPRA y 10 en La Pica. Empezando el 2013, una requisa en el Centro Penitenciario Uribana (Lara) dejó 65 fallecidos, incluyendo un efectivo de la GNB y dos pastores evangélicos.


Al año siguiente, en el mismo recinto rebautizado como David Viloria, una protesta por maltratos y mala alimentación llevó a los presos a consumir una bebida tóxica que causó el deceso de 48 reclusos y la intoxicación de otros 145.


La violencia continuó con una explosión de granada en la PGV en 2016 con 12 muertos, un motín en Puente Ayala con 15 fallecidos y una intervención en el Cedja de Amazonas que dejó 39 reclusos muertos en 2017.


En 2018, la Comunidad Penitenciaria Fénix Lara registró 11 muertes, mientras que en 2020 una protesta por la suspensión de paquetería en el penal de Los Llanos (Cepella) culminó con el asesinato de 49 reclusos y más de 70 heridos.


Posteriormente, en 2023, las intervenciones en Tocorón y Tocuyito dejaron 11 y 5 fallecidos respectivamente, y en abril de 2026, la última masacre documentada ocurrió en Yare III, donde cinco reclusos fueron asesinados tras una protesta.


Impunidad, violaciones constitucionales y deuda del Estado


El OVP denuncia que, tras estos hechos, las investigaciones anunciadas carecen de resultados públicos y los responsables continúan evadiendo su responsabilidad.


Aunque el régimen intentó atribuir los decesos a enfrentamientos internos, el ingreso ilegal de armas a los penales evidencia la complicidad de las autoridades, sumado a que las mayores masacres constituyeron el resultado de represiones de funcionarios de seguridad ante protestas por derechos vulnerados.


Estas prácticas violan abiertamente el artículo 43 de la Constitución que obliga al Estado a proteger la vida de los reclusos, así como las Reglas Mandela y los estándares internacionales, configurando crímenes que no prescriben.


A 15 años de la creación de la cartera penitenciaria, la verdad, la justicia y la reparación continúan postergadas para las familias de las víctimas. Con información de elimpulso.com



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