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Rocío San Miguel es imputada por traición a la patria y conspiración "entre otros" delitos


La Corte Interamericana de Derechos Humanos otorgó a Rocío San Miguel medidas cautelares. Foto: Carolina Alcalde, VOA

El Fiscal General de la República (FGR), Tarek William Saab, informó este lunes 12 de febrero el inicio de las audiencias de presentación de seis ciudadanos, quienes estarían presuntamente involucrados en en planes conspirativos. Entre los indiciados se encuentra la abogada Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, detenida el viernes 9 de febrero en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía.


Según información publicada en la página web de Venezolana de Televisión, el Ministerio Público solicitará ante el tribunal segundo Contra Terrorismo, la medida de privación judicial preventiva de libertad en contra de la ciudadana Rocío del Carmen San Miguel Sosa por la presunta comisión de los delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo, asociación, entre otros.


En relación al ciudadano Alejandro José Gonzales De Canales Plaza, el Ministerio Público solicitará medida de privación judicial preventiva de libertad por la presunta comisión de los delitos de revelación de secretos políticos y militares concernientes a la seguridad de la nación, obstrucción a la administración de justicia y asociación.


En relación a las cuatro personas restantes -que no son identificadas en la información- la Fiscalía solicitará medidas cautelares consistentes en presentaciones periódicas ante el tribunal de la causa.


La organización Justicia, Encuentro y Perdón, afirma que en esa audiencia Rocío San Miguel no contó con abogados de su confianza que garantizaran el derecho a la asistencia legal, como parte del debido proceso establecido en el artículo 44 de la Constitución.


Rocío San Miguel está en desaparición forzada


Previamente, Justicia, Encuentro y Perdón, una organización dedicada a la defensa de DDHH, alertó que San Miguel se encontraba en situación de "desaparición forzada" lo que, expusieron, constituye un “grave acto de persecución y asfixia contra el espacio cívico en Venezuela”.


El Estado está obligado a informar sobre el paradero de la activista y los motivos de la detención”, subrayó la organización.


En 2012 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de San Miguel y su hija por ser objeto de hostigamiento y amenazas en razón de las actividades que desarrolla al frente de Control Ciudadano.


San Miguel, con nacionalidad venezolana y española, recordó en días recientes que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) solicitó al Estado venezolano cumplir una sentencia que le fue favorable por violación de derechos políticos. La abogada, que en 2004 fue despedida de un organismo estatal por haber firmado a favor de la solicitud de un referendo revocatorio contra el ex presidente Hugo Chávez, llevó el caso ante ese órgano judicial.


Con información de la Voz de América

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