Las noticias políticas del 19Mar en Venezuela
- Leonor Jorquera
- hace 3 horas
- 4 Min. de lectura
Un resumen de las informaciones de rimera mano del plano político venezolano
AN convoca segunda discusión Ley Orgánica de Minas este jueves
La Asamblea Nacional (AN) convocó este jueves a la segunda discusión necesaria para la aprobación del proyecto de ley de minas, una reforma que podría abrir el sector a inversión privada y extranjera, ante el interés expreso de Estados Unidos en el oro venezolano.
Este segundo debate está previsto para las 02:30 p.m., y es un paso necesario para la sanción definitiva del proyecto, que ya fue aprobado en primera discusión el pasado 9 de marzo.
Según el diputado Orlando Camacho, quien presentó el proyecto de ley de 19 capítulos y 126 artículos ante la plenaria, esta legislación busca "aumentar todas las garantías jurídicas" para generar confianza y atraer inversión privada y extranjera al sector, objetivos que también guiaron la reforma de hidrocarburos aprobada por el Parlamento a finales de enero.
De igual manera, indicó que la nueva ley de minas permitirá que se acuda "a mecanismos de mediación y arbitraje independientes para la resolución de controversias", siempre que se agoten "todas las instancias jurídicas nacionales".
Siguiendo el proceso legislativo, el proyecto pasó a una fase de consultas públicas, con eventos en los que participaron, entre otros, trabajadores mineros en los estados Zulia y Bolívar.
En este segundo debate se debe presentar un informe sobre las consultas públicas, y se luego discute una segunda versión del proyecto de ley que se vota artículo por artículo. Con información de notitarde.com.ve
ONG exige al Parlamento revisar casos de acusados de terrorismo para amnistía en Venezuela
Una decena de familiares y activistas de la ONG Surgentes exigieron este jueves que el Parlamento de revise los casos de detenidos acusados con cargos de terrorismo, que consideran "falsos positivos", y que han sido excluidos de la Ley de Amnistía aprobada hace un mes.
Desde las afueras de la sede administrativa de la Asamblea Nacional, el activista Oglis Ramos indicó que pidieron la revisión de más de cien casos excluidos de esta norma, que en su artículo 9 excluye delitos como narcotráfico, lesa humanidad, homicidio, corrupción y acciones armadas.
"Exigimos [...] que devuelvan a cada uno de sus familiares a las casas", expresó.
Ramos, quien estuvo detenido, señaló que tienen registrados alrededor de 140 casos de personas acusadas por supuestas vinculaciones con los llamados grupos "tancol", acrónimo creado por el gobierno de Venezuela para referirse a "terroristas armados narcotraficantes colombianos".
Los acusados fueron detenidos en estados fronterizos con Colombia como Táchira, Apure y Zulia, pero la mayoría está recluida en cárceles como Yare II y III y Rodeo I, II y III.
También denunció retardos procesales, con personas que llevan años encarceladas "sin juicio" y con acusaciones "amarañadas" porque "no hay nada en los expedientes".
Miguel Ángel Pérez, padre de un detenido, aseguró que son inocentes, pero enfrentan cargos de terrorismo, asociación para delinquir y financiamiento de actividades armadas.
Según dijo, han acudido a organismos del Estado para gestionar la amnistía, pero no han recibido respuesta.
"No tenemos cómo pagar abogado [...] vamos al abogado que el gobierno les asigna [...] las audiencias se aplazan", agregó.
Por su parte, Delvis Alarcón pidió la liberación de su sobrino, detenido en Apure en 2022. Relató que buscaron apoyo en Colombia, pero no han recibido respuestas y no pudieron presentar los casos ante autoridades.
Este jueves se cumple un mes de la promulgación de la amnistía, en medio de denuncias por exclusiones a periodistas, activistas y sindicalistas. Con información de elnacional.com
ONG alerta que designación de González López en el Ministerio de Defensa es "un obstáculo para la democracia"
La organización Laboratorio de Paz advirtió que la designación del general en jefe Gustavo González López como ministro de la Defensa representa “un serio obstáculo para la transición democrática en Venezuela”.
La ONG publicó un informe que documenta su responsabilidad de mando de González López en un sistema de represión estatal. El documento, titulado “Gustavo González López: Responsabilidad de mando, derechos humanos y aparato de inteligencia en Venezuela”, analiza su trayectoria al frente del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y concluye que existen motivos razonables para atribuirle responsabilidad directa y de mando en graves violaciones de derechos humanos.
El informe se basa en hallazgos de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU, de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de organizaciones nacionales de derechos humanos, y sostiene que durante los períodos en los que González López dirigió el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) —2014-2018 y 2019-2024— el organismo operó como un instrumento de control político orientado a identificar, vigilar y neutralizar a personas consideradas opositoras.
El informe señala que bajo su mando se documentaron detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas de corta duración y violencia sexual, prácticas que no fueron excesos individuales, sino parte de un patrón sistemático.
Responsabilidad de mando
El reporte afirma que existen “motivos razonables para creer” que González López ordenaba operaciones, tenía conocimiento de las violaciones y participó directamente en interrogatorios coercitivos.
Una cita textual del informe de la ONU incluida en el documento señala: “La Misión encontró motivos razonables para creer que Gustavo González López tuvo conocimiento, participó y contribuyó en la comisión de graves violaciones.”
El informe también recoge testimonios que lo ubican dentro de la cadena de mando político, recibiendo órdenes de altos dirigentes del chavismo y ejecutándolas a través del aparato de inteligencia.
Laboratorio de Paz advierte que su nombramiento como ministro de la Defensa, anunciado el 18 de marzo de 2026, marca un punto crítico: por primera vez, una figura señalada por organismos internacionales por su rol en violaciones graves asume el control directo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
El informe recuerda que ya en 2019, cuando fue nombrado al frente del SEBIN, Human Rights Watch había alertado: “El nombramiento de González López debería encender las alarmas internacionales debido a su deplorable récord de atrocidades en el pasado.” Con información de monitoreamos.com