Después de la entrevista con Trump

Lo único que no es aceptable es ninguna negociación que incluya nueva elección popular.

Estas líneas están siendo escritas el jueves 15 de enero en la noche, día en el que se llevó a cabo la reunión entre el presidente Donald Trump y María Corina Machado en  la Casa Blanca. La aclaratoria nos parece oportuna en la medida en que en las horas que faltan para su publicación el sábado 17 es posible que trasciendan informaciones de relevancia que tuvieran la posibilidad de hacer inadecuadas algunas de nuestras afirmaciones.

Como es de suponer, vale la pena resaltar el hecho de que esa entrevista se haya realizado ya, mientras que la reunión equivalente solicitada por la usurpadora vicepresidente de Venezuela no ha sido concedida hasta la fecha, por lo que pudiéramos deducir que el hecho contribuye a despejar la tan comentada contradicción existente entre la disposición de Mr. Trump de mantener alguna relación con quienes aún manejan los resortes jurídicos y prácticos de la situación venezolana actual sin dejar de tener interlocución efectiva con el equipo de MCM.

En nuestra opinión -y la de muchos otros- la decisión política de la Casa Blanca de establecer diálogo con el combo usurpador (Delcy & Cía)  es justificada toda vez que, tal como lo evaluó Trump, la posibilidad de que la dupla EGU/MCM pueda establecerse en la sede del poder y gobernar, al día de hoy, se ve reducida a la luz de las circunstancias imperantes.

Para que se cumplan  las directivas que exige y exigirá la administración norteamericana no solo hoy se precisa la voluntad  de Washington sino que la misma pueda ser ejecutada en el marco de unas cadenas de mando y jerárquicas cuya disposición  para hacerlo es aún una incógnita.

Por decirlo en forma resumida: si Edmundo González Urrutia y María Corina Machado lograran instalarse en Miraflores sería altamente improbable que lograran gobernar ni permanecer allí mucho tiempo ante la fluidez que allí hoy reina y posiblemente siga presente por algunas semanas. Por eso es necesario tiempo para la efectiva transición.

Lo anterior se ve con nitidez en las tensiones que ya se evidencian en el chavismo/madurismo, reflejadas en la visible grieta Rodríguez/Cabello/militares de la que no sería extraño esperar alguna “sorpresa”, especialmente cuando cada quien deba negociar su incierto futuro.

La discusión acerca de si se ha respetado o no el derecho internacional se lleva entre quienes creen que la soberanía ha sido violada o no. Las opiniones distan bastante según la preferencia política de quien opine.

Este columnista estima que a esta altura del siglo XXI  la invocación del principio de soberanía como escudo para blindar completamente sistemas violatorios de los valores fundamentales (derechos humanos, libertades, Estado de derecho etc.) no  está concebida en favor de los gobiernos sino de los pueblos que, como en el caso de Venezuela, la expresan a través de consultas periódicas y democráticas. Evidentemente, un resultado electoral como el del 28J así lo demuestra.

La evolución de este principio va de la mano con la acción de los organismos internacionales con capacidad de imponer la voluntad colectiva por encima de la voluntad de los Estados en particular (ONU, Corte Penal internacional, Corte Internacional de Justicia, Mercosur, Unión Europea, etc.). Ello ha hecho que el mundo de hoy no funcione como pequeñas islas aisladas sino como un concierto de obligaciones e intereses convenidos y convenientes.

Esas limitaciones más la realidad continental actual que ha demostrado que algún país tiene –y utiliza– su capacidad para imponer su voluntad se ve en asuntos tales como el giro relámpago en la realidad petrolera, presos políticos, clima de inversiones etc. Quien no lo vea es ciego.

Coincidimos con quienes creen que la reconstrucción de Venezuela y su parque petrolero e industrial brindará tal vez alguna de las  mayores oportunidades de negocios del mundo en las décadas por venir y por eso mismo es evidente que ello requerirá un marco jurídico y político de seguridad, legalidad, imperio del derecho, etcétera. Sin eso no llegarán las inversiones, nacionales y extranjeras, que esas oportunidades exigen.

El Estado de derecho requerido no se refunda con la sola promulgación de leyes que repliquen las que existen en países de más larga tradición, sino que ellas deben ser sostenidas en un ambiente de estabilidad y seguridad que garantice su permanencia en el tiempo como para justificar proyectos de inversión a largo plazo.

Habrá que observar con paciencia -pero no mucha- que  esas metas se vuelvan realidades para lo que será necesario un consenso nacional como el que siguió a la caída de Pérez Jiménez en 1958 o la transición española de 1975.

Tal como hemos expresado en anteriores columnas, lo único que no es aceptable es ninguna negociación que incluya nueva elección popular. La misma ya se realizó el 28J, los vencedores EGU/MCM se impusieron con gran holgura y por lo tanto son mandatarios -no dueños- de la voluntad popular, por cuya razón, en nuestra opinión, ese asunto no es negociable.

Adolfo P. Salgueiro