EspaƱa pone fin a la residencia humanitaria para venezolanos
- Leonor Jorquera
- hace 4 dĆas
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España dejarÔ de dar y renovar residencia temporal por razones humanitarias, como las concedidas en los últimos años a ciudadanos venezolanos, a partir de mañana viernes 12 de junio, cuando entre en vigor el Pacto Europeo de Migración y Asilo.
AsĆ figura en una nota informativa del Ministerio de Interior espaƱol de este jueves 11 de junio, que informa de cómo se aplicarĆ” el Pacto Europeo de Migración y Asilo y que especifica que EspaƱa "dejarĆ” de reconocer y renovar estatutos de residencia temporal por razones humanitarias de protección internacional tal y como venĆa haciendo hasta ahora".
Para los que tienen actualmente una residencia temporal de estas caracterĆsticas, debido a que ya no se podrĆ” renovar ni tampoco solicitar reagrupación familiar, el Ministerio de Interior estipula que deberĆan haber pedido "otras autorizaciones de residencia y trabajo".
El Gobierno español puso en marcha en 2018 ese permiso especial para los ciudadanos venezolanos ante el elevado número de solicitudes de asilo de los mismos y la baja tasa de reconocimiento del estatuto de refugiado, lo que ha permitido regularizar la situación de unos 240.000 ciudadanos de Venezuela en España.
España aplicarÔ desde mañana el pacto europeo y establecerÔ un procedimiento de protección internacional en frontera, con un plazo mÔximo de resolución de 12 semanas, para los migrantes que llegan en embarcaciones precarias a las costas españolas o sean interceptados en un intento de entrada irregular.
Hasta que se resuelva esa petición de protección internacional, el solicitante no podrÔ recibir una autorización de entrada al territorio y deberÔ permanecer en unas instalaciones habilitadas, aunque no privados de libertad.
AdemÔs, dentro de este procedimiento, la denegación de la solicitud de asilo conllevarÔ el retorno y se procederÔ a la denegación de entrada o devolución.
En las peticiones de protección internacional en puestos fronterizos, el Gobierno espaƱol asegura haber optado por "un enfoque garantista y respetuoso con los derechos de los solicitantes", que tendrĆ”n las garantĆas propias de la normativa espaƱola como asistencia jurĆdica, intervención del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la posibilidad de reexamen.
Se introduce, ademĆ”s, un nuevo procedimiento de examen acelerado en los casos de personas procedentes de un paĆs con una tasa de reconocimiento de protección igual o inferior al 20 % en el conjunto de los paĆses de la Unión Europea.
Entre sus novedades, el pacto introduce por primera vez una regulación europea comĆŗn sobre el triaje de los nacionales de terceros paĆses para reforzar el control de las personas llegadas irregularmente, el registro de sus datos y la detección temprana de vulnerabilidades.
Mientras dure el proceso, los nacionales de terceros paĆses no podrĆ”n recibir una autorización de entrada en territorio y deberĆ”n permanecer a disposición de las autoridades.
EspaƱa aplica ya un proceso similar, que ahora se adaptarĆ” con un formulario especĆfico, el refuerzo de la detección preliminar de vulnerabilidades y la puesta en marcha de un mecanismo de seguimiento independiente del respeto de los derechos fundamentales, que corresponderĆ” al Defensor del Pueblo.
El paquete normativo incluye un mecanismo de solidaridad obligatoria, dentro del cual EspaƱa ha sido identificada como 'Estado miembro bajo presión migratoria' y, por lo tanto, se beneficiarĆ” de las aportaciones obligatorias de otros paĆses de la UE.
Para concretar la aplicación de este mecanismo, estÔ prevista la celebración en Bruselas de una primera reunión del Foro de nivel técnico de la UE sobre Solidaridad el próximo lunes 15 de junio.
En el comunicado, Interior subrayó la oposición del Gobierno a las creación de los centros de internamiento en terceros paĆses que permite el nuevo reglamento de retorno y descartó su utilización en la gestión migratoria espaƱola, por las "serias dudas" que plantea al Ejecutivo sobre su legalidad y proporcionalidad.
España asegura que ha fortalecido los recursos humanos y los medios materiales de las unidades y servicios mÔs afectados y el desarrollo de nuevos sistemas informÔticos para facilitar la interoperabilidad e intercambio de información entre las autoridades policiales, de protección internacional y de acogida.
AdemÔs de los sistemas nacionales, el pacto exige la puesta en marcha de un nuevo Eurodac, el sistema europeo de comparación de impresiones dactilares, que ya no solo se aplicarÔ a los solicitantes de protección internacional, sino que recogerÔ datos de todas aquellas personas que lleguen de manera irregular a Europa. Con información de infobae.com