Asamblea Nacional designó Fiscal General y Defensora del Pueblo

Diversos sectores cuestionaron la designación de Larry Devoe y Eglée González Lobato por considerar que estos nombramientos profundizan la falta de independencia institucional en Venezuela.

La Asamblea Nacional, controlada por el chavismo, designó este jueves 9 de abril a los abogados Larry Devoe fiscal general y a Eglée González defensora del pueblo, luego de que los titulares de estos organismos renunciaron en febrero en medio de la aplicación de la Ley de Amnistía.

En una transmisión de la AN, el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, juramentó a Devoe, colaborador cercano del chavismo, y también a González Lobato, de quien subrayó previamente que "jamás ha militado en un partido político" y consideró esto como una "gran oportunidad".

El diputado Henri Falcón rechazó la designación de ambos funcionarios en nombre de su bancada opositora, Libertad, al considerar que no respaldará la designación de un fiscal ni de un defensor que no reúna las condiciones de "idoneidad, autonomía, independencia y pluralidad democrática".

"Sabemos que las instituciones han sido habilitadas como trincheras ideológicas de una parcialidad política en Venezuela", subrayó Falcón.

En marzo, un total de 11 organizaciones no gubernamentales denunciaron la "ausencia de reglas claras y públicas" sobre el procedimiento y los criterios de evaluación para designar a los titulares de la Fiscalía General y Defensoría del Pueblo.

En un comunicado, reclamaron entonces que el 25 de febrero se conformara un Comité de Evaluación de Postulaciones del Parlamento integrado "únicamente por diputados en funciones, en su mayoría del partido oficialista, sin incluir representantes de diversos sectores de la sociedad conforme lo requieren la Constitución y la ley".

El proceso para designar a nuevos fiscal y defensor del pueblo se inició después de que Tarek William Saab y Alfredo Ruiz, ambos allegados al chavismo, renunciaron.

Sus renuncias se dieron en medio de la aplicación de la Ley de Amnistía promulgada en febrero y que permite, en teoría, liberaciones de presos por razones políticas desde 1999 hasta la actualidad, aunque la norma solo contempla 13 "hechos" ocurridos en 13 años.

Rechazo a la designación de Larry Devoe y Eglée González Lobato

Diversas organizaciones de la sociedad civil, expertos en derechos humanos y actores políticos se sumaron al cuestionamiento que en la Asamblea Nacional manifestó el parlamentario Henry Falcón a la designaciones de Larry Devoe como fiscal general y de Eglée González Lobato como defensora del pueblo, al considerar que estos nombramientos profundizan la falta de independencia institucional en Venezuela.

La organización Un Mundo Sin Mordaza denunció que estos nombramientos representan “la consolidación de la captura política del Poder Ciudadano y la demolición de la independencia institucional en Venezuela”. Según la ONG “bajo el pretexto de una supuesta ‘normalidad institucional’, el régimen ha designado figuras que no garantizan la autonomía frente al poder”, advirtiendo que Devoe simboliza “la continuidad de la impunidad y el control político del Ministerio Público”, mientras que el perfil de González Lobato “no satisface el requisito constitucional de competencia manifiesta en DDHH”.

En ese sentido, alertaron que la Defensoría del Pueblo podría convertirse “en un espacio para la administración del conflicto y no para la protección de las víctimas”, y subrayaron que el proceso de designación “ignora las advertencias de la ONU y la sociedad civil, violando los principios de transparencia y mérito exigidos por la Constitución”.

Por su parte, el abogado y defensor de derechos humanos Alí Daniels cuestionó la idoneidad del nuevo fiscal al afirmar: “Quisiera ver el baremo según el cual Larry Devoe tiene más credenciales que la profesora Magaly Vásquez”, agregando que no podrá verlo “simplemente porque no las tiene”.

La organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) por su parte, sostuvo que estas designaciones “terminan de desdibujar la frontera entre el poder político y la justicia en Venezuela”, al considerar que “no se buscó perfiles independientes, sino figuras que han validado la gestión oficial en los momentos más críticos”. Asimismo, advirtió que será difícil generar confianza en las víctimas, señalando que el nuevo fiscal “ha pasado años frente a la ONU y la CIDH tratando de matizar denuncias graves o negando la existencia de presos políticos”.

JEP también cuestionó la falta de transparencia del proceso, indicando que “la verdadera legitimidad de estos cargos no debería depender solo de una firma en la Asamblea Nacional, sino de un proceso de selección que la gente pueda auditar”, lo cual —según afirmó— no ocurrió, ya que “las evaluaciones ocurrieron a puerta cerrada, convirtiendo la participación ciudadana en un saludo a la bandera”.

En la misma línea, el abogado Joel García planteó que la legitimidad de la nueva defensora del pueblo dependerá de su actuación inmediata frente a posibles abusos, señalando que “la prueba de fuego (...) es exigir la investigación y sanción de los represores de los manifestantes”, recordando que, conforme a la Constitución, su deber es “defender los DDHH ante abusos del poder” y advirtiendo que “si calla ante la represión, su gestión nace muerta”.

Entretanto, el partido político opositor Primero Justicia también rechazó las designaciones, destacando que ocurrieron “en un día marcado por la represión de una marcha de trabajadores en Caracas”. La organización afirmó que “Venezuela merece una Fiscalía y una Defensoría del lado del pueblo y de los derechos humanos, no al servicio de la camarilla de Delcy Rodríguez”, y reiteró que “los venezolanos no queremos más impunidad, queremos justicia”.

Para el dirigene opositor, Juan Pablo Guanipa, el nombramiento del abogado Larry Devoe en el cargo que ocupaba Tarek William Saab es el "Mismo musiú con diferente cachimbo. Venezuela merece que la cabeza del Ministerio Público sea un profesional del lado de la gente, no un esbirro al servicio de la dictadura", expresó Guanipa en un mensaje publicado en X, el cual acompañó con un video en el que señaló que en el año 2014 Devoe fue designado secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, cargo en el que, según el opositor, "ignoró" y se "burló" de "miles de venezolanos que han sido torturados por el chavismo".

Las distintas voces coinciden en que estos nombramientos profundizan la desconfianza en el sistema de justicia venezolano y refuerzan las preocupaciones sobre la falta de independencia de los poderes públicos, en un contexto marcado por denuncias nacionales e internacionales sobre violaciones a los derechos humano.

Con información de elnacional.com