Con frecuencia desde el sector público, en un acto de inmensa arrogancia, un burócrata o un
líder creen saber mejor lo que le conviene a la gente que la gente misma. Son muchos y muy
graves los fallos del Estado pretendiendo corregir los fallos del mercado, las injusticias o
las desigualdades que surgen dentro de la sociedad.
El asunto es, ¿quién compensa a los que sufren las consecuencias de tales desaciertos?
Alguien dijo alguna vez que era peligroso poner nuestro bienestar en manos de personas que jamás van a pagar por sus equivocaciones y que pretenden que seamos nosotros, los ciudadanos comunes, los que paguemos por las de ellos y por sus latrocinios.
Surgen así algunas corrientes en las ciencias sociales como la Teoría de la Elección Pública,
la cual intenta desarrollar un marco institucional que reduzca el poder arbitrario de los gobiernos frente a la sociedad civil.
Un acuerdo o pacto cívico no sería mala idea instrumentar en nuestro país. Con los millones de conciudadanos que forman parte de esa vasta porción de venezolanos que no desean la
continuidad de lo que ahora hay, pero tampoco el regreso a las cosas malas que había. Un
pacto entre la ciudadanía y los que aspiran representarlos.
Hay para quienes las palabras acuerdo o entendimiento lucen pecaminosas. Olvidan que
nuestra vida republicana está llena de episodios que hablan por sí solos.
En la historia de Venezuela los acuerdos políticos y los pactos han sido cruciales para superar momentos difíciles. El Pacto conocido como el Armisticio o Tratado de Regularización de la Guerra de 1820 entre Bolívar y Morillo, abrió el camino para el fin de una terrible guerra de independencia en nuestro territorio que duró más de 10 años; el pacto realizado mediante el Tratado de Coche, de 1863, que puso fin a la devastadora Guerra Federal y a la disputa suicida entre liberales y conservadores durante el siglo XIX; y desde luego, el pacto de Punto Fijo, de 1958, que le dio viabilidad estratégica a la República civil venezolana, constituyen ejemplos notables.
Ahora bien, en la Venezuela del siglo XXI, con el desarrollo del mundo de la información y las
redes sociales, los pactos y acuerdos políticos no deben hacerse, sólo entre las élites, sino
directamente con la gente, a objeto de echar adelante las profundas reformas económicas y
sociales que demanda la nación.
Pero algo muy importante. Este nuevo pacto debe establecer en justicia los términos de la reparación que tiene que realizar el sector público hacia los ciudadanos como compensación de los daños ocasionados luego de décadas de empobrecimiento masivo.
Estamos claros en algo: los pactos deben hacerse sin revanchas, y sin excluir. Las exclusiones de hoy son las guerras de mañana.
Hay que hacer uso de la política para cambiar pacífica y democráticamente las cosas en
Venezuela, Sin embargo, antes son las ideas innovadoras y correctas las que cambian la
política. La ciudadanía demanda una nueva forma de hacer política en el país.
El nuevo liderazgo nacional debe ir al encuentro con una amplia mayoría de venezolanos y venezolanas que han sido despojados de su prosperidad material por la acción de políticas públicas sencillamente desastrosas. Existe una responsabilidad moral para con ellos. Se trata de poner al alcance de la gente preterida de este país los medios y las condiciones básicas requeridas para que cada uno pueda proveerse de bienestar económico y calidad de vida.
No se puede seguir banalizando la tragedia que significa la corrupción sistémica que hemos
observado en PDVSA a propósito del reciente escándalo que da cuenta de un robo descarado de miles de millones de dólares. De repente descubrimos que nuestra maltrecha industria petrolera estatal de hecho está privatizada por el lado de sus cada vez más achicadas ganancias, pero socializada por el lado de sus crecientes pérdidas.
Se necesita una justa compensación a las víctimas del arma de destrucción masiva de riqueza y empobrecedor serial más eficiente que hayamos conocido: el populismo de izquierda. No sería malo un poco de justicia poética.