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Venezolanos por el Mundo: Los servicios de salud sexual son de difícil acceso para las migrantes en Colombia


Solo 25% de las mujeres migrantes venezolanas en situación irregular en Colombia tienen acceso a anticonceptivos modernos. Foto: Pïxabay

El más reciente Análisis de Situación de Población (ASP) realizado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), alerta sobre el acceso a la salud sexual y reproductiva para las mujeres migrantes en Colombia: 51% de las migrantes afirmó no poder acceder a este tipo de servicios de salud.


Esta situación empeora al no estar regularizadas debido a que, por cuenta de su condición jurídica, no pueden acceder a las Entidades Promotoras de Salud (EPS). Aun así, tanto las mujeres regularizadas como las irregulares enfrentan barreras a la hora de acceder a la salud sexual y reproductiva, con la agravante de que las que están en situación irregular se exponen más a vulnerabilidades.


Daniela Mogollón, en reportaje publicado en el portal migravenezuela.com, señala que son tres los desafíos más críticos.


El primero es el acceso limitado a servicios de salud sexual y reproductiva, fundamental para garantizar el bienestar de las mujeres. Lamentablemente, esta es una realidad inalcanzable para muchas, sobre todo para aquellas que no pudieron acceder a su Permiso Por Protección Temporal (PPT), ya que tampoco pueden afiliarse a una EPS.


Un informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) revela que solo 25% de las mujeres migrantes venezolanas en situación irregular en Colombia tienen acceso a anticonceptivos modernos.


Catalina Correa, doctora en salud pública de la Universidad de Drexel, insiste en sus estudios sobre riesgos migratorios, en la importancia de la planificación familiar y el acceso a anticonceptivos como parte de las estrategias de atención médica y de salud pública que contribuyen no solo a la salud reproductiva, sino a la autonomía y el bienestar general de las mujeres en contextos de migración.


Por otro lado, aún persiste la estigmatización en la atención médica. De acuerdo con entrevistas realizadas en 2023 por la Fundación Ideas para la Paz (FIP) sobre oportunidades para la inclusión, las participantes resaltaron que persiste la discriminación en los centros de salud por parte del personal, especialmente hacia mujeres jóvenes embarazadas, mujeres trans o personas viviendo con VIH. Esto desincentiva a la población a acercarse a estos espacios, lo que aumenta la desigualdad.


El segundo desafío es la vulnerabilidad ante la explotación sexual y la violencia de género. Las mujeres migrantes irregulares están expuestas a un mayor riesgo en estos dos ámbitos. Según la Organización Internacional para la Migración (OIM), 70% de las mujeres migrantes venezolanas han experimentado algún tipo de violencia durante su tránsito por Colombia, mientras que 40 % ha sido víctima de explotación sexual.


El tercer desafío es la violencia ginecobstétrica, que incluye el maltrato y la negligencia en la atención obstétrica. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que al menos 15% de las mujeres en todo el mundo han experimentado algún tipo de violencia obstétrica durante el parto.


Para las mujeres migrantes irregulares, esta cifra podría ser mayor debido a la falta de acceso a recursos legales, financieros y de apoyo.


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Luisiana propone una ley similar a la de Texas para arrestar a inmigrantes


La mayoría republicana en el Senado de Luisiana aprobó un proyecto de ley que otorgaría facultades a los departamentos locales y estatales de policía para detener y encarcelar a personas en el Estado que hayan ingresado al país de forma ilegal, similar a una iniciativa en Texas.


En medio de una disputa a nivel nacional entre los estados con gobiernos republicanos y el presidente, el demócrata Joe Biden, en torno a cómo y quién debería resguardar la frontera entre Estados Unidos y México, Luisiana se suma a una creciente lista de legislaturas que buscan expandir la autoridad de los estados en materia de seguridad fronteriza.


Los partidarios de la iniciativa, como la autora de la medida, la senadora estatal Valarie Hodges, afirman que Luisiana tiene el “derecho de defender a nuestra nación”. La republicana ha acusado al gobierno federal de descuidar sus responsabilidades en la aplicación de las leyes de inmigración, un argumento ampliamente utilizado por mandatarios republicanos de todo el país.


Los opositores arguyen que la medida es inconstitucional, no hará nada para que el Estado sea más seguro y únicamente avivará el discurso negativo y falso dirigido hacia los migrantes.




Con información de la Voz de América


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