Docentes universitarios rechazan condiciones del nuevo ingreso mínimo integral

El descontento en el sector universitario ha venido en aumento de forma sostenida en los últimos meses.

Lo que se perfilaba como una jornada pacífica terminó en un profundo sentimiento de rechazo tras el anuncio oficial de un ajuste del ingreso mínimo integral a 240 dólares; los docentes universitarios en Venezuela han manifestado que la medida no solo es insuficiente, sino que profundiza la destrucción de la carrera académica al no tener incidencia en el salario real.

El anuncio realizado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha sido calificado por los gremios como una “política de bonificación extrema”. Desde el punto de vista técnico, la situación resulta alarmante. El salario base permanece intacto, con sueldos tabulares de profesores universitarios que oscilan entre 1 y 4 dólares mensuales, lo que evidencia un rezago estructural en la remuneración formal.

Además, al tratarse de un aumento sustentado en bonos como el cestaticket y el bono de guerra, estos ingresos no tienen incidencia legal en el cálculo de beneficios laborales. En consecuencia, no impactan en vacaciones, aguinaldos, prestaciones sociales ni en los escalafones asociados a la antigüedad, debilitando aún más la protección social de los trabajadores.

Esta política profundiza la desconexión entre el ingreso real y el costo de la vida. Con una canasta básica que supera los 600 dólares, el nuevo esquema de ingresos apenas alcanza a cubrir aproximadamente 34% de las necesidades esenciales de una familia, ampliando la brecha económica y comprometiendo seriamente la calidad de vida del sector docente.

En medio de la persistente crisis económica que atraviesa Venezuela, los profesores universitarios se han convertido en uno de los sectores más afectados. Sus ingresos, lejos de responder a las exigencias de la profesión, han caído a niveles mínimos. La Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (Apucv) denunció que el salario de un profesor universitario oscila entre 1 y 4 dólares al mes.  Este escenario no solo refleja el desplome del poder adquisitivo, sino también el progresivo abandono de la labor académica en un país donde la educación superior enfrenta serias dificultades para sostenerse.

"Nos están pagando por trabajar, pero nos están robando el derecho a jubilarnos con dignidad", denuncian voceros de la Asociación de Profesores de la UCV (Apucv).

En redes sociales se ha viralizado el video de un exestudiante que, tras muchos años, se reencuentra con su antiguo profesor universitario y lo encuentra vendiendo agua y golosinas en la calle para poder sobrevivir. La escena resulta profundamente desgarradora y conmueve a quienes la observan.

Se trata de una problemática que se ha extendido en el tiempo y que ha empeorado en los últimos años. Los profesores universitarios acumulan más de cuatro años sin incrementos salariales, mientras el costo de vida continúa en aumento. En consecuencia, tanto docentes activos como jubilados han optado por generar ingresos adicionales fuera del ámbito académico para cubrir sus necesidades básicas.

El descontento en el sector universitario ha venido en aumento de forma sostenida en los últimos meses. En ese contexto, distintas organizaciones gremiales decidieron convocar recientemente un paro nacional de 24 horas como medida de protesta para visibilizar la situación y presionar por respuestas inmediatas.

Entre las exigencias planteadas se encuentran la recuperación de salarios acordes con la realidad económica, la restitución de beneficios laborales y la reanudación de las negociaciones colectivas. La jornada de protesta se enmarca en un escenario de creciente tensión que podría derivar en nuevas acciones si no hay avances por parte de las autoridades competentes.

En entrevista con El Nacional, Consuelo Briceño, profesora universitaria jubilada del estado Carabobo, relata las dificultades que enfrenta en su vida cotidiana debido a que su pensión no le alcanza para cubrir sus necesidades básicas. Explica que padece hipertensión y requiere tratamiento permanente, lo que agrava aún más su situación económica.

Señala que tres de sus cinco hijos han migrado para poder apoyarla mediante el envío de remesas. Sin embargo, afirma que estos ingresos han disminuido debido a la inflación y a las dificultades económicas que también afectan a quienes residen en el exterior.

Briceño también denuncia el deterioro de los servicios públicos y del sistema de salud, y asegura que “vivimos sin servicios públicos de calidad, sin centros de salud adecuados”, a pesar de los años de trabajo dedicados al desarrollo del país.

En este contexto, hace un llamado a mejorar las condiciones de vida de los jubilados y pensionados, y expresa su rechazo al anuncio del 1 de mayo por considerarlo inconstitucional. 

Sostiene que tanto los salarios como las pensiones deben ajustarse a lo establecido en la Constitución. Asimismo, indica que respaldará las acciones de protesta para exigir mejoras en la calidad de vida y una transición política que se refleje de manera tangible en los hogares de los ciudadanos.

La realidad de los profesores universitarios en Venezuela evidencia mucho más que una crisis salarial: revela el colapso de un sistema que ha dejado de reconocer el valor del conocimiento y de quienes lo transmiten. Mientras persistan sueldos simbólicos y condiciones indignas, la educación superior seguirá vaciándose no solo de recursos, sino de sentido. El desafío no es menor: recuperar la dignidad docente es, en el fondo, recuperar el futuro del país.

Con información de Rosangel Mendoza, elnacional.com