Las noticias políticas del 13May en Venezuela
- Leonor Jorquera
- hace 2 horas
- 5 Min. de lectura
Una mirada a las informaciones políticas más relevantes del país.
TSJ responde con retraso tres amparos para conocer paradero de presos desaparecidos
El Tribunal Supremo de Justicia, a través de la Sala Constitucional, respondió con evidente retraso tres solicitudes de amparo que pedían acciones judiciales para dar con el paradero de personas detenidas por presuntos funcionarios de seguridad o por motivos políticos.
Pese a que las solicitudes de habeas corpus en favor de Petter Padilla, Jorgen Guanares y Alianis Araujo se introdujeron en octubre de 2025 y el 13 de febrero de este año, respectivamente, la Sala Constitucional ofreció respuesta a todas ellas el pasado 14 de abril y las remitió a tribunales de primera instancia.
Es decir, el TSJ sobrepasó con creces el lapso de 96 horas previsto en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo a la Libertad y Seguridad Personal para dar respuesta a estos recursos.
La ONG Acceso a la Justicia, en un análisis publicado en 2025, determinó que la Sala Constitucional tardaba un promedio de dos años para responder las solicitudes que, en su mayoría, eran negadas. Provea también ha señalado a los tribunales por negarse consistentemente a no recibir este tipo de recursos.
En el caso de Petter Padilla, de 41 años y nacionalidad ecuatoriana, su hermano Gallo denunció en la acción de habeas corpus (de fecha 28 de octubre) que presuntos funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) están involucrados en el hecho.
Padilla ingresó al país el 27 de julio de 2025 con destino a la ciudad de Maracay, estado Aragua, para visitar a sus dos hijos. Se constató, mediante una confirmación por vídeos, que el ecuatoriano transitó por el Puente Internacional Simón Bolívar, que conecta a Táchira con Colombia, pero se pierde su rastro. Por investigaciones, a los familiares les dijeron que había sido detenido por efectivos de la Dgcim.
La familia de Petter Padilla ha interpuesto denuncias y recursos ante la Fiscalía de Colombia, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador, el Ministerio Público y Fiscalía General venezolana, en ese entonces a cargo de Tarek William Saab; la Fiscalía Delegada en San Antonio del Táchira; la Defensoría Delegada del estado Táchira; el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin); Policía de Migración; Guardia Nacional y la Dgcim. No han obtenido respuestas.
La magistrada Jannette Córdova declinó la competencia a los juzgados de primera instancia en funciones de Control penal del estado Táchira, extensión San Antonio.
Respecto a la situación de Jorgen Guanares, su madre María Delgado interpuso el pasado 13 de febrero un habeas corpus para dar con su paradero. El fotógrafo, de 35 años, fue aprehendido por funcionarios desconocidos «en su vivienda» el 13 de diciembre de 2025 en Sabana Grande, Caracas.
Al analizar el amparo, la magistrada Michel Velásquez determinó que el mismo pretende restituir el derecho a la libertad personal "frente a una presunta detención arbitraria imputada a un órgano policial". En ese sentido, decidió que no es competente para el asunto y, por tanto, deben responder los tribunales de primera instancia del estado Táchira.
Sobre el caso de Alianis Araujo, su solicitud fue ingresada a la Sala Constitucional del TSJ el pasado 13 de febrero. Su madre, Fanny Lozada, solicitó que se restituyera su libertad inmediata debido a su detención arbitraria, desaparición forzada y las torturas a las que fue sometida tanto ella como varios familiares, se permitiera verificar su estado físico y mental además de contactar a su familia y la asistencia de abogado de confianza.
Araujo fue detenida por su supuesta vinculación con el caso "Plaza Venezuela", como denominaron las autoridades a la presunta colocación de explosivos en dicho lugar. Días antes de ingresar esa solicitud, Fanny Lozada denunció publicamente las irregularidades del caso durante una actividad en la UCV. Tras sufrir una descompensación, le fue notificada que su hija –hasta entonces desaparecida– se encontraba recluida en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), ubicado en Los Teques (Miranda).
La magistrada Michel Velásquez se declaró incompetente para resolver la solicitud y declinó la competencia a un juzgado de primera instancia en funciones de control de Caracas, escogido mediante distribución del Circuito Judicial Penal. Tampoco se refirió a las denuncias de detenciones arbitrarias, desapariciones y torturas denuncias, pese a lo establecido en la legislación venezolana sobre actuaciones de oficio ante estas violaciones de derechos humanos. Con información de talcualdigital.com
Estudiantes protestan en la autopista Francisco Fajardo exigiendo libertad para todos los presos políticos
Estudiantes universitarios protestaron este miércoles en la autopista Francisco Fajardo. Con la consigna "¡Ni uno, ni dos, que sean todos!" los jóvenes exigieron la liberación de los más de 500 presos políticos que continúan encarcelados en Venezuela.
Un contingente policial se desplegó en el lugar con equipos antimotines, para contener el avance de la manifestación.
El asfalto de la principal arteria vehicular de Caracas sirvió como base para pintar un gran mensaje dirigido al régimen de Delcy Rodríguez: "Reconozcan, entreguen y libérenlos".
La consigna pintada en grandes caracteres, en una acción que busca visibilizar las exigencias de justicia y el avance hacia una transición democrática, responde directamente a las recientes declaraciones de Jorge Rodríguez, quien hace pocos días causó indignación en amplios sectores de la sociedad civil al pedir un cierre de ciclo sin rendición de cuentas.
Durante una alocución, Rodríguez había exhortado a la población y a la diáspora con la frase: "Supérenlo, perdónennos y vuelvan".
Para los dirigentes universitarios, la propuesta de Rodríguez es inaceptable mientras no se reconozcan las violaciones de derechos humanos cometidas en la última década y no sean liberados todos los presos políticos. Con información de monitoreamos.com
OVP: 16 personas fallecidas bajo custodia del estado
Ya suman 16 las personas privadas de libertad fallecidas bajo custodia del Estado venezolano entre abril y la primera quincena de mayo de 2026. La nueva víctima es Gregorio Antonio Arias, recluido en la Comunidad Penitenciaria de Coro, estado Falcón.
Su muerte se suma a una lista que crece entre abandono médico, hacinamiento, violencia, opacidad institucional y ausencia de garantías mínimas para la vida.
Desde abril, el @oveprisiones ha documentado los fallecimientos de Ovidio José Madriz Mendoza en Rodeo III; Deivi Enrique García en Rodeo IV; Rosqui Norberto Escalona en Uribana; Yelamo Zárraga José Ramón en Tocuyito; Antonio José Manzano en la antigua cárcel de El Marite; José Espinales, Leonel Enrique Rodríguez Ramos y Willian Jonás Colina Delgado en Fénix Lara; Francisco Segundo Ojeda en el Centro de Reclusión Penitenciario Judicial 26 de Julio; Gregorio Antonio Arias en la Comunidad Penitenciaria de Coro; y José Manuel Nazareth García Sabino en los calabozos de la Policía Municipal de Anaco. A estos casos se suman las cinco muertes ocurridas en Yare III: Keivin Eduardo Matamoros, Eliecer José Córdoba García, Erkin Josué Ramos Flores, José Pascual Andrade Aguilar y Jean Carlos Jiménez Barrios, en un hecho que la versión oficial calificó como presunto motín, mientras familiares denunciaron heridas por arma de fuego en los cuerpos.
Todo esto ocurre mientras el Estado venezolano viola flagrantemente el artículo 43 de la Constitución, que establece que "el derecho a la vida es inviolable (...) Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte, ni autoridad alguna aplicarla (...) El Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad", lo que cada vez se asemeja más a una operación de exterminio silenciosa dentro de los penales.
Detrás de esta cifra hay hombres que enfermaron sin atención médica, presos que murieron en calabozos y penales hacinados, familias obligadas a costear medicamentos, alimentos e insumos, y un Estado que mantiene el control absoluto sobre estas personas pero no garantiza su vida.
La crisis penitenciaria venezolana ya no puede medirse solo por el número de centros colapsados, sino por la cantidad de cuerpos que siguen saliendo de ellos. Es por ello que desde el Observatorio Venezolano de Prisiones, exigimos una vez más una investigación exhaustiva e imparcial sobre cada una de estas muertes. Estos hechos continúan siendo documentados e informados ante el sistema interamericano y universal de protección de derechos humanos.
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