La Policía de Investigaciones de Chile (PDI) confirmó este viernes 1 de marzo, en horas de la tarde, el hallazgo del cadáver del Teniente (R) venezolano Ronald Leandro Ojeda Moreno, secuestrado el pasado 21 de febrero en la madrugada de su apartamento.
El cuerpo sin vida se encontraba en una barriada, en la zona de Maipú. En el interior de un improvisado inmueble había una especie de radier de cemento, lo que llamó de inmediato la atención de los investigadores. Las pesquisas para picar el piso duraron toda la tarde hasta que a eso de las 18:00 horas personal de la PDI confirmó el hallazgos de un cuerpo humano dentro de una maleta, que pasadas las 22 horas se confirmó que pertenecía al exteniente Ojeda. Según fuentes cercanas, fue reconocido por sus huellas y por la ropa interior que portaba al momento del secuestro.
“Se han realizado las pericias al cuerpo que fue encontrado en horas de la tarde por la PDI en este lugar y finalmente podemos afirmar, en base a las pruebas que se realizaron, que corresponde a Ronald Ojeda”, afirmó el fiscal Héctor Barros en horas de la noche del viernes.
“La data de muerte aproximada, de acuerdo al médico, señala que es entre siete a 10 días, por lo tanto es coincidente con la fecha en que se produjo el secuestro”, agregó.
Ojeda Moreno tenía calidad de refugiado en Chile. El gobierno le otorgó esta condición tras desertar del Ejército de Venezuela. Desde que llegó al país -en 2018- se ha manifestado crítico al régimen de Nicolás Maduro, motivo por el cual su familia, en un inicio, sostuvo que su rapto estaba motivado por fines políticos y que tras el secuestro estaría la inteligencia militar venezolana.
Sin embargo, las pruebas reunidas por los investigadores durante una semana de secretas diligencias han debilitado la tesis de un móvil político. Los hechos apuntan a que detrás del rapto estaría un grupo vinculado al crimen organizado, presumiblemente del denominado “Tren de Aragua”.
Hasta el momento hay un detenido por el caso. Se trata de un joven de 17 años de nacionalidad venezolana. Hasta el recinto llegó una abogada de la Defensoría Penal Pública para acompañarlo en el caso que decida renunciar a su derecho a guardar silencio y para garantizar el resguardo de sus derechos, ya que por su edad se rige bajo la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.
Con información de latercera.com