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Enero 2026 fue un mes de tensión para Venezuela


550 protestas registradas en enero estuvieron vinculadas a la exigencia de Derechos Civiles y Políticos lo que representa 88% del total registrado en el mes. Foto: Archivo I21
550 protestas registradas en enero estuvieron vinculadas a la exigencia de Derechos Civiles y Políticos lo que representa 88% del total registrado en el mes. Foto: Archivo I21

En Venezuela fueron registradas 622 protestas civiles en enero 2026, lo que representa un incremento de 53% en comparación con el mismo mes del año anterior. El derecho a la participación política se consolidó como la principal demanda ciudadana en el lapso señalado. El derecho a la justicia fue exigido en 232 protestas ubicándose como el segundo derecho más demandado por la ciudadanía.


Así lo documenta el último informe del Observatorio Venezolano de Conflictivad Social, precisando que para los venezolanos el año comenzó el 3 de enero con la captura y extración del entonces presidente Nicolás Maduro y su esposa y diputada Cilia Flores, quienes 48 horas después se encontraban en un juzgado de Nueva York para enfrentar cargos federales por narcotráfico y narcoterrorismo.


A partir de ese hecho los acontecimiento en Venezuela van transcurriendo a velocidad de vértigo. Las presiones de Estados Unidos sobre Delcy Rodríguez, designada presidenta interina, se unieron a las protestas internas reclamando libertad de presos por razones políticas.


Para calmar las aguas, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, anunció el 8 de enero la liberación de un "número importante" de presos políticos, sin mencionar el número exacto. El proceso comienza a cuenta gotas.


Dos días despúes, un comunicado oficial afirma que “Venezuela se encuentra en calma (...) Todos los centros poblados, vías de comunicación, puntos de control y dispositivos de seguridad funcionan con normalidad”.



Finalizado el mes de enero existían cifras contradictorias sobre excarcelaciones. Las que ofrcía el ministro Diosdado Cabello eran superiores a las ONG como Foro Penal. Además,

-recuerda el informe del OVCS- "la mayoría de las personas excarceladas fueron sometidas a medidas cautelares sustitutivas, sin libertad plena, lo que limita gravemente el ejercicio de sus derechos civiles y políticos. De manera adicional, con el transcurso de los días comenzaron a emerger nuevas denuncias de detenciones políticas previamente no visibilizadas, cuyos familiares habrían guardado silencio durante años por presiones de las autoridades y temor a represalias, lo que revela una subestimación estructural de la magnitud real de la represión política."


Ante este cuadro las protestas adquieren diferentes características.



Del total de 622 manifestaciones documentadas durante enero de 2026, 550 estuvieron vinculadas a la exigencia de Derechos Civiles y Políticos (DCP), lo que representa 88% del total registrado en el mes.


Precisa el informe que "ste predominio confirma que las demandas asociadas a la participación política, la justicia, el debido proceso y la libertad se posicionaron como el eje central de la conflictividad social al inicio del año, en un contexto marcado por profundas tensiones institucionales y un escenario de transición política altamente incierto."


El informe también recoge manifestaciones protagonizadas por trabajadores de instituciones del Estado y militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), quienes expresaron su rechazo a la captura y extracción de Nicolás Maduro y Cilia Flores.


Considera que estas protestas ponen de relieve que el espacio de la protesta social continúa siendo un territorio de expresión política, incluso entre sectores tradicionalmente alineados con el poder.


Protestas por Derechos Civiles y Políticos


Precisa el informe que las protestas en Venezuela, a lo largo de enero 2026, "estuvieron claramente orientadas a la exigencia de Derechos Civiles y Políticos (DCP), reflejando la centralidad de las demandas asociadas a la participación, la justicia y las libertades fundamentales en el contexto vinculado a la coyuntura política y a la situación de las personas privadas de libertad por motivos políticos."


El derecho a la participación política se consolidó como la principal demanda ciudadana durante enero de 2026, en un total de 502 protestas, lo que representa 81% de todas las exigencias registradas en el país.


Esta cifra resulta de la sumatoria de las movilizaciones, en la mayoría de los casos de carácter combinado, en las que se exigieron derechos políticos junto con otras reivindicaciones, reflejando la centralidad de estas exigencias en el contexto de alta conflictividad y reconfiguración del escenario político nacional.


El derecho a la justicia fue exigido en 232 protestas durante enero de 2026, ubicándose como el segundo derecho más demandado por la ciudadanía. Esta cifra confirma que los reclamos asociados al acceso a la justicia, el debido proceso y la lucha contra la impunidad se mantienen como un eje central de la conflictividad social.


La represión estuvo en mínimo


El informe del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social destaca, que frente a este aumento de protestas civiles, que se han extendido a febrero se ha apreciar "una contención temporal de la política represiva, atribuida a la presión internacional y a las exigencias explícitas de garantías de derechos humanos formuladas por la administración del presidente Donald Trump."


Considera que este escrutinio internacional ha contribuido "a limitar la actuación represiva directa por parte de las autoridades venezolanas, generando un margen relativo para el ejercicio de la protesta pacífica. La reducción de las prácticas represivas permitió que, a lo largo del mes, estudiantes universitarios, familiares de presos políticos, trabajadores y activistas políticos retomaran la movilización social de forma constante y pacífica, visibilizando sus demandas."

1 comentario


This report lays bare the intense social and political tensions shaping Venezuela’s early 2026, highlighting how civic demands for rights and justice have driven widespread public unrest. Beyond such pressing societal challenges, stable industrial infrastructure remains critical for nations in transition, with services like Produzione PCB e Cablaggi Industriali supporting the reliable technology and manufacturing sectors essential for long-term stability. It’s a stark reminder that political uncertainty deeply impacts both civil life and the foundational industries that sustain everyday function.

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