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Las noticias políticas del 18Nov en Venezuela

hace 3 horas
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El secretario del Departamento de Guerra defendió hace una semana la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, en su primera rueda de prensa en más de 10 meses desde la Casa Blanca. Foto: @Gbastidas
El secretario del Departamento de Guerra defendió hace una semana la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, en su primera rueda de prensa en más de 10 meses desde la Casa Blanca. Foto: @Gbastidas

Actualización de las informaciones de importancia nacional en el plano político venezolano.


Pete Hegseth, secretario de Guerra de EE. UU., llega a Venezuela sin una agenda pública oficial



El secretario del Departamento de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, llegó a Venezuela este miércoles 18 de noviembre en medio de la expectativa por su visita, la de mayor alto rango de un funcionario de este departamento en el país, tras las que han realizado a lo largo de este año otros altos mandos de seguridad e inteligencia de la Casa Blanca, tras la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores el pasado 3 de enero.


Aunque no hay un anuncio oficial ni los motivos de su llegada a Caracas, se produce en un contexto en el que el chavismo y la Asamblea Nacional de 2015 realizan su cuarto ciclo de conversaciones, de la presencia de la líder opositora María Corina Machado en el país desde el pasado 25 de octubre, así como de un ataque con drones contra un campamento del Ejército de Liberación Nacional (ELN), ocurrido el 30 de octubre en Apure, que según medios internacionales contó con la colaboración de Estados Unidos.


En esta última operación, de la que no se ha informado oficialmente el número de víctimas, habrían muerto unas 20 personas, aunque reporteros de la Alianza Rebelde Investiga (ARI), pudieron confirmar la presencia de ocho cuerpos (cuatro mexicanos, dos venezolanos y dos colombianos) en la morgue del hospital de San Fernando de Apure, pocos días después del ataque.


Hegsetgh ha sido criticado en su país por la guerra con Irán, lo que provocó una amplia derrota del Partido Republicano en las elecciones de medio término celebradas el pasado 3 de noviembre, en la que los demócratas alcanzaron la mayoría de las dos cámaras del Congreso estadounidense. Incluso se salvó de un intento de destitución al contar todavía el Parlamento estadounidense con la superioridad de los republicanos, algo que cambiará a partir del próximo mes de enero.


El pasado 10 de noviembre, el secretario de Guerra estadounidense volvió a hablar de la captura de Nicolás Maduro al rechazar que se tratase de un secuestro.

 “Maduro pensó que era intocable. No fue secuestrado. Fue llevado ante la justicia por los mejores de América”, dijo en una rueda de prensa desde la Casa Blanca.


Altos mandos de seguridad en Caracas


En febrero pasado, visitó Caracas el subsecretario de Defensa para el Hemisferio Occidental, Joseph Humire, junto al jefe del Comando Sur, el general Francis Donovan. Meses después, en septiembre, lo hizo el subsecretario de Inteligencia del Pentágono, Bradley Hansell, que estuvo en reuniones en la capital venezolana.


Aunque no ha sido confirmado se habla de que Estados Unidos quiere firmar un acuerdo de cooperación militar que le permita tener presencia en territorio venezolano, un giro de 180 grados con respecto a la posición "antiimperialista" del fallecido Hugo Chávez y el depuesto Maduro, quienes hicieron de los presidentes estadounidenses sus principales "enemigos" públicos, tanto en el plano retórico como en la cooperación con países adversarios de esa nación como Cuba, Rusia, China e Irán.


El pasado 10 de noviembre, el secretario de Guerra estadounidense volvió a hablar de la captura de Nicolás Maduro al rechazar que se tratase de un secuestro.

 

“Maduro pensó que era intocable. No fue secuestrado. Fue llevado ante la justicia por los mejores de América”, dijo en una rueda de prensa desde la Casa Blanca.


¿Venezuela en el Escudo de las Américas?


Estados Unidos lanzó con varios países de América Latina una iniciativa llamada "Escudo de las Américas" en marzo pasado, a cuya responsabilidades asignó a su exsecretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.


La integran Argentina, Bolivia, Belice, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Trinidad y Tobago.

Comenzó con 12 países y posteriormente se han ido sumando otros en el continente americano, aunque Chile, por ejemplo, tiene un rol de observador.


No se sabe si la Venezuela tutelada por la Casa Blanca con Delcy Rodríguez al frente de la administración del poder, también se incluirá en la iniciativa, aunque Miraflores no tendría muchas opciones de negarse a lo que Estados Unidos ha exigido desde la captura de Maduro: petróleo, minerales, apertura a la inversión privada en sectores estratégicos y una mesa de diálogo para acordar los términos de una transición democrática.


La presencia de Hegseth ocurre en medio de una huelga de hambre de presos políticos militares en la cárcel de Ramo Verde, estado Miranda, donde 36 privados de libertad comenzaron una protesta el pasado 9 de noviembre. Inicialmente lo hicieron 21 sargentos involucrados en la causa del comando de Cotiza, pero en los días siguientes se sumaron de otras causas, entre ellas Sukhoi, Paramacay, Aurora, Refinería del Palito, 30 de Abril, Operación Gedeón II y de la gobernadora de Monagas.


Luego de más de ocho días de esa acción, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) exigió al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo "que se presenten de inmediato en Ramo Verde para constatar las condiciones de salud de los militares y garantizar la integridad física de estas personas, cuya custodia es responsabilidad exclusiva del Estado venezolano", una petición que no ha tenido eco hasta ahora en esas dos instituciones. Con información de elpitazo.net


39 aspirantes se postularon para dos y tres cargos en el Poder Judicial


Un primer listado hecho público, integrado por los nombres de 395 preadmitidos y que fue difundido el pasado 5 de noviembre por el Comité de Postulaciones Judiciales, refleja que al menos 39 personas se inscribieron de manera simultánea en dos o tres de los cargos en disputa dentro del sistema de justicia.


Aunque la instancia parlamentaria difundió esta primera lista de preseleccionados, posteriormente la Asamblea Nacional extendió el proceso de recepción de credenciales y registros ante la alta demanda de aspirantes que buscaban ingresar a las convocatorias de la máxima instancia judicial, elevando el universo global de postulaciones por encima del millar de expedientes.


Un cruce entre la primera lista difundida —que abarca 334 aspiraciones a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), 41 a la Inspectoría General de Tribunales y 20 a la Dirección de la Escuela Nacional de la Magistratura— muestra que un sector importante de los preadmitidos busca asegurar un espacio en múltiples instancias del aparato judicial de forma paralela, un fenómeno que se repite en cada proceso de reestructuración de los poderes públicos en el país.


Del total de estas postulaciones cruzadas, nueve candidatos compiten de forma directa en las tres categorías abiertas por el comité de preselección: Alexander Enrique Blanco Reyes, Joana Luisa Dale Hernández, Orangel Fermín Requena Magallanes, Guillermo Blanco Vázquez, Durga Yhosebe Ochoa Juárez, Juan Bautista Mirabal Ascanio, Joel Darío Altuve Patiño, Josmary Angélica Páez Fonseca y Gledys Josefina Carpio Chaparro.


A ellos se suman 24 aspirantes inscritos de manera simultánea en dos listados para cargos de magistrados e inspectores de tribunales, entre quienes figuran Óscar Rafael Ceballos Jiménez, Leydi Nathalí Matute Velásquez, Neida Josefina Pérez Morillo, Antonio José Rivero Berríos, Uni Helen Urrieta López, Mariam Josefina Altuve Arteaga, Indira María París Bruni, Eleny María Malliotakis Rodríguez, Miguel Ángel Rhode Urbaneja, Ubencio José Martínez Lira, Isaac Rafael Nieves Luy, Milagros Coromoto Rengifo Rincones, Reinaldo Enrique Carvallo Machado, María Federica Eugenia Pérez Carreño Quintana, Dagoberto Antonio Quero Reyes, Vilma María Fernández González, Pedro Miguel Guédez López, Javier Alirio Girón, José Ernesto Ivkovic, Michael Mijail Rafael Pérez Amaro, Mario Vegas Rodríguez, Igor Enrique Villalón Plaza, Sergio Ramón Aranguren Carrero y Luis Armando Betancourt Gutiérrez.

Completan el grupo seis aspirantes que combinan la postulación a una magistratura con la aspiración a dirigir la Escuela Nacional de la Magistratura: Jonny Ildemaro Lanz Molina, Luis José Díaz Matos, Ángel Carmelo Prince Torres, María Elizabeth Gutiérrez Fernández, Ramón Carlos Javier Gámez Román y José Vicente Saavedra López.


El contexto político e institucional del Comité


Esta nueva fase de renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se desarrolla tras los acuerdos alcanzados en la Mesa de Diálogo instalada en agosto de 2026, proceso que incluyó una reforma parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia publicada en Gaceta Oficial extraordinaria el pasado 15 de septiembre.


La modificación alteró la composición del Comité de Postulaciones Judiciales, que quedó integrado por 23 miembros: 11 diputados de la Asamblea Nacional (que conforman la Comisión Preliminar) y 12 representantes de la sociedad civil preseleccionados por la propia instancia parlamentaria.


Organizaciones no gubernamentales, como Acceso a la Justicia, han advertido que esta estructura mantiene una contradicción de origen con el artículo 270 de la Constitución, el cual concibe al comité como un órgano ciudadano destinado a blindar la preselección de la influencia partidista.


Pese a que los representantes de la sociedad civil poseen mayoría numérica, el hecho de que su selección definitiva y la presidencia del comité recaigan en actores vinculados al Parlamento —bajo la conducción del diputado Giuseppe Alessandrello— ha generado suspicacias sobre el equilibrio real de fuerzas en el proceso.


A esto se suma la creación, como parte de los acuerdos políticos de la mesa de negociación, de un Consejo de Verificación de Credenciales y Requisitos integrado por siete expertos con perfiles diversos (entre ellos exmagistrados y académicos como Belén Ramírez Landaeta, María Bernadoni de Govea, Deyanira Nieves Bastidas, Rogelio Pérez Perdomo, Bernardo Pulido Márquez, Silio César Sánchez Zerpa y Federico Sebastián Fuenmayor Gallo).


Este órgano externo opera en paralelo para elevar el rigor técnico, aunque subsisten dudas sobre su capacidad real de incidencia frente al peso político institucional del CPJ y del propio Parlamento.


El pasado 2 de noviembre, el CPJ hizo público el baremo de evaluación con una puntuación máxima de 100 puntos distribuidos en cinco áreas: formación académica y producción intelectual (28 puntos), experiencia docente (19 puntos), trayectoria profesional (19 puntos), experiencia jurisdiccional (19 puntos) y una entrevista final de carácter técnico, ético y de competencias (15 puntos). Si bien diversos sectores han valorado positivamente que se conozcan de antemano los criterios de puntuación —una exigencia contemplada en el artículo 73 de la ley.—, especialistas han señalado debilidades estructurales, tales como el peso otorgado a la antigüedad institucional frente al libre ejercicio, la falta de indicadores de evaluación diferenciados en las entrevistas y el tratamiento del ingreso a la carrera judicial en un contexto donde los concursos públicos de oposición se encuentran suspendidos desde el año 2003.


El listado oficial divulgado se limita estrictamente a registrar los números de expediente, nombres, apellidos, cédula de identidad y cargo al que opta cada ciudadano pero no detalla soportes curriculares ni el origen de las postulaciones. Fuentes parlamentarias consultadas por TalCual defendieron el procedimiento bajo el argumento de que los recaudos contenidos en las carpetas constituyen "documentos privados" y que el mecanismo cuenta con plenas garantías de seriedad institucional. Otras fuentes dijeron que una vez que se sepa quienes son los postulados definitivos es que deberían compartirse o hacerse públicas esas credenciales.


La posición choca con las exigencias constitucionales de transparencia y el derecho de los ciudadanos y gremios a ejercer la veeduría y la impugnación de los candidatos. Ante las restricciones para revisar detalladamente los expedientes físicos y las denuncias previas de integrantes del propio comité sobre la limitación en la digitalización de los documentos, el proceso transcurre bajo un escrutinio mixto.


Figuras del ámbito académico y gremial que buscan espacios


El hermetismo institucional sobre la cantidad general de preadmitidos contrasta con la visibilidad que han tenido destacados juristas, constitucionalistas, profesores universitarios y defensores de derechos humanos que decidieron hacer públicas sus candidaturas antes de las fases decisivas del proceso:

  • Magaly Vásquez: Doctora en Derecho y especialista en Ciencias Penales y Criminológicas, con más de 30 años de trayectoria docente en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), donde se desempeñó como decana encargada de la Facultad de Derecho y secretaria general. Formalizó su inscripción con el respaldo de organizaciones gremiales y académicas.

  • Tamara Adrián: Doctora en Derecho Comercial, profesora universitaria y exdiputada de la Asamblea Nacional (2016-2020), reconocida por su labor en la defensa de los derechos humanos. Consignó sus credenciales con el aval de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela (UCV).

  • Jesús María Casal: Abogado constitucionalista, doctor en Derecho y profesor titular de la UCAB, casa de estudios donde también ejerció como decano de la Facultad de Derecho. En 2023 presidió la Comisión Nacional de Primaria. Anunció su postulación con el objetivo de contribuir a la reinstitucionalización judicial.

  • Juan Carlos Apitz: Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCV y profesor universitario. Fue magistrado de la extinta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo hasta su destitución en 2003, un caso emblemático examinado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

  • Juan Manuel Raffalli: Abogado constitucionalista, doctor en Derecho y docente en la UCAB, la UCV y el IESA. Confirmó la ratificación de su nombre tras haber participado en la convocatoria previa de mayo.

  • Nelson Chitty La Roche: Abogado, doctor en Ciencias Políticas, docente de la UCV y exparlamentario del Congreso Nacional (1984-1999). Formalizó su postulación al considerar que el baremo actual ofrece condiciones distintas a procesos pasados.

  • Joel García: Abogado penalista, magíster en Derecho Penal, doctor en Ciencias de la Educación y vicepresidente de Fundeci, con una extensa trayectoria en la defensa de personas detenidas por motivos políticos. Se postuló con el respaldo del Colegio de Abogados de Caracas.

  • Fermín Mármol García: Abogado penalista, criminólogo y director del Instituto de Ciencias Penales de la Universidad Santa María, quien figura en los listados preliminares al igual que el exmagistrado Antonio José Marval y los constitucionalistas Tulio Álvarez y Gustavo Linares Benzo.


    Con la extensión del lapso de postulaciones anunciada por el Parlamento y el universo de más de mil registros acumulados entre magistraturas, inspectorías y escuelas de la magistratura, el proceso entra en su tramo definitivo. El reto fundamental para las próximas semanas consistirá en determinar si la preselección logrará superar la discrecionalidad política para dar paso a una verdadera meritocracia e independencia en la cúspide del sistema de justicia venezolano. Con información de talcualdigital.com


Profesores universitarios retomarán las protestas y paralizarán actividades durante 24 horas


La secretaria de Información de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv), Keta Tamara Stephany, cuestionó las condiciones salariales de los trabajadores y denunció su impacto en el acceso a derechos fundamentales como la educación, la salud y la seguridad social.


"La violación de los derechos laborales es violación de los derechos sociales, es violación de los derechos humanos", afirmó la dirigente al referirse a la situación que enfrentan los trabajadores universitarios.

Stephany advirtió que los gremios esperan respuestas en la mesa de consenso del sector público y que, de no obtener soluciones a sus demandas, retomarán las acciones de protesta.


"La semana que viene tenemos paro de 24 horas", anunció, sin precisar la fecha exacta de la jornada de paralización.


Asimismo, la representante de Fapuv exigió investigar el destino de los recursos públicos y reparar los daños ocasionados a los trabajadores.


La federación mantiene sus reclamos por mejoras salariales y el respeto de los derechos laborales del sector universitario. Con información de monitoreamos.com


Sociedad civil y sectores productivos impulsan el Consejo Nacional de Participación Ciudadana



Este martes 17 de noviembre se realizó la presentación oficial del Consejo Nacional de Participación Ciudadana (CNPC). El evento congregó a reconocidos líderes nacionales, académicos, expertos petroleros, representantes gremiales y del sector tecnológico, quienes coincidieron en la necesidad de superar la actual parálisis institucional mediante la participación activa de los ciudadanos.


El encuentro sirvió como plataforma para la presentación del Manifiesto del Pueblo Venezolano, una proclama orientada a exigir el restablecimiento de la legalidad democrática y una profunda renovación de la gobernanza en el país.


Claves del manifiesto y exigencias nacionales


El documento presentado por el CNPC subraya que, tras 27 años de reivindicaciones ciudadanas desatendidas por el poder, la sociedad civil exige un cambio radical que supere los tres grandes obstáculos identificados en el escenario político actual: la ineficacia de las fórmulas de transición ensayadas hasta la fecha, la simulación de una mesa de negociación carente de representación genuina y la continuidad de las políticas gubernamentales precedentes.

Entre las principales exigencias plasmadas en el manifiesto y respaldadas por los ponentes del evento destacan:

  1. Gobierno interino legítimo: Solicitar a los actores de la comunidad internacional, y en particular a la diplomacia de los Estados Unidos, el reconocimiento de la vacante del cargo presidencial y el respaldo a la instauración de un gobierno interino legítimo presidido por Edmundo González Urrutia, en estricto apego a los resultados de la voluntad popular expresada el 28 de julio de 2024.

  2. Renovación electoral profunda: Exigir la estructuración de un nuevo directorio del Consejo Nacional Electoral (CNE) que sea verdaderamente independiente, la depuración total del Registro Electoral y la adopción de un método de votación confiable y transparente.

  3. Elecciones simultáneas: Demandar la convocatoria a elecciones presidenciales y legislativas en un solo acto de votación, garantizando postulaciones abiertas tanto para los partidos políticos como para la sociedad civil organizada, evitando así la reproducción de vicios institucionales del pasado.

  4. Liberación de presos políticos: Exigir la libertad plena e incondicional de todos los presos políticos del país, concebida no como una concesión gubernamental, sino como un requisito indispensable de justicia y restitución de derechos. Con información de efectococuyo.com

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