Las noticias políticas más importantes en Venezuela del 7Nov

La Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional celebró la primera audiencia pública sobre el recurso de apelación del Estado Venezolano. Foto: Pixabay

Un resumen de las informaciones actualizadas del ámbito político a nivel nacional del 7 de noviembre de 2023.

Venezuela presenta argumentos ante la CPI

La Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) celebró hoy martes 7 de noviembre, la primera de dos audiencias sobre el recurso de apelación del Estado venezolano contra la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares que autorizó reanudar la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.

A finales de junio, el fiscal de la CPI, Karim Khan, fue autorizado a reanudar la investigación con el argumento de que el Estado “no está investigando o no ha investigado hechos delictivos que puedan constituir delitos” referidos en el artículo 5 del Estatuto de Roma.

El Estado venezolano introdujo un recurso de apelación en el que argumentó que la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI incurrió en “errores de hecho y de derecho que vulneran disposiciones fundamentales” del Estatuto de Roma, entre ellos la supuesta desestimación de pruebas que demostrarían la “productiva” labor del sistema de justicia de Venezuela.

En la inédita audiencia pública de este martes 7 de noviembre, la fiscalía de la CPI, los representantes del Estado venezolano y la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas (OPCV por sus siglas en inglés), abordaron cuestiones específicas derivadas de sus alegaciones.

De acuerdo a la información publicada en

La Voz de América, el juez Marc Perrin de Brichambaut explicó que en la primera audiencia se buscaría resolver si la notificación de la fiscalía a Venezuela debía notificar hechos penales específicos, identificar hechos penales y acusados específicos y si se espera que se haya alcanzado el punto de identificar sospechosos o acusados particulares.

Ben Emmerson, representante del Estado venezolano, argumentó que los aspectos referentes al principio de complementariedad en el Estatuto de Roma no han sido respetados y que las comunicaciones enviadas a Venezuela no incluyen suficiente información detallada.

“No contenían suficientes pormenores porque no incluían ni edad, ni fechas, ni ubicaciones específicas de los incidentes, el número aproximado de las víctimas, el colectivo o las personas responsables de estos incidentes, no había información que permita que Venezuela responda”, dijo.

Una de las representantes de la fiscalía de la CPI respondió que las notificaciones muestran el alcance de la investigación prevista de la fiscalía y que no se trataba de "indicaciones especulativas" de hacia dónde se dirigía la investigación.

“Se trataba de parámetros muy específicos que tenían mucho sentido y a las que podía responder Venezuela e incluían calendarios, el alcance geográfico, el grupo de personas presuntamente responsables, el tipo de crímenes de lesa humanidad que presuntamente se cometieron y una serie de actos contextuales”, precisó la representante de la fiscalía.

Además, explicó que en esa etapa de la investigación el objetivo de la notificación no era descubrir de forma exhaustiva la investigación de la fiscalía y que las disposiciones dan “flexibilidad adecuada” sobre el grado de detalle que debe darse para proteger a las víctimas y los testigos.

Expertos aclaran que en la fase de la investigación sobre la que se están exponiendo y respondiendo argumentos la fiscalía no debía detallar crímenes ni sospechosos.

En su intervención, Paolina Massida, jefa de la OPCV argumentó que antes del inicio de la investigación es “imposible definir los parámetros precisos de un caso en términos de conductas e identificar sospechosos”.

Además, precisó que la posición de las víctimas es que “Venezuela no está, ni lo hará en un futuro, investigando los crímenes de sus familiares y de sus amigos”.

“El punto de vista de las víctimas es que los elementos contextuales son esenciales para definir la existencia de crímenes de lesa humanidad, si no integran la investigación doméstica nacional no se puede decir que los crímenes de lesa humanidad están siendo objeto de investigación”, precisó al recordar que ahondará en detalles en la audiencia del día miércoles 8 de noviembre.

Otro de los argumentos del Estado para apelar la decisión fue que se habían desestimado documentos presentados en español y aseguró que la fiscalía debía haber asumido la responsabilidad de traducir los documentos a inglés o francés, idiomas oficiales de la CPI.

“No hay responsabilidad por parte de Venezuela en este caso para que la Corte ignorara la mayoría de las pruebas que se

han presentado”, dijo el representante del Estado venezolano. La fiscalía alegó que fue correcto que la Sala se basara en las traducciones enviadas en inglés a la Corte y que el material remanente -que no incluye registros en inglés y francés- no permitían a la Sala evaluar que las actuaciones penales nacionales estuvieran avanzando.

“Para los cinco casos que Venezuela quiere que se admitan como prueba dio solo resúmenes, de modo que la Sala decidió basarse sólo en los registros de investigación y judiciales traducidos al inglés en vez de esos resúmenes generales (…) la información en esos resúmenes es muy limitada, no es suficientemente específica y no es muy clara, no permite a la Corte identificar el alcance y el avance de las investigaciones nacionales”, expuso la representante de la fiscalía.

Además, resaltó que si el Estado afirma que investiga autores y hechos debe ofrecer información específica y probatoria.

Audiencia positiva

Para Alí Daniels, co director de Acceso a la Justicia y profesor de derecho internacional humanitario, la audiencia es positiva debido a que, de manera “sucinta” se exponen los argumentos ante los jueces.

“Están mucho mejor preparados para tomar una decisión más rápido, porque no es lo mismo que los jueces se tengan que leer todos los documentos que presentan las partes a que las mismas partes le expongan los argumentos. Elaborar la sentencia les va a ser mucho más fácil por lo cual podríamos tener una decisión a finales de este año o en el primer trimestre del año que viene”, dijo a la Voz de América.

Además, Daniels resalta que no hay antecedentes de que en procesos previos se hubiera llevado a cabo una audiencia para escuchar a las partes.

“Lo más parecido a esto ocurrió con el caso de Filipinas donde la Sala lo que hizo fue convocar a una audiencia para emitir el fallo. Son potestades que tiene la Sala, es algo cónsono con el Estatuto de Roma”, detalló.

En 2021 la fiscalía de la CPI anunció su decisión de abrir una investigación formal a Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad y firmó con el Estado un memorando de entendimiento basado en el principio de la complementariedad positiva establecido en el Estatuto de Roma.

Posteriormente, el gobierno de Nicolás Maduro solicitó un aplazamiento de la investigación. A finales del año pasado, la fiscalía de la CPI solicitó ante la Sala de Cuestiones Preliminares autorización para reanudarla.

Durante su tercera visita a Venezuela en junio, el fiscal Khan y Maduro firmaron un memorando de entendimiento de cooperación y trabajo conjunto para concretar la conformación de una oficina de cooperación técnica de la fiscalía de la CPI en el país, tal y como se había acordado en marzo del año pasado.

Maduro exige régimen estricto en cárceles

El gobernante Nicolás Maduro ordenó este lunes, 6 de noviembre, que se imponga un "régimen estricto" en las cárceles venezolanas, sobre todo en aquellas que han retomado los ministerios de Interior, Justicia y Paz y para el Servicio Penitenciario en el último mes.

“He exigido al ministro (Remigio ) Ceballos, a la ministra del Servicio Penitenciario, régimen estricto, de alta disciplina y, además, todos los procesados que estén de acuerdo a los tribunales. En esas cárceles tienen que estar sometidos a un régimen de autoexigencia, educativo, a un régimen de trabajo, todos estudiando y trabajando”. Así lo recalcó el mandatario en su programa Con Maduro +.

De igual forma, Maduro calificó como un "éxito total" la toma del Internado Judicial de Ciudad Bolívar, conocida como la cárcel de Vista Hermosa y que estaba bajo el mando de Wilkins Rafael Romero Maluenga, alías “Wilkins”; Giovannny Alejandro Navas Ochoa, alias “Pan”, y Edison González, alias “Chichi”.

De acuerdo a la publicación realizada por El Observatorio Venezolano de Prisiones, El Internado Judicial de Ciudad Bolívar, conocida como cárcel de Vista Hermosa del estado Bolívar, es el quinto penal en ser intervenido y desalojado por el régimen de Maduro.

Vista Hermosa es el penal que fue comandado desde el 2006 por Wilmer José Brizuela, alías “Wilmito”, quien se convirtió en el primer pran en Venezuela. Este fue el primer recluso que tuvo los lujos y un arsenal de armas dentro del penal, y que a pesar de las fotografías en donde se mostraba con armas largas en su poder, fue liberado a través de un régimen de confianza por la propia Ministra de Servicio Penitenciario, en ese entonces Iris Valera.

Luego de que “Wilmito” fue asesinado, el control de Vista Hermosa quedó en manos de sus hombres de confianza. Se trata de Wilkins Rafael Romero Maluenga, alías “Wilkins”; Giovannny Alejandro Navas Ochoa, alias “Pan”; y Edison González, alias “Chichi”.

Tal cual pasó en el resto de las cárceles que estaban bajo pranato, estas intervenciones continúan sin ser una sorpresa para nadie, pues se hizo de la misma forma que las anteriores: negociadas con cada uno de los pranes de estos recintos carcelarios.

En esta oportunidad se negoció con las tres personas que mantenían el liderazgo del penal y que, según información de los familiares y los mismos privados de libertad de Vista Hermosa, estos pranes informaron hace un mes a toda la población penal sobre la toma, indicando que se entregaría el penal y que todo debía ser pacifico.

Pero eso no fue todo, estos pranes se fueron de la cárcel una vez que dieron la información de la intervención, aseguraron los familiares.

Durante toda la semana pasada hubo preocupación sobre la toma y se restringió el acceso de algunas cosas al penal, como fue la compra de gas por lo que los internos estuvieron un poco limitados con la comida y no fue sino hasta el sábado que recibieron visita de los familiares que pudieron llevar comida.

Este mismo sábado los familiares confirmaron al equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) que los pranes no estaban en Vista Hermosa e inclusive observaron cómo los luceros que quedaron en este penal tenían en resguardo unas armas de fuego en una habitación.

“Eran pocas las armas, por lo que creemos que ya las habían sacado porque sabemos que aquí tenían un arsenal”, comentó a OVP un familiar a quien le resguardamos su identidad por temor a represalias.

De la misma forma relataron que a pesar de que los pranes tenían un mes fuera del penal, el cobro de la causa no se había suspendido. Este cobro extorsivo era de 20 dólares semanales, el cual debía ser cancelado todos los lunes, y en caso de hacerse por transferencia en bolívares debía ser el doble, por lo que los familiares preferían cancelar en dólares en efectivo porque de lo contrario eran encerrados en un cuarto como forma de castigo.

Hasta ahora la causa de Vista Hermosa es la más cara de todos los penales que han desalojado. En un mes los familiares debían cancelar a los pranes al menos 80 dólares, sin contar los pagos si querían pasar un niño, alguien sin cédula, mujeres menores de edad, casi todos los pagos también era de 20 dólares.

Preocupados por su integridad

Aunque los familiares de los presos de Vista Hermosa sabían de esta intervención, se aglomeraron en las adyacencias del penal, pero el domingo 5 de noviembre fueron retirados por funcionarios de la Guardia Nacional, quienes acordonaron la zona.

Como a cuatro cuadras del penal estaban los familiares quienes con pancarta en mano rechazaban el desalojo y traslado de estos privados de libertad. Expresan que va a ser muy difícil trasladarse a otros estados a visitarlos porque la situación económica no lo permite.

Aunque algunos familiares pudieron hablar con el Ministro de Interior y Justicia, no fue mucha la información que obtuvieron. Hasta la tarde de este lunes no existía un listado o información de hacia donde se dieron los traslados.

El Estado no responde

Debemos recordar que en Vista Hermosa el 10 de noviembre del 2003 hubo una masacre en la que murieron 7 privados de libertad, ejecutados con tiros de contacto descendientes en sus cabezas, y 50 resultaron heridos, suceso por el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) responsabiliza a Venezuela. Hasta la fecha el Estado no ha reparado los daños de las víctimas, ni ha respondido por ninguna de los mandatos de la sentencia.